Por Raúl Kollmann y Laura Vales
 �Che Gorda, me voy a Devoto. Recién vengo de hablar con Ayala, me comentó las cosas que pasaron. Quiere que vaya porque hay mucho lío.
�¿Y...?
�Y qué sé yo, para ver si los calmo.
�¿Para que pongas orden?
�Sí. Es favor por favor: me van a hacer el régimen de penado. Si (la Justicia) no me da la excarcelación ellos me dan la salida transitoria igual.
El diálogo es parte de la historia que quedó grabada en una serie de escuchas telefónicas realizadas en las cárceles de Caseros y Devoto. El que habla era Julio Pacheco, un pesado de la banda del Gordo Valor. Pacheco estaba hablando desde Caseros, donde todavía debía cumplir 12 largos años de prisión. Pero parece que su situación estaba a punto de cambiar: acababa de cerrar un inmejorable trato con un jefe del Servicio Penitenciario Federal. El diálogo transcripto es parte de una investigación realizada por la SIDE, durante el gobierno anterior, que demuestra que funcionarios del Servicio Penitenciario se valen de presos para controlar a otros presos y a cambio les dan permisos de salida extraordinarios que derivan en robos y otros delitos. Las escuchas evidencian que hay presos que aceptan hacer de comisarios de sus compañeros a cambio de privilegios, terminan acuchillados y desatan verdaderos dramas familiares. Lo más importante es que en ellas aparece nítidamente involucrado el actual director nacional del Servicio Penitenciario, Alfredo Ayala. El preso de la historia, Pacheco, protagonizó una extraña fuga poco después de estas escuchas. Huyó desde la sala de abogados del penal, en lo que pareció una evasión arreglada.
Todo indica que Ayala será desplazado mañana de su cargo. En las últimas semanas, el Servicio Penitenciario tuvo que afrontar durísimas acusaciones, sobre todo vinculadas con las irregulares salidas de los presos. El caso más resonante fue el de la banda que robó el restaurante Dolli, en el que fueron imputados delincuentes que debían estar en la cárcel de Caseros. Uno de ellos, Maximiliano Noguera, fue asesinado en prisión antes de poder declarar y el otro, Alejandro Núñez, reconoció recientemente que salió del penal y participó del robo. El miércoles pasado el juez que entiende en esa causa, Alberto Baños, denunció que un interno admitió que también salía irregularmente de la cárcel, pero que era parte de un plan para matar al magistrado. El ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, decidirá hoy el destino de Ayala, cuando regrese de un viaje a Viena.
Las primeras escuchas en Caseros y Devoto se grabaron hace exactamente dos años. En ellas aparece, además de Pacheco, un segundo preso de nombre Fabián. Los dos compartieron la prisión durante seis meses. En abril del �98 fueron convocados a una reunión por Alfredo Ayala, por entonces director de Régimen Correccional, la persona clave dentro de la fuerza para habilitar las salidas transitorias.
Fue una reunión difícil, en la que Ayala les propuso trasladarlos de Caseros a Devoto para operar como su fuerza de choque.
�Ayala me dijo que le hace falta una persona que respeten para tapar todos los quilombos�, le contó después Fabián a su novia. �Me dijo: me sería de mucha utilidad que vos estuvieras en Devoto, porque a vos te respetan, porque la gente te cree y esto y el otro. Yo necesito una persona con la que pueda dialogar y evitar motines.�
�¿Y yo qué gano? �recordó el preso que le retrucó tras escuchar el ofrecimiento.
�¿Cómo qué ganás?
�Claro, qué gano con todo esto. Porque yo siempre hago algo en la vida para ganar algo. ¿Y qué gano?
�Y bueno �dijo Fabián que le contestó Ayala�, vos me dijiste que te estás por casar y yo te voy a acelerar todo.
Está claro que lo que pedía Ayala era mucho más que alguien con capacidad de diálogo con los otros internos:
�El que se va a tener que agarrar a puñaladas soy yo. El que se va a tener que andar agarrando a trompadas y patadas todo el día soy yo, el director del Régimen va a estar en su casa �le dijo Fabián al rechazar la propuesta.
