|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por Andrés Osojnik  Los
tres policías llegaron puntuales al bar de la avenida Cruz, al lado del
Autódromo de la ciudad. Allí los esperaba el hombre: un comerciante de
poca monta al que le exigían una �colaboración� de 2000 pesos, bajo
amenaza de inventarle una causa si era remiso a cooperar. El dinero fue
entregado, pero los de azul no alcanzaron a disfrutarlo: un grupo de
colegas se les tiró encima y, en medio del desconcierto, los tres
terminaron esposados. Se trata de un subinspector y dos suboficiales de la
comisaría 30ª de la Federal, ubicada en Constitución. Luego se sumaron
a las detenciones el subcomisario y un principal. Los cinco afrontan ahora
una acusación que los puede tener entre cinco y 15 años de prisión.Una vez conocido el episodio, el jefe de policía, Rubén Santos, puso en disponibilidad a los acusados y removió de sus puestos al comisario Daniel Martino y al otro subcomisario, Roberto Pérez. Santos calificó el hecho como �deleznable� y prometió toda su ayuda a la Justicia. Todo comenzó el martes a la noche, cuando dos policías de la 30ª, de civil, interceptaron a un comerciante �su nombre se mantuvo en reserva� frente a su casa del barrio de Constitución. �El principal quiere hablar con usted �fue la única explicación que le dieron antes de llevarlo a la comisaría, junto a su hijo de 3 años, que estaba con él. El hombre no atinó a resistirse. Menos, cuando entró en la oficina del tal principal, donde fue recibido con un par de cachetazos. El chico empezó a llorar y el hombre, aturdido, no hacía más que escuchar. Que tenía que colaborar con la policía. Que la suma era de 2000 pesos. Que tenía 48 horas para juntarla. Que si no, le pondrían una granada y una escopeta en el auto, con lo que terminaría preso. �Tené cuidado que nosotros conocemos los horarios de tus hijos�, fue la última advertencia. El miércoles, la visita se repitió a la mañana, aunque esta vez en tren de disculpa. �Es que si no le pegamos un poco, la gente se pone loca�, fue la justificación por los cachetazos. Pero el pedido de colaboración seguía vigente. Y debía concretarse al día siguiente en un bar de Barracas. El comerciante optó por hacer la denuncia acorde a los tiempos que corren. Nada de policías ni jueces: enfiló al Canal 13, donde se puso en marcha un operativo para filmar en secreto la extorsión. El jueves a la tarde, efectivamente, se concretó la reunión. El hombre -de 42 años y dueño de una gomería y un local gastronómico en Glew, en el sur del conurbano�, llevaba una cámara oculta. En torno del encuentro, también se había desplegado un operativo policial a cargo de la Superintendencia de Investigaciones de la propia Federal. Es que la denuncia finalmente había recalado en el despacho del fiscal Martín López Perrando, quien llevó adelante la pesquisa. Los policías (los de la coima) avanzaban en la charla y el reclamo del dinero, pero empezaron a sospechar de ese botón que llevaba el hombre. Y cayeron en la cuenta de que se trataba de una cámara en miniatura. La conversación derivó en un intento de arrancarle la minifilmadora, pero antes de que la situación se desmadrara, los policías (los del operativo) se dieron a conocer y apresaron a sus colegas. En la misma noche del jueves, quedaron detenidos también los otros imputados: el subcomisario Edgardo Cejas y un subinspector. Los cinco, acusados de extorsión y privación ilegítima de la libertad, quedaron a disposición del juez Carlos María Bourel, quien los envió a la cárcel de Caseros. Ayer, la Jefatura de Policía se apresuró a destacar �la colaboración de la institución� en las detenciones y aseguró que el traslado de los jefes de la seccional se debió a que �son los responsables de lo que allí ocurre�, aunque �nada tengan que ver con el delito�. �¿Hay sospechas también sobre los superiores de los detenidos? -preguntó este diario a una fuente de la Fiscalía. �No descartamos nada. Eso lo veremos luego de las declaraciones.
|