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Por Carlos Rodríguez  El
preso que denunció la existencia de un complot para asesinar al juez
Alberto Baños señaló como presuntos instigadores a por lo menos cuatro
miembros actuales del Servicio Penitenciario Federal (SPF), confiaron a
Página/12 fuentes cercanas a la investigación. Hasta anoche, la jueza
Susana Wilma López, a cargo del caso que ha conmovido los cimientos del
SPF, no había dispuesto detenciones ni había citado a declarar a ninguno
de los penitenciarios mencionados. Pero ya se descuenta la inmediata
remoción de la cúpula del SPF, medida que sería anunciada mañana, tras
su regreso al país, por el ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra.
Oficialmente, la secretaria de Asuntos Penitenciarios, Patricia Bullrich,
dijo que son dos las alternativas: �La intervención del SPF o la
remoción de la cúpula�. Ayer, durante seis horas, Bullrich mantuvo una
tensa reunión con los jefes del SPF y de las 32 cárceles federales del
país, quienes admitieron que enfrentan �la peor crisis� de la que
tengan memoria.En diálogo con este diario, una vez concluida la reunión, Bullrich sostuvo que la presente crisis sirvió para �consolidar la información� que había, en la causa judicial que lleva Baños, sobre la existencia, en julio de 1998, de una organización montada por personal penitenciario que permitía a los presos salir a robar. �En la reunión los jefes admitieron, por primera vez, que Caseros era en esa época un descontrol total�, aseguró Bullrich. Esa cruda visión no había sido señalada por el director de la Unidad Uno de Caseros, Juan Alberto Cid, en el informe elevado a la secretaria de Estado para justificar la separación de sus cargos de 42 funcionarios del SPF. Por eso, anoche mismo, Bullrich insistió en que le envíen �a la brevedad� el legajo con las razones de esas medidas y la situación de revista de todos los involucrados. Como resultado de esa situación, según se supo recién ayer, fue enviado a prisión, el 30 de mayo de 1999, un suboficial penitenciario conocido como Sapo, quien se desempeñaba como subjefe de la División de Seguridad Interna. También fue removido del cargo un oficial de apellido Romero, que era jefe de esa misma dependencia, que es la que ejerce el control real dentro de los pabellones de Caseros. Bullrich quiere saber ahora qué pasó con Romero, a quien se le dio la baja, pero también podrían existir motivos para que se lo investigue judicialmente. Cuando salieron de la reunión, todos juntos, los oficiales del SPF convocados por Bullrich deslizaron dos frases coincidentes: �Por fin un poco de aire fresco� y �este asunto viene armado como nunca vi en mi vida de penitenciario�. La primera frase aludía a una reunión caliente, de la que participaron cerca de cincuenta personas, que se hizo en un salón sin ventanas que resultó pequeño. La segunda, a una presunta �maniobra de inteligencia�, por parte de los 17 miembros de la llamada �superbanda� que están en distintas cárceles federales. Según esta hipótesis, el propósito sería sacar del medio a un grupo de agentes del SPF que intentaban �romper el círculo vicioso� que existía en 1998. Los asistentes al encuentro, incluidos dos mujeres, Amalia Toro e Irma Torres, directoras de las Unidades 3 y 31 del SPF, estuvieron de pie. Del salón se retiraron 11 de los 12 sillones existentes. El único que quedó es el que ocupó Patricia Bullrich. �Nunca se reúne tanta gente, salvo para el 7 de junio�, fecha en la que se celebra el Día del Penitenciario. El juez Baños, al hacer su denuncia, demostró estar convencido de la existencia del complot para matarlo, a él y a su secretaria, Fernanda Martínez. Nadie duda de que el trabajo de inteligencia existió: el preso, que sería Alejandro Penczansky, miembro de la banda de Luis �El Gordo� Valor, detalló todos los movimientos de un día en la vida del juez, su familia y su secretaria, con precisión de horarios, ropas y detalles ínfimos. �La operación de inteligencia existió, pero hay que ver quién lahizo y si es cierto todo lo que dice el preso�, comentó una fuente del Gobierno. La duda que campeaba anoche en el ámbito del Ministerio de Justicia, al término de la reunión, era la siguiente: ¿Se trata de una situación similar a la del �descontrol total� de mediados del �98 o por el contrario es una jugada, pactada entre presos y penitenciarios, para regresar a una situación que se había revertido o que empezaba a revertirse con las actuales autoridades? Un abogado, defensor de presos de fuste, también dudó de la versión atribuida a Penczansky: �El tiene el target para matar en un enfrentamiento, cara a cara, pero no es un sicario�. Esto significaría que los penitenciarios que le ordenaron matar �tendrían que haber elegido a alguien más apropiado�. El letrado, de gran experiencia, deslizó otra duda: �¿Cómo es posible que Penczansky, que ya tiene tres fugas, haya perdido la posibilidad que le brindaban de darse a la fuga?�. Más allá de las dudas, la denuncia sirvió para confirmar la existencia de una mafia interna, con intervención de los penitenciarios, que tenía todo preparado para nuevas andanzas con presos que salen a robar y que tienen todo preparado, incluso armas, para hacerlo. Las tres armas ocultas en Caseros, y denunciadas a Baños por el preso, estaban en las celdas 10, 29 y 30 del pabellón 18 �B� de Caseros, el mismo en el que apareció muerto, en enero pasado, el interno Maximiliano Noguera. Las armas y las balas, que también aparecieron, estaban ocultas dentro de ladrillos huecos. Fueron colocadas allí durante la construcción de esas paredes internas, ya que no existe ningún otro modo posible. Para encontrarlas hubo que romper el revoque y los ladrillos. La colocación se habría hecho seis meses atrás.
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