Además, se preocupó por algunos términos del acuerdo que mantenían los caciques con el director del Régimen, Ayala:
�Julio le dijo al jefe: �Si vos tenés que cagar a palos a alguno, entrá y lo cagás a palos. Pero a ese solo, no a los demás�. ¿Te das cuenta? La Policía no le tiene que pegar a nadie. Yo me quedo acá. Le dije a Ayala: �Vos me das las riendas sueltas que yo necesito para manejar una cárcel, pero ¿qué pasa después si hay una pelea? Yo me defiendo, mato a uno o me matan. ¿Qué le explicás vos a mi mujer? ¿Qué le explicás a la familia del otro? Mirá, hagamos de cuenta que no me dijiste nada�.
Pero la oferta era tentadora y Julio Pacheco aceptó sin dudar.
�Estos chantas ya me dan algo positivo �resumió más tarde a uno de los de su banda que está en libertad.
�¿Es para mejor? �preguntó el otro, todavía sin entender demasiado.
�Sí, para que me hagan todo el régimen de salida transitoria. De última, si (la Justicia) no me da la excarcelación, ellos me hacen el régimen de penado y me sacan igual... (risas)
Pacheco agregó otras precisiones. Aseguró que �a las cinco viene el procurador general para que me hagan un régimen de penado voluntario, todo el régimen de salida transitoria, así el juicio me chupa un huevo y la (Cámara de) Casación también�. Y festejó por anticipado.
�Para mi cumpleaños vamos a estar en Ibiza, boludo� aseguró sin dudas.
El hombre tiene su fama de duro. Concretamente, de ser uno de los principales lugarteniente del Gordo Valor. Pacheco fue uno de los pesados que saltó el muro de Devoto junto con él en la famosa fuga de septiembre del �94, cuando se descolgaron con sábanas anudadas y disfrazados de enfermeros. Pero la libertad le duró unos pocos meses: el 14 de febrero del �95 lo volvieron a detener mientras manejaba un auto de contramano, totalmente borracho, en Caballito. En la guantera llevaba una pistola 9 milímetros con la numeración limada. Fue llevado junto a Valor a un juicio oral por la fuga y condenado a 13 años de prisión, después de que el tribunal unificara otras condenas pendientes.
En las escuchas aparecen mencionados otros integrantes de la banda, para quienes se piden ��favor por favor�� diversos privilegios. Entre ellos figura Sixto �El Conejo� Albarenque, quien �cayó� cuando intentaba asaltar con la Garza Sosa un camión blindado en la terminal de Carapachay.
Ayala prometía dar a cada quien lo suyo. El máximo jefe del Servicio Penitenciario tiene una foja de servicios prácticamente impecable. Sólo en 1991 ha tenido un pequeño tropiezo, cuando del hospital de la Cárcel de Devoto se fugaron nueve internos. Ayala era entonces jefe de Seguridad del lugar y corrieron versiones sobre una coima para facilitar la fuga. Entre los fugados, curiosamente, hubo algunos integrantes de la superbanda. Como fuera, el funcionario salió bien parado del aprieto y su carrera continuó sin problemas.
Tras la negociación que revelan las escuchas, en abril del �98 Julio Pacheco fue trasladado de Caseros a Devoto.
Lo acuchillaron poco después.
�Tres puñaladas �le detallaron telefónicamente a Fabián, su antiguo compañero de pabellón.
�¿Cómo que le dieron tres puñaladas?
�Sí, lo llevaron al Vélez Sársfield.
�¿Le dieron tres puntazos? ¿Quién? Ahora se va a pudrir todo. Yo me voy a enterar quién fue y cómo fue.
Poco después se produjo un increíble puente telefónico en el que Fabián, desde Caseros, habla con Pacheco.
�Vos mandame en un papel quiénes fueron y yo a ésos les mando la encomienda.
Los familiares de los presos hicieron de correo entre una cárcel y la otra, apelaron a los integrantes de la banda que estaban afuera, se las ingeniaron para llevar y traer, de Devoto a Caseros, detalles y nombres. Sólo algunos intentaron frenar la represalia. �Esto no se termina más�, reprocharon.
