Por Nora Veiras
 Carlos �Carli� Slepoy dice que está �consternado�. La explicación salta a la vista apenas se analiza la esquiva actitud del gobierno argentino para sortear el pedido de detención de 48 represores procesados por el juez español Baltasar Garzón. El abogado argentino es titular de la Asociación Pro Derechos Humanos-Madrid y uno de los motores del juicio que a contramano de todos los vaticinios consiguió que el dictador chileno, Augusto Pinochet, estuviera 16 meses preso en Londres y fuese desenmascarado como un genocida. El mismo proceso que obliga a los personeros de la última dictadura argentina a no traspasar las fronteras por temor a ser detenidos y que enfrenta a la administración de la Alianza a resolver un dilema: dar curso a la Justicia o asimilarse a la actitud del ex presidente Carlos Menem que prohibió colaborar con Garzón.
�La Cancillería devolverá a Garzón los pedidos de captura de 48 represores amparándose en que �por el tiempo transcurrido� no hay urgencia para detenerlos. ¿Cómo analiza usted esta decisión?
�Es muy claro que se pide la detención, como se pidió la de Pinochet o la de cualquier persona acusada de crímenes contra la humanidad, porque se entiende que esa persona allí donde sea encontrada debe, en principio, ser detenida y que, en todo caso, esto lo debe decidir un juez. Lo que significa un precedente grave es que el Gobierno tras prometer reiteradamente que iba a dejar actuar a la Justicia en un proceso cristalino y transparente, lo que está haciendo es interpretar en forma desorbitada la opinión del juez Literas y opinar ante sí mismo y pretender comunicarle a Garzón que no va a proceder a las detenciones. Cuando la documentación que ha llegado ha sido solicitada por el propio juez Literas y esto es lo más insólito de la situación: la Cancillería hasta ahora ha tenido una actitud de obstruir la posibilidad de que el juez Literas tenga acceso a la documentación que él mismo solicitó. Con la gravedad de que está adoptando ante sí la decisión de estimar que ya no se reúnen los motivos para que sean detenidos. Por tanto está desobedeciendo lo solicitado por Literas y también los requerimientos de Garzón.
�¿El juez Literas tiene atribuciones para exigir que la Cancillería le envíe la documentación por él mismo requerida?
�Yo espero que lo haga. El juez Literas ha tenido que tomar conocimiento a través de la trascendencia pública de esto y debería entender que se le están sustrayendo elementos por él mismo solicitados.
�El requerimiento para que Garzón solicite la extradición puede interpretarse como una apuesta para ver si el Estado español habilita el proceso o lo aborta definitivamente.
�Este proceso ha puesto de manifiesto que es un modo eficaz de realización de la justicia que hasta ahora la humanidad no había encontrado. El tratado de extradición entre España y Argentina establece que son delitos extraditables todos aquellos contenidos en convenios multilaterales en que ambos países sean parte, por tanto el genocidio, la tortura, la desaparición forzada de personas, obligadamente por ese tratado deben ser extraditables y los gobiernos deberían limitarse a favorecer la actuación de la Justicia. Sin embargo, hemos visto a través del caso Pinochet que no ha sido así y empieza a desarrollarse toda una idea de que los gobiernos tendrían potestad para paralizar estos procedimientos o que razones aparentemente superiores a la persecución de estos crímenes podrían determinar que no se tramiten determinadas diligencias judiciales. Tenemos el precedente en España que entendió en el tema Pinochet que estaba obligada a tramitar la extradición porque actuaba como mero transmisor de una decisión judicial. Sin embargo, en este caso no es descartable pensar que pudiera haber un interpretación absolutamente retrógrada de la cuestión y que el gobierno español se quisiera atribuir la posibilidad de no tramitar la extradición. Esto sería un escándalo jurídico pero tal vez esté pesando esta posibilidad, es decir que por unlado el gobierno argentino bloquea un pedido de detención que se hizo a través de Interpol �y en el cual no tiene intervención el gobierno español� y que en aquel que necesariamente tiene intervención como la extradición se esté especulando con que el Gobierno no quiera tramitarlo. Esperemos que no suceda así, pero es una posibilidad.
�El ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, acaba de decir que Argentina podría exigir reciprocidad en el sentido de poder juzgar a españoles por delitos cometidos en España. ¿Hay alguna diferencia entre esta postura y la defensa del principio de territorialidad que sostenía Menem?
�La verdad, están enunciando exactamente la misma cuestión. Creo que debería reflexionar el ministro Gil Lavedra. Todavía están a tiempo de rectificarse. No quiero hacer asimilaciones maniqueas entre personas o gobiernos pero cuando Menem opinaba esto nosotros dijimos que era igual a la opinión de los Bussi, de los Menéndez, de todos aquellos que decían que era una intromisión en la soberanía argentina. Creo que Gil Lavedra no se cree lo que dice. Felizmente hemos avanzado lo suficiente para saber que hay determinados crímenes que se entienden que son de competencia universal. Además en este momento, el gobierno argentino está promoviendo en Naciones Unidas que para la desaparición forzada de personas se aplique la jurisdicción universal es decir que se apliquen las mismas normas que sustentan el Juicio de España. No se trata de delitos ordinarios, no se trata de un asesinato o una estafa sino de crímenes contemplados en tratados internacionales en los que los Estados aceptan la existencia de la jurisdicción universal. En realidad, el Juicio de España se ha nutrido por el testimonio de centenares de argentinos que han buscado en un tribunal de Justicia de otro país la instancia judicial que acá no obtuvieron por las leyes de impunidad. Este no es un juicio de los españoles en relación con la Argentina sino un juicio de los argentinos que se está realizando ante un tribunal español.
