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 El
general Martín Balza salió al cruce de los rumores y, rápido de
reflejos, pidió que se cite a declarar a la actual cúpula del Ejército.
Para demostrar que la fuerza no se desentendió de su suerte luego de que
el fiscal lo acusara de �organizador� de una asociación ilícita,
reclamó que desfilen por el juzgado federal de Jorge Urso �que
investiga la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador� el teniente
general Ricardo Brinzoni; el jefe del Estado Mayor Conjunto, Juan Carlos
Mugnolo, y nueve generales del arma. Desde la Patagonia, el presidente
Fernando de la Rúa respaldó a la institución militar en medio de la
causa por el tráfico de material bélico. �Las responsabilidades que
pudieran existir son exclusivamente individuales y de ninguna manera
afectan el prestigio del Ejército y la honra de sus integrantes�,
remarca el comunicado presidencial.El militar que encabezó la autocrítica parcial de las Fuerzas Armadas fundamentó su última iniciativa judicial hablando de sí mismo en tercera persona. �Pueden dar fe que el general Balza no ha mentido en ningún momento�, afirmó ayer, al salir de los Tribunales de Comodoro Py, sobre la actitud de sus ex subordinados. �Todos esos oficiales superiores podrán dar fe que Balza no estuvo implicado como piensa el fiscal federal Carlos Stornelli, a quien hasta el momento no le han sido suficientes los testimonios que vengo brindando desde el año pasado�, agregó. Mientras Balza hacía su pedido en el juzgado que investiga la venta ilegal de armas, De la Rúa lanzó una clara señal de apoyo a la conducción del Ejército, que se había indignado cuando el fiscal federal Carlos Stornelli utilizó el término �asociación ilícita� en su acusación. El comunicado que difundió el Secretaría de Cultura y Comunicación remarca que �el Presidente de la Nación coincidió con el jefe de Estado Mayor del Ejército, teniente general Ricardo Brinzoni, quien expresó en un comunicado que la fuerza que él comanda no es una asociación ilícita�. El Ejército afirmó anteayer en forma oficial que �si alguno de sus integrantes cometiera un ilícito, lo haría en su condición de individuo y bajo su entera responsabilidad�. Ese mensaje fue interpretado por algunos medios como una señal de que la fuerza no está preocupada por la situación legal de Balza, acusado por el fiscal Carlos Stornelli de ser el �organizador� de una asociación ilícita. En el Edificio Libertador negaron que la institución quiera distanciarse del jefe anterior y analizaron el pedido de declaración testimonial de los mandos actuales del Ejército como una operación �mediática� de Balza para demostrar que �no está solo�. Es más, hombres cercanos al sucesor del militar que condujo durante ocho años el arma, confesaron que el teniente general Brinzoni no se sorprendió por la solicitud de Balza. �Es parte de su estrategia de defensa�, explicaron. Desde el sur del país, mientras presenciaba maniobras militares con el ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, el Presidente se comunicó telefónicamente con el jefe del Ejército. Las palabras de De la Rúa coinciden en todo con lo manifestado por el teniente general Ricardo Brinzoni, quien apuntó a resguardar a la institución del conflictivo caso de las armas. En la causa que lleva adelante el juez Urso está pendiente un pedido de prisión preventiva contra Martín Balza y otros oficiales superiores de la fuerza. La lista de testigos solicitada por el ex titular del arma está compuesta por los generales José Ruiz Palacios, Miguel Robledo, Alejandro Sánchez Negrete, Carlos Alfonso, Víctor Demetrio Peralta, Alfredo Lafuente, Antolín Mosquera, Juan Carlos Romero y Luis Britos. Obviamente, también serán citados el teniente general Ricardo Brinzoni y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general de división Juan Carlos Mugnolo. El general que gusta definirse como �un jubilado� sabe que debe enfrentar a un fiscal que no lo tiene precisamente entre sus amistades. Todo lo contrario. Por eso, ayer ofreció nuevos testimonios de quienes fueron �los responsables de auditar y controlar y nunca detectaron nada�.La decisión la tiene el juez Urso, que debe resolver la situación procesal del ex jefe militar y de los ex ministros de Defensa y Relaciones Exteriores de Menem, Antonio Erman González y Guido Di Tella.
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