Por Martín Granovsky
 La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos envió una carta al Presidente Fernando de la Rúa en al que reclama el desplazamiento de los miembros del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas como un signo de compromiso del Poder Ejecutivo con el juzgamiento en el fuero civil de los robos de bebés durante la dictadura.
Para reforzar la diferencia entre el juicio de Adolfo Bagnasco y la resolución del Consejo, que hace tres semanas intentó reclamara para sí la causa de los chicos, el texto llama a la Justicia civil, directamente, �Justicia constitucional�.
La carta está firmada por la mesa directiva en pleno y subraya que la decisión de escribirla se tomó �por unanimidad�. La dirigieron los presidentes Alfredo Bravo y José Míguez Bonino, los vicepresidentes Simón Lázara, Susana Pérez Gallart y Adolfo Gass, y los secretarios Alicia Herbón, Sergio Di Gioioia, Juan José Prado, Horacio Ravenna, obispo metodista Aldo Etchegoyen, rabino Daniel Goldman, Elina Aguiar y Bella Friszman.
�La actitud del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas es de extrema gravedad institucional y comporta un verdadero alzamiento contra el Estado de Derecho y el principio central de división de los poderes�, dice la carta que la Casa Rosada ya recibió. �No sólo pretende restablecer el fuero militar, sino que también es evidente �a la luz de los antecedentes� la manifiesta intencionalidad de favorecer a imputados de graves crímenes y manipular las normas para otorgar una impunidad que ni la ley de obediencia debida, ni los indultos, se atrevieron a rozar�, dice en alusión a los juicios por el robo de chicos, que siempre quedaron excluidos de cualquier cobertura.
La APDH registra la extemporaneidad de la resolución del Consejo, sumada a �un evidente desconocimiento del Derecho� y a una �falta de respeto por la Constitución, las leyes de la Nación y los compromisos adoptados por el Estado ante los organismos internacionales�. Informa después la carta que �los tratados de derechos humanos incorporados a la Constitución en virtud de la Reforma de 1994 excluyen expresamente a los organismos militares, sean jueces o Consejos, de la investigación y juzgamiento de las violaciones�. Lo mismo hacen �la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y ya añejas disposiciones de los organismos internacionales�. Además, �la Justicia argentina, la Corte Suprema y las Cámaras Federales ya resolvieron hace años la cuestión de la denominada �competencia� para el juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos�.
Aunque el texto no lo menciona �se dirige directamente a De la Rúa� la incertidumbre sobre quién juzgará a los responsables del robo de bebés es una realidad actual porque el ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, no removió al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas ni dio instrucciones al fiscal del Consejo sobre cómo actuar. Tampoco el procurador Nicolás Becerra dio instrucciones a los fiscales civiles, a pesar de que no solo puede hacerlo sino que lo hizo en el pasado, a tal punto que en la causa de los skin heads golpeadores debió obedecerle nada menos que Juan Martín Romero Victorica.
Por la falta de instrucciones la cuestión de competencia pasó delante de la nariz del fiscal Richardo Wechsler y fue resuelta a favor del Consejo Supremo por otro fiscal de Casación, Pedro Narvaiz.
López Murphy y Becerra siguen sin dar instrucciones, que podrían ser útiles en el futuro cercano.
La APDH pide el relevo de los miembros del Consejo Supremo porque �no existe el ámbito institucional para juzgar a quienes, siendo funcionarios públicos y desempeñando una función estatal, llevaron a cabo tamañodespropósito, crearon tantas dudas sobre sus verdaderos objetivos y procuraron torcer la marcha del Estado de Derecho�. Se trata de �un órgano colegiado militar protegido por una cuota de inmunidad incomprensible�, sobre todo cuando, 2.
En su última visita a la Argentina, Robert Goldman y Jorge Taiana, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acordaron con la APDH que este organismo ayudaría a la CIDH en el monitoreo de las causas relacionadas con las violaciones a las garantías individuales en los años de plomo. �La APDH se comprometió a mantener a la CIDH al tanto de cada alterantiva, y eso haremos�, dijo ayer Lázara a Página/12.
|
