Por Irina Hauser
 La fortuna de María Julia Alsogaray está bajo la lupa de la Justicia uruguaya, que en los próximos días podría ordenar que se levante el secreto bancario sobre una cuenta que tiene cruzando el charco. La medida ya fue solicitada por el fiscal Carlos García Altolaguirre, que también sugirió el rastreo y la apertura de todos los depósitos de la ex funcionaria en el país vecino. Es la respuesta a un pedido que hizo desde Argentina el juez Juan José Galeano, quien investiga a la ex secretaria de Recursos Naturales por presunto enriquecimiento ilícito.
La legitimidad de la riqueza que María Julia cosechó en sus más de 10 años de funcionaria fue puesta en duda en noviembre de 1998 por los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia. Ellos evaluaron que llevaba un nivel de vida desmedido en relación con lo que cobraba, y le pidieron a Galeano que la indagara como sospechosa. Calculaban que habría aumentado su patrimonio con métodos non sanctos en, al menos, dos millones de pesos. El juez decidió interrogarla, pero nunca puso fecha para la citación.
Cuando analizaron el inventario de bienes y finanzas de la ex secretaria, los fiscales encontraron �operaciones financieras que llaman la atención por sus elevados montos cuanto por los movimientos de dinero que reflejan, cuyo origen se desconoce�. Además de haber hecho depósitos en cuentas bancarias locales por cerca de 800 mil pesos, había concretado transferencias desde una cuenta en el Banco de la Nación de Uruguay �una de ellas, por ejemplo, fue de 250 mil pesos�. Por eso el juez terminó pidiendo a sus colegas uruguayos que habilitaran una investigación de los movimientos bancarios de Alsogaray desde 1989.
�Estoy de acuerdo con levantar el secreto bancario, como pidió Galeano, me parece que hay fundamentos�, le dijo a Página/12 el fiscal uruguayo. De todos modos, la decisión final la tomará el juez Alvaro França. Si diera luz verde para acceder al circuito bancario de Uruguay, se podría constatar desde dónde y hacia dónde iba la plata de María Julia. Podría dar la pista para conocer otras posibles cuentas de la mujer en el exterior y para detectar bienes o movimientos de dinero no declarados por ella. La conexión mundial es un punto clave que queda por dilucidar en esta causa.
Galeano aún espera la respuesta a otro pedido de informes que envió a Estados Unidos. Se refiere a dos temas centrales. Por un lado, este diario reveló que Alsogaray adquirió un departamento doble frente al Central Park de Nueva York, valuado en cerca de un millón de pesos, a través de una sociedad fantasma con asiento en las Islas Vírgenes, un codiciado paraíso fiscal. Además, el año pasado el diputado Juan Pablo Cafiero (Alianza) le pidió a Galeano que profundizara una pesquisa supuestamente ya iniciada en el país del Norte por un órgano dependiente del Congreso según la cual dos cuentas que María Julia tendría en las Islas Caimán recibieron ingresos de casi 180 millones de dólares.
Otras cuestiones podrían lentificar el avance de este expediente, que está radicado en la Justicia federal desde 1993. Además de que el juez pidió una ampliación de un primer peritaje contable sobre los bienes de María Julia, en los últimos meses otros dos expedientes se acoplaron al de enriquecimiento ilícito. En uno de ellos, la ex funcionaria está acusada de haber pagado sobreprecios cercanos de alrededor del 400 por ciento y de adjudicar contratos a dedo en la ejecución del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental. En otra causa se le cuestiona haber pagado a la empresa Pecom-Nec, cuando era interventora de Entel, cerca de 10 millones de dólares por una deuda inexistente. Mullen y Barbaccia pidieron al juez que devolviera estas causas a sus juzgados de origen porque no creen que tengan conexidad con la investigación por enriquecimiento.
LA CAMARA REVOCO EL SOBRESEIMIENTO AL TITULAR DEL BANCO CENTRAL
A Pou le quedan pocos cheques
La Cámara Federal revocó el sobreseimiento que había beneficiado al presidente del Banco Central, Pedro Pou, en una causa en la que se investiga su presunta violación a la Ley del Cheque, por no recaudar debidamente las multas que deben aplicarse sobre los valores rechazados. Estos fondos, cuyo monto la Justicia ordenó revisar, tienen por destino exclusivo el financiamiento de programas de discapacitados, enfermos de sida y personas con insuficiencia económica crítica.
Se trata de una de las varias acciones penales iniciadas contra el cuestionado titular de la autoridad monetaria, funcionario sobreviviente de la gestión anterior, sobre quien también pesan cargos por las caídas de los bancos Mayo y Patricios.
En una resolución conocida ayer, la Cámara ordenó al juez federal Carlos Liporaci que siga investigando a Pou por los delitos de defraudación y violación de los deberes de funcionario público, imputaciones formuladas en la causa por presunta violación a la Ley del Cheque. El pronunciamiento corresponde a la Sala II, y fue respaldado con el voto de los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Lurashci, quienes decidieron �revocar el sobreseimiento� dispuesto por aquel magistrado y ordenaron �la realización de toda diligencia útil� para esclarecer el monto no recaudado de las penalidades.
La denuncia fue presentada el 19 de julio pasado por los legisladores aliancistas Alfredo Bravo y Jorge Rivas con la colaboración de la comisión de discapacidad de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), que acusaron a Pou de vulnerar las disposiciones de la ley 24.452.
La norma impone la obligación de penalizar a los cuentacorrentistas que libran cheques rechazados, multa que el banco debe debitarle automáticamente. Si la entidad financiera no cumpliera con este mandato, le corresponde, a su vez, otra penalidad económica, más sustanciosa que la que se aplica en el primer caso.
Los denunciantes acusaron a Pou de no haber cumplido con su obligación de recaudar esas multas entre 1995 y 1997, por una suma que, según los legisladores, rozaría los 200 millones de pesos. En ese período esos fondos debían ser administrados por el PAMI, pero desde hace tres años este subsidio es competencia de la Comisión Asesora para la Integración de las Personas a la Sociedad, dependencia de la Jefatura de Gabinete.
Según sospechan los promotores de la causa, el presidente del Central habría omitido intencionalmente cursar las intimaciones que corresponden para exigir el pago de aquellas penalidades, amparándose en algunas deficiencias del régimen de control. �En realidad, se había creado un sistema especialmente diseñado para que ese impuesto no fuese recaudado�, acusaba ayer ante Página/12, Carlos Ferreres, titular de la comisión de discapacidad de la CTA.
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