|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por Adriana Meyer  El
ex subjefe del I Cuerpo de Ejército, general retirado Jorge Olivera
Rovere, quedó detenido �aunque con arresto domiciliario� luego de
prestar declaración indagatoria en la causa sobre la práctica
sistemática de apropiación de los hijos de desaparecidos. El represor
aseguró que durante la dictadura ignoró la existencia de Automotores
Orletti, pero señaló que los responsables de ese centro clandestino eran
el ex jefe de la SIDE, el fallecido general Otto Paladino y el ex
presidente de facto, Jorge Rafael Videla. El caso se encamina hacia el
final de la etapa de instrucción que culminará con la pronta elevación
a juicio oral.Olivera Rovere declaró durante casi dos horas y negó tener conocimiento de los casos ocurridos en Orletti, el de la nieta del poeta Juan Gelman y el del hijo de la uruguaya Sara Méndez, secuestrado junto a su madre cuando tenía dos meses. El general retirado aseguró que recién se enteró de que allí había funcionado uno de los campos de concentración de la represión ilegal cuando se inició el juicio a las juntas militares, en 1985. También deslindó responsabilidades en su superior inmediato, el ex general Carlos �Pajarito� Suárez Mason, quien ya está procesado en la causa. Y afirmó que sólo �cumplió tareas administrativas como secretario ante las juntas militares�. Pero sus argumentos no fueron suficientes para exculparlo. El juez federal Adolfo Bagnasco ordenó su detención, aunque le concedió el beneficio del arresto domiciliario porque los informes médicos señalan que padece una arritmia cardíaca severa y una hernia inguinal. Permanecerá en su vivienda de Barrio Norte a la espera de que el juez resuelva su situación procesal. Había sido citado para el 24 de marzo pero su estado de salud no permitió que se concretara la indagatoria. Ayer, una ambulancia del SAME permaneció en las afueras de la sede judicial para atender una eventual emergencia. Su abogado, Juan Aberg Cobo, presentó varios recursos en los que invocó la �cosa juzgada� y la prescripción de los delitos que se le imputan a su defendidos, y la incompetencia de la justicia federal para juzgarlo. Cuando era general de brigada, Olivera Rovere ocupó el cargo de segundo comandante del I Cuerpo de Ejército y fue el responsable de los centros clandestinos que funcionaron en la Capital Federal. Estuvo procesado y detenido por graves violaciones a los derechos humanos. No fue beneficiado con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, pero en 1989 obtuvo el indulto firmado por el ex presidente Carlos Menem. Está procesado por el juez español Baltasar Garzón en la causa por genocidio. Bagnasco ya procesó a los integrantes de la última Junta Militar, Reynaldo Bignone, Cristino Nicolaides y Rubén Franco por su responsabilidad política en la práctica sistemática de sustracción de menores. También procesó a Emilio Massera, Antonio Vañek, Héctor Febres y Jorge �Tigre� Acosta por los nacimientos que ocurrieron en la maternidad clandestina que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada. Y ahora está a punto de finalizar la instrucción del denominado capítulo �Ejército� que abarca los nacimientos ocurridos en la Zona I. Si Bagnasco procesa a Olivera Rovere sólo quedará pendiente la situación del represor Riveros que �por ahora� logró evitar la indagatoria. Su abogado, Florencio Varela, planteó ayer la nulidad de la causa. Ya había recusado al juez, lo denunció por prevaricato y cuestionó su competencia. Además, logró que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas pida la competencia en el caso que iniciaron en 1996 las Abuelas de Plaza de Mayo (ver aparte). PRESENTACIÓN
DE PEDRONCINI ANTE LA ONU Por
A.M.
Tal como adelantó Página/12,
Pedroncini formalizó su presentación ante el Grupo de Trabajo sobre
Desaparición Forzada de Personas de las Naciones Unidas. A través de una
carta dirigida a Miguel de la Iama --quien está a cargo de la Oficina de
la Alta Comisionada, la ex presidenta de Irlanda Mary Robinson--, el
letrado pidió una audiencia para desarrollar "en forma más
actualizada" su denuncia.
"El Consufa es un órgano
dependiente del Poder Ejecutivo y no un Tribunal de Derecho --explicó
Pedroncini--. Ha resuelto que corresponde la jurisdicción militar para
los delitos imputados en el proceso del juez Bagnasco, por lo cual ha
dispuesto dirigirse al juez constitucional requiriéndole que se desprenda
del proceso y lo remita al Consejo Militar". El abogado sostuvo que
"para llegar a esta conclusión, el Consejo niega el carácter de
delito permanente de la sustracción de menores (pese a que la gran mayoría
de ellos no ha sido hallada), niega por lo tanto que se hayan transformado
en desaparecidos luego de dejar de ser menores para la ley penal, y
rechaza en consecuencia la aplicación de la Convención Interamericana
sobre Desaparición Forzada de Personas".
Pedroncini recordó que la
apelación de "esta grave decisión" ante la Cámara de Casación
Penal no fue sostenida por el fiscal Pedro Narvaiz, por lo cual quedó
firme. Y destacó que la resolución del Consufa se produce a más de tres
años de iniciado el proceso ante el juez federal.
El otro hecho remarcado como
"peligro" fueron las declaraciones del jefe del Ejército,
teniente general Ricardo Brinzoni, quien en una entrevista con este diario
afirmó que "no había existido una práctica sistemática de
sustracción de menores durante el gobierno militar". Sin embargo, Pedroncini también señaló los "importantes resultados" obtenidos en el proceso. En primer lugar, describió la elaboración de una "nueva jurisprudencia penal que ha declarado aplicables a los delitos imputados (cuya comisión comenzó en 1976) convenciones internacionales aprobadas muy posteriormente a esa fecha". Es decir que esos delitos no están prescriptos y tampoco juzgados. Por último, el abogado destacó la prisión preventiva dictada por Bagnasco en diciembre de 1998 contra ocho altos jefes militares.
|