�Otro argumento es que varios de los militares requeridos por Garzón fueron procesados en la Argentina, algunos de ellos están detenidos y que, por lo tanto está actuando la jurisdicción argentina...
�Esto no plantea ningún problema. En primer lugar de las 48 personas son sólo unas pocas las que están siendo objeto de procesamiento en Argentina y están detenidas, respecto de ellas parece legítimo que el juez diga que no va a proceder a la extradición, que la gestión queda pendiente. Esto es lo que está ocurriendo con el general Manuel Contreras en Chile en el caso de una solicitud de extradición proveniente de Italia. En cuanto a la supuesta cosa juzgada, en principio, la mayoría de los que forman parte de este pedido no fueron nunca juzgados en Argentina como consecuencia de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida o porque en ese momento ni siquiera se conocía su accionar represivo. En el caso de los que sí fueron juzgados, como los miembros de las juntas militares, nadie pretende que lo sean por el mismo delito. Hay que recordar que fueron juzgados por sólo 704 casos y había ya en la Conadep registrados 8961 casos de desaparición forzada. El haberlos juzgado por sólo esa cantidad y decir que con eso estaban juzgados todos era un premio a la masividad del exterminio. Esto implica que más de 8 mil personas en ese momento quedaron sin satisfacción de la Justicia. Otra consideración muy importante: hace pocos días cuando el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas se quiso hacer cargo del proceso por el robo de bebés, la ministra Graciela Fernández Meijide dijo que esos son delitos ordinarios para justificar que no pueden ser juzgados por militares. Pero aquí está el quid de la cuestión, ella se equivoca y se produce una confusión -interesada o no� porque éstos no son delitos ordinarios, son delitos contra la humanidad, considerándolos así cambia la perspectiva de cómo deben ser juzgados. En la Argentina no fueron juzgados por crímenes contra la humanidad, no fueron juzgados por haber organizado un plan sistemático de exterminio que tiene el nombre de genocidio. Argentina ha contraído laobligación internacional de juzgar el genocidio cometido en su propio territorio pero increíblemente no lo hace sino que pretende impedir que otros tribunales del mundo lo hagan.
�El presidente De la Rúa dijo en una entrevista con diario El País de España que no promovería la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida porque fueron votadas por un Estado democrático...
�Esa es una opinión increíble. Todo el mundo conoce que fueron obtenidas bajo la coacción armada de un grupo de insurrectos que �obligaron� al Parlamento a sancionarlas, por lo tanto han actuado en un estado de necesidad. Acabada esa situación y cuando el Parlamento puede actuar con libertad deberían revisar esas normas. Los radicales tienen la oportunidad histórica de demostrar que no actuaron por convicción sino por necesidad y lavar esa mancha de la historia argentina.
�Es decir que para usted si se respetaran los caminos institucionales la alternativa es extraditarlos o juzgarlos aquí...
�No hay más posibilidad legal: o la extradición a España o el juicio en Argentina por delitos contra la humanidad. Si toman otra actitud en lugar de pararse del lado de la Justicia y prestigiarse ante el pueblo y la comunidad internacional lo que están haciendo es llenarse de desprestigio.
�¿Cómo impactó la liberación de Pinochet en el proceso de Madrid?
�Desde luego fue un revés, pero queda en claro una enseñanza muy importante: mientras actuó la Justicia en cumplimiento de los tratados internacionales fue adelante el proceso de extradicción y el juzgamiento era posible, en cuanto se entrometió el poder político se paralizó la acción. Esto revela que estos procedimientos implican una auténtica democratización de la Justicia. No obstante, creo que lo de Pinochet ha sido un inmenso triunfo, estuvo 16 meses preso, ha favorecido la aparición de la justicia en Chile: se abrieron más de 80 querellas contra él, se plantea la posibilidad de juzgarlo. Lo que me subleva es que hay gobiernos que pretendan arrogarse cuándo se aplica o no la ley y traten de sustraernos algo que hemos conseguido los seres humanos. Las normas protectoras de los derechos humanos que ordenan la persecución de los genocidas han costado a la humanidad millones de víctimas. Cuando un gobierno decide no juzgar este tipo de crímenes nos están robando algo que es patrimonio de la humanidad. Las violaciones a los derechos humanos existen en gran parte porque se dejan impunes los delitos que se cometen.
�Para usted este es el riesgo que está corriendo el gobierno argentino.
�Creo que el gobierno argentino está lanzando un mensaje que favorece no sólo la impunidad de los crímenes pasados sino la repetición de este tipo de crímenes en el futuro.
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