El juez federal Gustavo Literas no detendrá, por ahora, a los 48 represores argentinos procesados por el juez español Baltasar Garzón. La Cancillería informó el martes al magistrado que devolvería a Madrid el exhorto y la documentación que recibió la semana pasada. La medida no implica la clausura del proceso ya que el juez español puede pedir la extradición de los militares. �Está pendiente lo decisivo que es la solicitud de extradición. Allí se jugará el partido más importante porque eso lo tiene que tramitar el estado español�, manifestó desde Viena el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Gil Lavedra. 
El magistrado argentino fue notificado el martes de la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores por medio de un escrito, pero no recibió copias de los documentos remitidos por su par español. Para tomar la determinación de mandar los documentos de vuelta a España la Cancillería se apoyó en una carta enviada por Literas a Garzón el 25 de febrero pasado en la que el argentino manifestaba que se debía �evaluar la conveniencia de que el juez concrete el pedido de extradición�, porque �podrían no encontrarse reunidos los extremos de urgencia exigidos� para solicitar la detención preventiva de los acusados.
Después de enterarse de la resolución oficial, Literas respondió al director de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, Mariano Maciel, que reiteraba lo que había solicitado el 3 de enero y el 25 de febrero, es decir, la ampliación de los datos de los procesados y la sugerencia de que se remita la extradición. Sin embargo, en el escrito original enviado por Garzón ya se hablaba de extradición, de hecho, se anunciaba que se pediría la medida luego de que se concretaran los arrestos de �entre otros� Jorge Videla, Emilio Massera, Leopoldo Galtieri, Antonio Domingo Bussi y Ramón Genaro Díaz Bessone y Alfredo Astiz. 
Representantes de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre pidieron una entrevista en carácter de urgencia con el Ministro de Relaciones Exteriores, Rodríguez Giavarini. 
Desde que Literas recibió las órdenes de captura contra los 48 represores acusados por genocidio y terrorismo de Estado en España la causa se convirtió en un ida y vuelta de mensajes epistolares y un intento de reinterpretar los mismos por parte de funcionarios argentinos. 
Como primer paso el juez argentino aseguró que la solicitud estaba �incompleta� y mandó entonces un escrito por vía diplomática en el que reclamaba más información, desde los números de documentos hasta las huellas dactilares y las fotos de los procesados. Garzón le respondió que había enviado a Interpol 442 folios y no sólo las cuatro que había recibido. La policía internacional remitió todo el expediente y hace una semana llegaron los datos completos por valija diplomática. 
�Las capturas se pidieron por la gravedad de los delitos. Es increíble que se aleguen razones de urgencia porque tanto el juez como el Gobierno saben que lo que llegó de Interpol en enero era un resumen de lo que había enviado Garzón y el documento completo le fue enviado por Interpol hace un mes y medio. El Gobierno debía entregar los documentos al juez sin opinar, si no está borrando con el codo lo que escribió con la mano�, manifestó Carlos Slepoy, abogado de la Asociación pro Derechos Humanos de Madrid.
Gil Lavedra desde Viena envió un mensaje al gobierno español, que podría paralizar los eventuales pedidos de extradición: �Si creen que el derecho español es aplicable a hechos cometidos en Argentina por argentinos, vamos a exigir reciprocidad y reclamar que el derecho argentino se aplique a hechos cometidos por españoles en España�. 

DESPUES DE SEMANA SANTA, DIPUTADOS TRATARA EL CASO BUSSI
Sin fueros por �inhabilidad moral�

Por Felipe Yapur

Los integrantes de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento firmaron ayer el dictamen que aconseja rechazar por �inhabilidad moral� el diploma del genocida Antonio Bussi, tal como adelantó Página/12, y solicitaron la sesión especial para que la Cámara baja lo trate luego de Semana Santa. Enterado de los términos del dictamen, el ex dictador rugió en una carta enviada al presidente de la comisión, el justicialista Jorge Busti. En la misiva, Bussi olvida su pasado golpista y genocida cuando acusa a la comisión de �desconocer la Constitución nacional agraviando la voluntad popular, sentando el más nefasto de los antecedentes para la vida democrática�.
El principal argumento que esgrimió la comisión para recomendar esta medida inédita en la historia de Parlamento argentino �tal cual los menemistas como el sanjuanino Guillermo De Sanctis se apresuraron a aclarar� es la responsabilidad que tuvo el hombre que tenía en sus manos la vida y bienes de los tucumanos durante la dictadura con �actos de terrorismo de Estado en la década del 70�.
El dictamen de la comisión es tajante cuando afirma que �Bussi participó activamente en el terrorismo de Estado que asoló al país en los años 76-83 y particularmente en su condición de gobernante de facto en los hechos de fusilamiento y desaparición forzada de personas ocurrida en esa provincia�. El despacho resaltó también que �la nueva Constitución de los argentinos fulmina toda posibilidad de que autores o partícipes de golpes de Estado o violaciones a los derechos humanos ocupen cargos electivos�. Señaló que el diputado impugnado �está comprometido con masivas violaciones a los derechos humanos� y con delitos que las convenciones internacionales encuadraron como �genocidio y tortura�.
El rechazo del diploma de Bussi por su activa participación en el genocidio perpetrado por la dictadura militar fue prácticamente unánime. El único punto que tuvo que ser discutido, como anticipó este diario, fue la inclusión de las acusaciones de enriquecimiento ilícito que pesan sobre el ex dictador y que fueron ampliamente desarrolladas durante la sesión de alegatos de la comisión. Luego de un debate, del que participó también la diputada Elisa Carrió, se llegó a la conclusión de que sólo debía citarse este tema porque la causa que tiene el anciano general todavía está en la etapa de instrucción. Las caras largas finalizaron cuando se agregó el siguiente párrafo: �Las pruebas de este hecho surgen del minucioso análisis de las declaraciones juradas presentadas en distintos períodos de su puño y letra, en las que se advierten contradicciones, mostrando una conducta moralmente inhábil�.
El que no esperó para leer el dictamen fue Bussi. Una vez más eligió la carta para destilar su bronca contra los legisladores que impugnan su diploma. Ayer envió a Busti, de quien siempre recuerda su pasado revolucionario, una nueva misiva donde se refiere a los cuatro diputados que lo impugnan. Del socialista Alfredo Bravo dice que �más allá de su público rencor hacia las fuerzas armadas para disimular sus propias debilidades� sus acusaciones ya fueron juzgadas por tribunales competentes. Sin duda, esta es otra de las tantas mentiras del general, quien nunca fue juzgado porque lo benefició la ley de Punto Final. En cuanto al frepasista José Vitar, el genocida sostiene que �sus acusaciones se sustentan en su extremada ideología�. Curioso argumento de alguien que fue uno de los pilares de la dictadura y la doctrina de la seguridad nacional que significó el secuestro y desaparición de 30.000 argentinos.

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