Por Oscar Guisoni
Desde La Paz
 Hospitales, escuelas y mercados minoristas aparecieron vacíos ayer por la mañana en La Paz y en las principales ciudades bolivianas, en acatamiento al paro general convocado por la Central Obrera Boliviana. El nivel de adhesión fue menos masivo en las escasas fábricas del país y en la administración pública, que tiene prohibida por ley la sindicalización. Por la tarde, el Congreso nacional inició una sesión destinada a dar aprobación parlamentaria al estado de sitio, mientras continúa la huelga de un grupo de diputados del izquierdista Movimiento Sin Miedo y se especula que aún algunos oficialistas estarían poco dispuestos a aprobar a las medidas de excepción. Los estudiantes de la estatal Universidad Mayor de San Andrés fueron duramente reprimidos durante la jornada del martes y las manifestaciones concluyeron con un saldo de 17 heridos y 15 detenidos. Ayer por la mañana volvieron a enfrentarse con la policía, a la que reprochan la represión.
Los estudiantes universitarios volvieron a manifestarse, por cuarto día consecutivo, frente a la sede del rectorado de la universidad. En las carreteras, el bloqueo indígena continúa. El gobierno no cumplió con su palabra de liberar a los dirigentes confinados: sólo han retornado tres de los 22 detenidos. Y el diálogo del oficialismo con los sindicatos campesinos fracasó. La ciudad de Tarija convocó otro paro cívico, como el que viviera Potosí el martes, con amplio acatamiento de la población y sin que la policía se atreviese a reprimir a los manifestantes que desafiaban el estado de sitio.
El gobierno ha desplegado gran cantidad de policías en La Paz a la espera de la anunciada manifestación convocada por la COB para la tarde del miércoles. El director de la carrera de Comunicación de la Universidad de San Andrés fue herido en una pierna por una granada de gas lacrimógeno y muchos estudiantes fueron lesionados por balas de goma o sufrieron intoxicación por los gases.
El gobierno se va quedando cada vez con menor respaldo. Los empresarios han reclamado la suspensión del estado de sitio, en coincidencia con la Iglesia y la mayoría de los partidos opositores. Incluso el propio MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), el segundo partido en importancia dentro de la coalición gubernamental, ha sugerido que la medida, virtualmente desacatada por la gran mayoría de la población, debe suspenderse. Si el gobierno pierde efectivamente esta votación y sus propios diputados aliados votan en contra de la medida, las consecuencias políticas pueden ser catastróficas para la administración Banzer.
Los partidos de izquierda han dado un sorpresivo paso. Se unificaron ayer en un bloque denominado APA (Acuerdo Político Antineoliberal). Su primer objetivo, dijeron, es derrotar al estado de sitio. El APA, en donde se encuentran el Partido Comunista, el Movimiento al Socialismo, el Partido Socialista (que controla la alcaldía de Potosí) y el Movimiento Sin Miedo (cuyo máximo dirigente nacional es el alcalde de La Paz, Juan del Granado), ha solicitado además la rebaja de los precios de los hidrocarburos y ha convocado a sus adherentes a manifestarse en las calles junto a la COB, en apoyo a la huelga general declarada el lunes.
En Oruro, mientras tanto, la Central Obrera Departamental llamó también a un paro para el día miércoles, luego de que la policía detuviera en la noche del martes a su máximo dirigente, Pedro Martínez, mientras que en Potosí las carreteras continúan bloqueadas después del gran paro cívico que se concretó el martes y los dirigentes sindicales llamaron a continuarcon la huelga por tiempo indeterminado, hasta que se responda a sus reclamos y se levante el estado de excepción.
Otro sector que se sumó a las protestas a partir de ayer miércoles es el del transporte de media y larga distancia, que ha replegado a todas sus unidades, pidiendo que se libere a su secretario ejecutivo, Hugo Chura, detenido y trasladado a los campos de confinamientos de la región tropical de El Beni. La defensora del pueblo, Ana María Campero, presentó una demanda de inconstitucionalidad del estado de sitio, en contraposición al apoyo que llegó de Estados Unidos al presidente Banzer. El portavoz del Departamento de Estado, James Rubin, consideró que la medida adoptada por el gobierno está logrando que el orden público regrese a Bolivia. A su vez, Ana María Campero denuncia que los militares están cometiendo abusos en el interior del país. En la zona del altiplano, donde se vive un clima de mucha tensión luego de los sucesos de Achacachi, los militares han sido acusados de secuestrar niños, a los que encierran por horas en los cuarteles, hasta lograr que identifiquen a los dirigentes locales.