Los que creyeron que Pacheco cometió un error al aceptar su oscuro trato con Ayala comprobarían pronto que estaban equivocados. Porque el lugarteniente del Gordo Valor se recuperó y en junio del �98, dos meses después de su traslado a Devoto, logró fugarse desde la sala de abogados del penal, en un episodio que quedó envuelto en la sospecha. Los investigadores de la SIDE aseguran en un informe que la División Inteligencia del Servicio Penitenciario captó una llamada telefónica previa a la evasión entre el fugado y Ayala. �La información fue silenciada�, dice la SIDE.
Lo cierto es que en la sala de abogados apareció una pistola y �casualmente� sólo había un hombre del Servicio Penitenciario haciendo la custodia. Pacheco y otros tres presos ganaron la calle con una facilidad pasmosa.
De todas maneras, el integrante de la banda del Gordo Valor no se fue a Ibiza. Meses más tarde fue detenido nuevamente cuando intentaba, junto a otros de la banda, asaltar el supermercado Makro. Nunca se supo qué otros delitos cometió durante esos meses que estuvo en libertad.
GUARDIACARCELES AMENAZADOS POR DENUNCIAR IRREGULARIDADES
El negocio de dirigir una cárcel
Por R. K. y L. V.
�En la cárcel de Caseros los presos realizan trabajos para empresas, no cobran nada, el dinero le queda a los jefes del Servicio Penitenciario y a cambio les dejan entrar drogas al penal.� Esto es lo que denunciaron, ya hace más de un año, los propios guardiacárceles ante la Justicia federal. Uno de los denunciantes había intentado que sus superiores hicieran algo; unos meses después fue declarado inepto para todo servicio y se quedó sin trabajo. Otro comenzó a recibir amenazas de muerte dirigidas a él y sus familiares. Los denunciantes ofrecieron una lista de testigos para corroborar sus dichos y aportar nuevos datos. Todavía están esperando que los llamen a declarar. La denuncia ha ido pasando por distintos juzgados y no se avanza un milímetro.
El expediente fue abierto en el juzgado de Carlos Liporaci luego de que un electricista de Caseros, cuyo nombre se reserva por cuestiones de seguridad, fuera separado de la fuerza. El hombre había observado ciertas irregularidades sobre las salidas transitorias de internos.
�El sistema funciona así �dijo uno de los denunciantes a este diario�; los jefes consiguen a los presos salidas transitorias, ellos salen a robar y cuando regresan a la cárcel está todo arreglado para que no los requisen. De esta manera ingresan la droga que se vende adentro. La ganancia se reparte con los jefes que por supuesto se quedan con un alto porcentaje.�
El mecanismo, como puede suponerse, es conocido por todos dentro del Servicio Penitenciario. Pero cierto día el electricista tuvo el dato preciso de la celda y el pabellón en que se había escondido la droga. De inmediato lo informó a su jefes. A los quince minutos lo llamó otro superior para que repitiera ante él sus palabras. Media hora después hubo un nuevo llamado y la misma historia. Así pasaron dos horas hasta que alguien ordenó hacer una requisa, en la que para ese entonces, como se podrá adivinar, no se encontró nada.
En la causa, él y otros agentes relataron además cómo los internos realizaron trabajos por los que nunca recibieron la paga correspondiente, y cómo había exorbitantes pedidos de materiales que nunca llegaron a destino aunque todo indique que el dinero sí fue recibido por los jefes. En su momento, se lee en el expediente, todas estas irregularidades fueron puestas en conocimiento �del adjuntor Eduardo Collura�.
La única consecuencia conocida fue un dictamen de una junta médica ordenada por el propio Servicio Penitenciario que declaró al denunciante �incapacitado para desarrollar ningún tipo de actividad en el ámbito penitenciario�, por razones psiquiátricas. En la junta no hubo ningún especialista en psiquiatría.
