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 El juez de Instrucción Criminal Nº 37, Alberto Baños, creyó que el preso que tenía adelante le estaba tomando el pelo cuando declaró en su despacho: �El domingo pasado me dejaron salir de la cárcel (de Caseros) para matarlos a usted y a su secretaria�, como parte de un complot de miembros del Servicio Penitenciario Federal. Pero al magistrado, quien investiga si funcionarios de la fuerza permitían salidas irregulares de los presos de las cárceles para robar, cambió el talante cuando vio que el detenido, de quien la Justicia ayer reservó el nombre, sacó de su bolsillo un folleto de una peluquería pegada a su casa. Y siguió demostrándole qué información manejaba: le dijo su dirección exacta, mencionó todos los departamentos en venta de su edificio, le dio detalles de las modificaciones en la pintura y estructura de la confitería de la esquina de su domicilio, en la zona norte del conurbano, se acordó del restaurante al que suele ir y con quiénes comparte la mesa. Así quedó asentado en la denuncia que Baños presentó ayer ante la jueza Wilma López, quien ya ordenó una custodia permanente para él y para la secretaria del juzgado, María Fernanda Martínez, quien también habría estado en los planes de los �sacapresos� oficiales. Baños está tras los pasos de un grupo de agentes penitenciarios que habrían permitido la salida de presos de la cárcel de Devoto para que robaran, a partir de su investigación sobre el asalto al restaurante Dolli, de la Recoleta, en julio de 1988. En esa causa se trató de establecer si los presos Alejandro Heber Núñez y Reinaldo Maini salieron de sus lugares de detención para asaltar. El SPF negó por escrito ante el juez que esto hubiera ocurrido en ambos casos. Sin embargo Baños determinó en la causa, con pruebas sustanciales, que Núñez había participado del robo del auto usado en el asalto a Dolli y de un asalto en la zona de Devoto, otra de las noches en que debía en realidad dormir sus dulces sueños en la cárcel de ese mismo barrio. Sin embargo, ese hecho comprobado no había significado al interior del SPF la purga de ningún funcionario. Núñez declaró hace días ante Baños: reveló cómo cuatro agentes lo dejaban salir de Caseros para cometer asaltos y detalló que un agente de inteligencia del Servicio era quien comandaba a un grupo de internos que salía a delinquir, en libertad de acción, pero presos. A nadie le resultó increíble la versión del preso. El propio secretario de Seguridad del gobierno nacional, Enrique Mathov, se comunicó ayer con Baños para expresarle el apoyo oficial y brindarle una custodia a él y a su secretaria. Esta semana la secretaria de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Patricia Bullrich, le había dicho a Página/12 que cree que �si alguien vende droga o cobra (para ocupar) un pabellón, bien podía formar parte de una organización que se dedicaba a permitir que los presos salieran a robar�. Hacía referencia justamente a la situación de la cárcel de Caseros, en donde ella misma ordenó un cambio de director, después de asumir en diciembre. Sucede que el nuevo jefe penitenciario de la unidad, Juan Cid, al asumir pidió que sean relevados 42 agentes del servicio por ese tipo de irregularidades, en rigor delitos graves como la comercialización de celdas o el narcotráfico, y sin embargo en el sumario administrativo que el SPGF le elevó a Bullrich �la información documentada no es para nada satisfactoria�. O sea, no se sabe ni siquiera si esos 42 penitenciarios fueron sancionados, o, si fueron trasladados, a qué destinos. La denuncia de Baños, que apenas entendió que lo que contaba el preso era serio tomó un testimonio escrito de lo dicho por el hombre y lo remitió a la cámara del crimen para que se designara a un magistrado, viene a poner sobre blanco lo que comienza a ocurrir al interior del hasta hoy impenetrable SPF. En la causa Dolli hay suficientes indicios de lo larga que puede ser la mano penitenciaria. Además de los videos en los que apareció Núñez robando mientras estaba preso, y luego su propia declaración, en el entorno de la investigación ya hay dos posibles homicidios de los conocedores del secreto de las salidas. Miguel AngelArribas, un joven de 23 años que estaba preso en Caseros, murió en junio del año pasado bajo las balas del SPB cuando intentó una fuga absurda desde un camión que lo había trasladado a los tribunales de Paraguay al 1330 para que presenciara el juicio oral por el robo que lo mantenía tras las rejas. Otros presos sostienen que Arribas sabía lo que pasaba con casos como el de Dolli. La muerte de Maximiliano Nogueiras es más sugestiva: el 4 de enero pasado apareció colgado en una celda del pabellón 17 B de Caseros. Su muerte es investigada como un posible homicidio y hay dos presos que ya están en la mira de la Justicia como posibles autores de un ajuste, pensado, como el que habría sido planificado para el juez Baños, para frenar la investigacion que desnudaría la forma en que durante mucho tiempo el delito nació en la cárcel misma, y de la mano de los propios carceleros.
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