El año 1999 será recordado por los inmigrantes como el primero en casi un siglo en que un gobierno argentino los declaró enemigos de la sociedad. Sin llegar a los extremos de 1902, cuando las huelgas desembocaron en la Ley de Residencia que permitía expulsar �ácratas y agitadores� rusos e italianos, el gobierno de Carlos Menem culpó sin ambigüedades a los inmigrantes por la inseguridad y el desempleo. El Informe Anual 2000 sobre los derechos humanos en Argentina, que el Centro de Estudios Legales y Sociales presentó esta semana, dedica un deprimente capítulo a la persecución montada desde el Estado en contra del sector más indefenso de la inmigración, el de los latinoamericanos morochos y pobres. Del completísimo estudio del CELS se desprenden tres problemas de estos residentes en el país: la falta de una ley de migraciones que reemplace la ley Videla, las constantes chicanas de la Dirección Nacional de Migraciones (ver recuadro) y la persistencia de la discriminación.
�El discurso oficial de altos funcionarios del Poder Ejecutivo tuvo contenidos xenófobos y estigmatizantes respecto de sectores de inmigrantes, sobre todo trabajadores latinoamericanos de condición modesta y sus familias,� afirma el informe del CELS, que recuerda que el gobierno Menem contradijo el espíritu y la letra de la Constitución y de los pactos internacionales firmados por Argentina. Comenzando en enero de 1999, la plana mayor del Gobierno sugirió sin vueltas que el país se enfrentaba a una invasión de inmigrantes de países fronterizos y de Perú interesados en robar las propiedades y los empleos de los argentinos. Haciendo historia, el CELS recuerda que los inmigrantes fronterizos siempre fueron una minoría y siguen siéndolo, y que sólo la baja de la migración europea �descubrió� a estos recién llegados. No hubo ni hay una �invasión�.
Menem marcó el tono y alentó la xenofobia afirmando que los inmigrantes �muchas veces llegan indocumentados y se organizan en bandas�. El director de Migraciones, Hugo Franco, fue más allá al decir que �en la Capital se extranjerizó el crimen�. Sin dar fuentes, agregó que �más del 60 por ciento de los delitos menores son cometidos por extranjeros�: la Policía Federal, apenas cambió el gobierno, desmintió esa cifra. El jefe de Gabinete de Menem explicó cómo veía su gobierno a los que criticaban sus declaraciones y acciones, cuando dijo que �así defienden a las mafias�. Carlos Ruckauf, por entonces vicepresidente, remarcó que los inmigrantes �compiten deslealmente con el obrero argentino�.
A las palabras se las acompañó con espectaculares operativos contra residentes latinoamericanos. Las batidas se concentraron en el barrio de Once donde, en enero de 1999, se detenía a 60 inmigrantes por día �en su mayoría bolivianos y peruanos�. La policía se concentró en allanar �comedores clandestinos�, deteniendo a todos lo que comían en ellos, y descubrió las razzias en subtes y colectivos. Varias asociaciones de inmigrantes denunciaron que se los detenía �por portación de cara�. La mala fe de esta represión se ejemplifica con un operativo del 28 de enero, cuando varios patrulleros, con luces encendidas y sirenas sonando, capturaron a cuatro mujeres que vendían ropa en la avenida Santa Fe y les incautaron sus mercaderías. La policía casi arresta también a varios argentinos que protestaron por el abuso.
Menem no parece haber llegado a estos extremos por convicciones íntimas sino por cuestiones de coyuntura política. De hecho, durante su gobierno se decretó una amnistía que permitió la regularización de 224.471 inmigrantes. Fue con la suba consistente de las cifras de desocupación y con la percepción de una ola de inseguridad que su gobierno endureció sus actitudes y repitió �la tendencia recurrente a la formulación de normas y procedimientos crecientemente discriminatorios y autoritarios.�
No le faltaron herramientas legales. La ley Videla, todavía vigente después de 17 años de democracia, trata la cuestión migratoria como asuntode seguridad nacional y sólo tiene los límites de dos leyes por las que se aprobaron pactos bilaterales con Bolivia y Perú. Estos pactos son muy importantes porque introducen la noción de tratar la cuestión con los países generadores de emigrantes, pero tienen un límite de hierro: el Congreso paraguayo encontró tan dura la legislación argentina que rechazó un pacto como el firmado por bolivianos y peruanos.
En 1999 hubo tres proyectos para reformar parcialmente la ley de la dictadura. Menem envió un proyecto endureciendo los controles, aumentando las multas y penas, haciendo más fácil la expulsión de extranjeros y reduciendo aun más la posibilidad de que se defendieran ante un juez. El poder de decidir sumariamente sobre los inmigrantes pasaba a la Dirección Nacional de Migraciones y se hacía imposible cambiar de categoría �por ejemplo, de temporario a permanente� sin salir del país. Con algunas variantes, el proyecto de los diputados Rampi y Picchetto impulsaba �cambios semejantes�. El tercer proyecto, en cambio, es radicalmente distinto y, según el CELS, �establece un régimen de regularización migratoria muy semejante a los decretos de amnistía dictados históricamente por autoridades democráticas�. 
�El debate no acabó allí. Hubo también dos proyectos para eliminar la ley Videla y reemplazarla por un instrumento democrático. Uno fue de la diputada Lidia Mondelo y otro es el �proyecto unificado� impulsado por las Comisiones de Población, Legislación Penal y Legislación del Trabajo de Diputados. Por primera vez, este proyecto define a la migración como �un derecho natural, esencial e inalienable de la persona� y afirma que la constitución protege al inmigrante y a su familia plenamente. También es novedosa la orden de interpretar la ley �del modo más favorable al inmigrante�. Para aplicarla, se crea una comisión colegiada que reemplace a la dirección actual e incluya un representante de las colectividades extranjeras.
¿Será aprobada? Pese a que afecta a decenas de miles de personas y a muchos más de sus familiares, esta ley no parece tener la menor prioridad en el debate político nacional. Como dice el informe del CELS, �está pendiente una revisión a fondo de esta cuestión desde la transición a la democracia, en 1983�.

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