La organización Human Rights ha dejado traslucir en la tarde del martes, desde sus oficinas en Washington, que enviará una carta al presidente Banzer en las próximas horas, pidiéndole que levante las medidas de excepción y manifestando su preocupación por la violación a los derechos humanos en el país. Human Rights también condenó la actuación de francotiradores del ejército durante los disturbios ocurridos en Cochabamba y cuyas imágenes fueran difundidas por la red de televisión PAT. Gerardo Rosado (MNR), presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, por su parte, responsabilizó al presidente Banzer por las muertes de civiles ocurridas en Cochabamba, y sostuvo que la pretensión del ejército de que el capitán Robinson Iriarte (el francotirador filmado in fraganti por PAT) había actuado por su propia cuenta era poco seria.
La polémica en torno a la acción de francotiradores en Cochabamba ocupó ayer la portada de todos los diarios. Dirigentes de derechos humanos han declarado que denunciarán al gobierno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que sospechan que el capitán Iriarte no ha sido el único francotirador durante los disturbios. Un rumor proveniente de los altos mandos de las Fuerzas Armadas agregó ayer más leña al fuego, al insinuar que el general José Gil, que en la noche del sábado 8 ordenó a sus tropas replegarse después de su fracaso para controlar Cochabamba, �con el fin de evitar mayores derramamientos de sangre�, puede llegar a ser destituido. El general recibió el apoyo de dirigentes sociales cochabambinos y del propio arzobispo de la ciudad, Tito Solari, quien declaró que sería una pena que se sancionara al militar, ya que su decisión evitó sumar mayores desgracias a las sufridas en la ciudad durante los días de la revuelta.
Desde que se ha declarado el estado de sitio, al menos 6 personas han muerto, 48 han sido heridas, 34 se hallan detenidas y 19 han sido enviadas a los campos de confinamiento en la selva. El Sindicato de Prensa ha denunciado que el ejército intervino las radios Achacachi, Pucarani y Huarina, en la zona del altiplano, para que no se difundan las noticias de los atropellos que los militares están llevando a cabo en la zona.
JORGE BATLLE RECIBE HOY A FAMILIARES DE DESAPARECIDOS
Un encuentro que tardó 15 años
En una serie de medidas que marcaron el avance de la política de derechos humanos en Uruguay desde el reencuentro del poeta argentino Juan Gelman con su nieta nacida en cautiverio durante la dictadura, el presidente de Uruguay, Jorge Batlle, recibirá hoy a una delegación de familiares de detenidos-desaparecidos durante la última dictadura militar (1973-1985). Esta será la primera vez que un presidente del país recibe a familiares de desaparecidos desde que Uruguay retornó a la democracia en 1985.
Los ex primeros mandatarios Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000, colorado como su sucesor Batlle) y Luis Alberto Lacalle (19901995, blanco) se negaron sistemáticamente a hacerlo. Según Javier Miranda, hijo de un desaparecido y vocero de la agrupación que nuclea a familiares de desaparecidos, se le entregará al presidente Batlle un documento que contiene los principales planteos y las bases para una posible salida a la situación.
Jorge Batlle ha dicho que está empeñado en encontrar una fórmula de consenso para �cerrar las heridas del pasado y alcanzar la paz definitiva entre todos los uruguayos�. Un paso concreto del gobernante uruguayo fue anunciar, hace dos semanas, la aparición de la nieta del poeta argentino Juan Gelman, desaparecida en 1976, después que sus padres fueran secuestrados en la Argentina y trasladados clandestinamente a Uruguay. En otro paso posterior, la Junta Departamental de Colonia anunció que entregará a organizaciones nacionales de derechos humanos la documentación de la que dispone sobre ocho cuerpos encontrados en la costa del Río de la Plata y enterrados durante la dictadura.
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