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LAS DENUNCIAS  CONTRA EL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL FORZARON UNA PURGA
Cambio de caras detrás de los barrotes

Juan Pedro Develliuk, el nuevo titular del SPF, es un oficial retirado de la fuerza.

En medio del escándalo, el Gobierno aceptó la renuncia de la cúpula del SPF y designó como jefe a Juan Develliuk, un oficial retirado. Todos los jueces del fuero criminal expresaron su preocupación por las irregularidades en las cárceles.


Por Eduardo Videla
t.gif (862 bytes) La denuncia de una conspiración para matar a un juez y a su secretaria, en la que estaría involucrado personal del Servicio Penitenciario Federal, terminó ayer con la mayor purga en la fuerza en los últimos seis años: el ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, les aceptó la renuncia a los seis miembros de la cúpula del Servicio Penitenciario Federal, y designó a un nuevo jefe. Para ello, tuvo que convocar a un oficial retirado de la fuerza, Juan Pedro Develliuk, abogado y ex director de la Escuela Penitenciaria. Su antecesor, Alfredo Ayala, había quedado comprometido por una grabación en la que un detenido lo involucraba en un arreglo para obtener salidas a cambio de otros favores, según publicó el domingo Página/12. La grabación está en poder del Ministerio de Justicia, que inició un sumario administrativo. Otros seis jefes de inteligencia fueron desplazados de su cargo: sobre personal de esa área pesa la doble sospecha de participar en el complot contra el juez y, a la vez, no haber detectado la salida ilegal de presos de la cárcel de Caseros.

  "No creo que existan bandas (en Caseros), hablar de bandas es un término muy duro", dijo el nuevo jefe, en declaraciones a Página/12. Tampoco quiso hablar de las denuncias sobre arreglos para que algunos presos salgan a robar, "porque estaría entorpeciendo la investigación. Pero aseguró que se pondrá "a disposición de la Justicia" para esclarecer las irregularidades denunciadas. 

  El cambio no fue tan cruento como se suponía: el Gobierno descartó la intervención del SPF por parte de un civil y la renuncia de la antigua conducción se pareció más a una salida negociada que a una cirugía sin anestesia. Como subjefe fue designado Edgardo Varela, hasta ayer director de la Unidad 2 de Devoto. El titular de la Unidad 1 de Caseros, Juan Alberto Cid, también dejará su cargo, pero en el ministerio evalúan su ascenso para ocupar un lugar vacante en la plana mayor. "Es el hombre que hizo una limpieza en Caseros", dijo la secretaria de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Patricia Bullrich.

  La funcionaria anunció a Página/12 que los movimientos no terminan aquí: "Para junio habrá una nueva limpieza, después de que la Junta de Calificaciones, con intervención del ministerio, examine los antecedentes de todo el personal y disponga ascensos y pases a retiro", informó. Según la funcionaria, "no tenía sentido una intervención porque esta secretaría tiene un manejo total sobre el Servicio". De todas formas, en los próximos días, el ministerio prevé ampliar las atribuciones de la conducción del Servicio, para elevar a dirección el área de Asuntos Internos y crear una Dirección de Control de Gestión.

  Según fuentes del Ministerio de Justicia, Develliuk fue designado después de contrastar sus antecedentes, que calificaron como "excelentes y con buen concepto dentro del personal". El nuevo jefe nació en Misiones hace 49 años, es abogado recibido en la Universidad del Museo Social Argentino y especialista en prevención de la drogadicción. Dirigió la cárcel de máxima seguridad de Chaco, la Unidad 16 (Caseros vieja), la Alcaidía de Tribunales y la Escuela Penitenciaria, y pasó a retiro en mayo de 1999, con el grado de prefecto, cuando era director de Seguridad y Traslados. Según fuentes oficiales, fue desplazado por tener diferencias con la anterior conducción.

