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 Cuando asumió, hace un mes, el presidente uruguayo Jorge Batlle dijo ante el Parlamento que su gobierno tenía como una de sus metas �sellar la paz definitiva entre los uruguayos�. Sonó a típica frase florida de presidente que estrena mandato. Poco tiempo después, Batlle informaba al poeta Juan Gelman sobre el destino de su nieta, nacida en cautiverio durante las dictaduras uruguaya y argentina. Más tarde, removió rápidamente al jefe del Estado Mayor Conjunto, general Manuel Fernández, quien había reivindicado la dictadura y había cuestionado la política del nuevo gobierno sobre los desaparecidos durante el régimen militar. Y ayer, por primera vez desde la vuelta de la democracia en Uruguay, un presidente recibió en su propio Palacio al movimiento de Familiares de Desaparecidos (Fedefam), como un inicio de las gestiones para conocer la información disponible sobre el destino de sus seres queridos.�Es la primera vez que somos recibidos por un presidente de la República. Ese sólo hecho merece destacarse, pero además la conversación fue franca, abierta y hemos dado un paso adelante importante�, indicó el portavoz de la Fedefam, Javier Miranda, quien asistió junto a Sara Méndez, Luisa Ibarburu y Luis Cuesta. �El objetivo claro, manifestado tanto por el presidente como por los familiares, es que hay que ir allanando el camino en la búsqueda de una solución�, afirmó Miranda, hijo del escribano Fernando Miranda Pérez, desaparecido en 1975. Batlle, al igual que su oficina, evitó cualquier clase de comentario sobre la reunión. Además del primer contacto con Batlle, la Fedefam le presentó al presidente una �investigación exhaustiva� sobre las desapariciones de uruguayos en el lugar que hayan sucedido, y que esté a cargo de un grupo independiente, imparcial e idóneo, para determinar cómo, dónde, cuándo y por qué desaparecieron 140 uruguayos, 34 de ellos en el país. Miranda explicó que la investigación de la desaparición de uruguayos en otros países (Argentina, Chile y Paraguay), donde se aplicó el Plan Cóndor, �es un tema insoslayable�, según el portavoz, que estimó que esos casos podrán resolverse porque �la información está aquí, y si no, llegado el caso pediremos colaboración internacional�. Miranda cree que es difícil que �esa documentación se haya destruido en Uruguay, máxime si se tiene en cuenta que existen archivos en Argentina, Chile y Paraguay y no creo que el modus operandi de la dictadura uruguaya haya sido distinto�, y aclaró que de todos modos la información �existe independientemente de esos documentos y es posible obtenerla si se pregunta a quienes corresponde�. Pero también reconoció que �el camino ofrece dificultades y no es sencillo�, pero �es posible recorrerlo y que hay que iniciarlo�. Los gobiernos anteriores de Julio María Sanguinetti (1985-90 y 1995-2000), del mismo partido de Batlle, y de Luis Alberto Lacalle (199095), evitaron la búsqueda de soluciones sobre los desaparecidos. Ambos se ampararon en el perdón a los autores de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura (llamado Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado), refrendado en un plebiscito popular en mayo de 1989. Pero la ley, en su artículo cuatro �y esto es algo en lo que insistió el Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA)� impone investigar las desapariciones. En otro orden de cosas, el senador de EP-FA José Mujica informó ayer que cuatro jóvenes uruguayos, quienes sospechan ser hijos de desaparecidos, se sometieron a pruebas de sangre para confirmar su identidad. Mujica no reveló en qué se basan las sospecha de los jóvenes y aseguró que tampoco existen indicios sobre cuáles serían sus padres naturales, ni si serían uruguayos o argentinos.
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