Cuando un agente que se atrevió a defenderlo reveló ante el juez detalles de la trama de la corrupción interna �convencido de que a su compañero lo habían echado por no ser cómplice del tráfico de drogas y las salidas transitorias� comenzó a recibir amenazas. Una de sus hijas fue interceptada en la calle para advertirle �que le dijera a su padre que se dejara de joder�. Así y todo, otros dos penitenciarios se ofrecieron para aportar nuevos elementos a la Justicia y tres antiguos presos hicieron lo propio. Pero hasta ahora, nadie se mostró interesado en escucharlos.
LA HISTORIA DE LA INVESTIGACION DEL NEGOCIO PENITENCIARIO
Un caso que empezó con un asesinato
La fría noche del 18 de julio de 1998 Rubén Juárez, un cabo de la Policía Federal que custodiaba el restaurante Dolli, murió en la vereda de Tagle y Figueroa Alcorta. Fue acribillado a balazos por tres delincuentes, que se fugaron sin consumar el asalto que Juárez frustró con su vida. El juez a cargo de la causa, Alberto Baños, identificó a los autores del hecho, que figuraban como encerrados en una prisión. Fue el comienzo de una investigación judicial que involucra a efectivos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que permitían la salida de presos a cambio de un porcentaje del botín obtenido durante sus correrías. Dos testigos muertos y un plan para matar a Baños, confesado por el preso al que se le habría encargado el homicidio, revelan la magnitud del complot.
La imagen de los delincuentes quedó registrada por una cámara que habían instalado los propietarios de un lavadero vecino al restaurante Dolli. El video llegó a manos del juez penal Baños, que identificó a tres de los hombres que aparecían disparando en la cinta. Se trataba de dos delincuentes que supuestamente estaban purgando una condena en el penal de Caseros: Reinaldo Maini y Alejandro Núñez. Y el tercero, Maximiliano Noguera, que días antes, el 26 de junio, se había fugado de la cárcel de Devoto junto a los integrantes de la banda de Luis �Gordo� Valor.
Noguera fue recapturado pocos días después del asalto al Dolli, y remitido al Pabellón 18 B de Caseros, donde también estaba Núñez.
Allí los encontró Baños cuando fue al penal para comprobar si efectivamente los delincuentes permanecían encarcelados. Cuando los encontró en sus celdas, el magistrado inició una segunda investigación para determinar cómo fue que dos presos lograron salir y volver a la cárcel sin que los guardias del SPF lo notaran.
El magistrado logró acumular pruebas que implicaban al detenido Núñez en otros hechos delictivos, cometidos fuera de los muros que encerraban las cuatro paredes de su encierro. Para Baños fue evidente, entonces, que así como Núñez había otros presos que salían de la cárcel para cometer delitos, lo que no era posible sin la vista gorda de sus guardianes.
El avance de la investigación generó temor en Núñez, quien en una carta que llegó al juzgado reconoció que miembros del servicio penitenciario los dejaban salir a cambio de un porcentaje del botín obtenido.
Núñez tenía sus motivos. Uno de sus compañeros de celda, Miguel Angel Arribas, que estaba al tanto del acuerdo entre guardicárceles y presos, murió baleado por efectivos del SPF que argumentaron un supuesto y absurdo intento de fuga de Arribas cuando era conducido a un tribunal.
Maximiliano Nogueiras, otro de los imputados por el asalto al Dolli, apareció ahorcado en su celda el 4 de enero. Fuentes judiciales creen que fue asesinado por dos reclusos por indicación de los efectivos de seguridad cuestionados que habrían diseñado un complot para frenar la investigación. Complot que incluiría el asesinato del juez y la secretaria que entiende en la causa, María Fernanda Martínez.
Así lo confesó ante el propio Baños el preso que dijo haber sido designado para llevar a cabo los homicidios: Alejandro Penczansky. Un veterano del bajo mundo que se cuenta entre los miembros originales de la banda del Gordo Valor. Está preso desde 1997, después de haberse fugado dos veces de la cárcel. Pero sus últimas salidas de la celda contaron con el permiso de sus custodios del SPF, le dijo Penczansky al juez Baños. �Para asesinarlo a usted y a su secretaria�, confesó.
|
