Por
Cledis Candelaresi
Nicolás Gallo
adoptó una fórmula común para solucionar las controversias más
enconadas que el Gobierno mantiene con poderosos grupos empresarios. El
ministro de Infraestructura resolvió crear una comisión mixta para
dirimir el conflicto que existe con Eriday, contratista civil de Yacyretá,
por un reclamo multimillonario que este grupo formuló al Estado. Con esta
decisión, y a semejanza del camino que eligió con el Correo Argentino,
el ministro decidió barajar y dar de nuevo, aun desechando la profusa
documentación oficial que ya refutó casi todas las pretensiones
empresarias. La Auditoría General de la Nación está a punto de sumar su
dictamen sobre el tema.
Días pasados, Gianfranco Rizzo
--vicepresidente ejecutivo de Impregilo y titular de Eriday--
llegó al despacho ministerial. Su propósito no era otro que destrabar el
conflicto en la intimidad de una discusión cara a cara: el consorcio
exige cobrar por asuntos contractuales pendientes (ACP) cerca de 1500
millones de pesos, monto en el que englobaría desde una compensación por
el desagio que le aplicó la Entidad Binacional Yacyretá sobre los pagos
periódicos, hasta la comida que la empresa le proporcionó a su personal
en obra, después de un duro conflicto sindical.
Para despejar el camino y
asegurarse algo de aquella suma, el empresario promovió hace poco más de
un año un arbitraje, contratando como representante a Henry Kissinger.
Después de muchas idas y vueltas, la designación del árbitro estatal
recayó en el ex camarista Mariano Cavagna Martínez, quien en diciembre
pasado dejó vacante el cargo con su renuncia, sin que hasta el momento se
hayan designado reemplazantes. Cuando días atrás Kissinger visitó
Buenos Aires, dio marcha atrás con la pretensión original y alineó su
discurso con el oficial: "No están dadas las condiciones para un
arbitraje", sostuvo después de entrevistarse con varios ministros y
el Presidente.
Para el Gobierno, la vía
arbitral es inválida, entre otras razones, porque aún no se realizó la
recepción definitiva de la represa (formalmente, sólo se hizo la
provisoria). Pero también, porque aún no está precisado qué es lo que,
eventualmente, se sometería a un arbitraje.
Frustrada --al menos momentáneamente-- la vía del laudo, la
jugada de Eriday consiste en persuadir al Gobierno de que sus pedidos son
consistentes. Gallo juzgó públicamente que los 1500 millones de pesos
pretendidos es una suma "disparatada". Sin embargo, el ministro
descuenta que muchos de estos reclamos son fundados y, para analizarlos,
decidió constituir una comisión que integrarán funcionarios y
empresarios. De ese modo, hizo a un lado documentos oficiales referidos al
tema.
El propio cuerpo directivo de
la EBY (Entidad Binacional Yacyretá), así como la Sindicatura General de
la Nación, ya juzgaron improcedentes el grueso de las pretensiones
empresarias. En el caso particular de la Sigén, limitó a 130 millones el
monto de los conceptos susceptibles de discusión. Y, por si fuera poco,
esa cifra estaría adecuadamente cubierta con pagos que el Tesoro nacional
ya realizó a cuenta del pleito pendiente. La AGN, en tanto, acaba de
elaborar un documento, que también limitaría el pleito en discusión.
Pero a ojos del ministro, esos papeles tienen un valor relativo, ya que no
estarían apropiadamente fundados.
La situación es semejante a la
que se generó con Francisco Macri, en el Correo Argentino. También en el
caso de Yacyretá, Gallo constituyó una comisión con el objetivo de
acordar con los privados sobre entredichos heredados del menemismo.
YACYRETA
AVANZA, CON EL ESTADO
A
pesar del Banco Mundial
Por
C.C.
A mediados del
mes que viene, Fernando de la Rúa firmará junto a su par de
Paraguay, Luis González Macchi, un compromiso para avanzar con las
obras de Yacyretá y aumentar la capacidad operativa de la represa. El
esquema elegido, que será anunciado en Asunción, descarta
definitivamente la posibilidad de privatizarla, tal como sugiere el
Banco Mundial, prestamista y controlador de la obra.
La fórmula elegida por los dos gobiernos confiere a la Entidad
Binacional Yacyretá la responsabilidad de licitar las obras civiles
que restan para elevar de 76 a 83 metros la cota de la represa, cuyo
costo está estimado en alrededor de 600 millones de pesos. Se trata,
fundamentalmente, de relocalizar viviendas, indemnizando a los
propietarios desplazados. El financiamiento estará a cargo de un pool
de bancos --también a elegir mediante una licitación--, que otorgará
un préstamo contra la garantía de la futura venta de energía. Los técnicos
oficiales calculan que con las nuevas obras la presa facturará unos
200 millones adicionales cada año, gracias a la mayor generación.
Pero este esquema se contrapone con la fórmula del Banco Mundial. Es
decir, privatizar el gerenciamiento de la central y que los
administradores privados sean los encargados de ampliar su capacidad,
cobrándose con la venta de electricidad.
Mihkail Gorvachov, en su calidad de titular de Green Cross
Internacional, visitará próximamente la represa para juzgar por sí
mismo el impacto ambiental que tendrá la ampliación del lago.
"Es una determinación muy seria", advirtió. |
|