  Pese a lo drástico de los cambios, en el Ministerio de Justicia no están convencidos de la veracidad de la denuncia del detenido Alejandro Penczansky, el miembro de la superbanda del Luis "Gordo" Valor que hace una semana denunció que miembros del SPF lo habían dejado salir de Caseros para matar al juez Alberto Baños y a su secretaria. Esa denuncia originó una causa penal y ayer la jueza Wilma López allanó por segunda vez la cárcel de Caseros, de donde secuestraron los libros de entrada y salida del personal penitenciario. También allanó la Dirección de Inteligencia del Servicio, ubicada en el barrio de Flores, donde --según el preso-- se habría gestado la conspiración para matar al juez.

  En el ministerio hay por lo menos dos hipótesis: una de ellas sostiene que la declaración de Penczansky no es más que una operación de la superbanda, que ya consiguió sacar a dos de sus miembros de unidades dependientes del SPF. "El preso dio datos sobre el juez que evidencian un trabajo de inteligencia, que pudo hacer gente de la superbanda", especulan. La otra hipótesis contempla la participación de guardiacárceles en la operación.

  --¿Por qué, si no están convencidos, descabezan al SPF? --preguntó este diario.

  --Porque la repercusión por la denuncia la hacía insostenible. Ayala había dicho públicamente que la salida de presos era imposible. Y eso demostraba que no estaba dispuesto a investigar. Tenía que irse --respondió la fuente.

  Ayala prefirió irse antes de que lo echen: a primera hora anunció su renuncia indeclinable. Un casete que había llegado en forma anónima a manos de Bullrich lo involucraba en negociaciones con detenidos pesos pesado de Caseros, para trasladarlo a Devoto a fin de controlar la situación interna de ese penal. "El propio Ayala admitió que esa negociación había existido. El dice que es tan normal como la que establece la policía con los informantes", dijo a este diario una fuente del Gobierno. Pese a que se había iniciado un sumario por ese hecho, el ministro Gil Lavedra le agradeció ayer, en su despedida, por "la colaboración prestada en su gestión".  

 

Preocupación de los jueces

Todos los jueces penales de instrucción se solidarizaron ayer con su colega Alberto Baños a raíz de la denuncia de un complot entre presos y guardiacárceles para asesinarlo. A través de un documento que será elevado hoy a la Cámara del Crimen, los jueces manifestaron su "preocupación" por las "irregularidades" detectadas en el Servicio Penitenciario Federal.

  El texto suscripto por 46 magistrados --la totalidad de los jueces del fuero, excepto Baños--, expresa el "apoyo irrestricto al colega Alberto Baños" y pide a la Cámara que "tome las medidas pertinentes para investigar las irregularidades", ya que consideran inadmisible que "presos que deberían estar en prisión entren y salgan de las cárceles sin conocimiento ni autorización de los magistrados".

  El documento dedica un apartado especial a la "falta de control sobre el Servicio Penitenciario Federal", al que además acusaron de "no tomar debida atención respecto del contralor de las personas que allí se encuentran alojadas". La reunión de los jueces se había iniciado el viernes pero, ante algunas diferencias, se pasó a un cuarto intermedio hasta ayer. En esa ocasión se impuso la postura de emitir el documento con premura, "para no demorar más la respuesta que la sociedad está esperando respecto de la situación del juez Baños y, por extensión, de todo el Poder Judicial".


"Los canas ofrecen merca o que salgas a robar"

Un preso denunció ayer ante un fiscal que en los penales bonaerenses se sale a robar y los penitenciarios eligen los blancos.

Por Carlos Rodríguez
"No quiero volver a las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense, tengo miedo de que me maten." El pedido de auxilio, formalizado ayer ante la Justicia de San Isidro, lo hizo un preso que, con apenas 22 años, ha recorrido ya todas las unidades penitenciarias bonaerenses y ha conocido a fondo sus posibilidades, desde las salidas non sanctas para robar "blancos señalados por los propios penitenciarios", hasta "la compraventa de cocaína". Según él, comprar droga es más fácil que en la calle: "Vas, la pedís y, si tenés plata, un reloj, una cadena de oro, te la dan". El detenido, cuyo nombre es mantenido en reserva por cuestiones de seguridad, le aseguró a Página/12, en una entrevista previa a la presentación de su denuncia ante el fiscal de San Isidro Martín Mateo, que en la cárcel hay dos opciones: "O sos buchón de la cana --se refiere a los guardias-- o tu vida corre peligro". Sostuvo que varios de los presos que salen a robar los fines de semana, "luego aparecen muertos y nadie se entera de que debían estar en la cárcel".  Tras la denuncia, el preso fue trasladado a una comisaría.         

  Mientras amasaba un recorte de la revista Gente, donde se habla del ataque que sufrió en prisión un interno amigo suyo, Daniel Marcelo Cervera, el detenido dijo estar preocupado: "A él le pegaron un puntazo en el cuello y se salvó, pero a mí me van a matar". El preso, que pasó su primera noche en Olmos en la primavera de 1996, luego de haber conocido por dentro varios institutos de menores, hizo un rápido aprendizaje: "En la cárcel te tenés que cuidar hasta el culo y si no lo hacés, sos mula (sirvienta) de tus compañeros o buchón del servicio penitenciario".

  El entrevistado, que desde chico sufre ataques de epilepsia, afirmó que consigue el Rohypnol sin necesidad de ver a un médico y sin la doble receta con que se expende ese tranquilizante. "Con plata, en la cárcel conseguís lo que querés: una visita íntima, psicofármacos, cocaína, marihuana y salidas transitorias por izquierda". Afirma que una vez que se entra en ese circuito "en cualquier momento viene un penitenciario, te da unas cuantas dosis de lo que precisa algún preso y te ordena: 'Enpastillalo a Giménez y tirámelo del tercer piso para abajo'".

  El preso cuenta que aceptó la transa por pastillas de Rohypnol porque de noche no puede "pegar un ojo" y también sufre de convulsiones, pero aseguró que se niega a los otros pasos del circuito obligatorio. "Por eso en los traslados me sacan de la celda entre cuatro o cinco y de los pelos, me meten los dedos en la nariz". El preso se levanta las mangas del suéter y muestra ocho cicatrices, grandes, como tatuajes, que se reparten por igual en cada brazo. "Algunas veces me cortó la cana (los guardiacárceles) y otras heridas me las hice yo para poder gritarles: 'Tengo sida' y eso los hace salir rajando."        

  El entrevistado dice haber ocupado, en varias cárceles, el cargo "limpieza", una función que lo convierte en "responsable de un pabellón donde hay 150 pintas" (personas). "Lo bueno --afirma-- es que puedo organizar las cosas para que haya un poco de justicia interna. Lo malo es que cualquier cosa que pase, hasta la desaparición de ropa o cualquier boludez, el que la liga es el de 'limpieza'."     

  Según su denuncia, cuando estaba en la Unidad 9 de La Plata se enteró por uno de los guardias de que "por cinco mil dólares" podía obtener una libertad en el mercado negro. Sostiene que "las maniobras se arman entre el servicio penitenciario y algunos jueces toman parte y resuelven las cosas. Los presos con plata obtienen la libertad condicional, un arresto domiciliario o salidas laborales, según la guita que acerquen". Afirma que su amigo Daniel Marcelo Cervera, cuando todavía estaba libre, "negoció la libertad de un hermano suyo, que estaba en la U-9, con el ex juez Eugenio Alsina", el mismo que después fue destituido por sacar presos "por izquierda".

  "A Daniel lo detuvieron poco tiempo después porque terminó denunciándolo a Alsina", aseguró el preso de identidad reservada. "Fue un vuelto que le reclamaron", sostuvo. Lo detuvo la Brigada de La Plata, que según afirmó Cervera "le puso un arma de guerra en el auto y lo involucró en el robo a un banco". Cervera denunció el caso, por teléfono, a la revista Gente, y poco después "otro preso le pegó una puñalada en el cuello, pero es seguro que fue una orden del servicio penitenciario".

  La libertad por "dos o tres días", de viernes a domingo, "puede costar entre 200 y 300 pesos", puntualizó el detenido. En la cárcel de Junín, cuenta, "uno de los que salía siempre a robar era Miguel Angel Ledesma. Yo le decía que no entrara en el juego, pero él me contestaba: 'Con cada salida hago diferencia y eso me conviene'. Un día no regresó, lo 'boletearon' en Ciudadela y nadie se enteró de que ese día tenía que estar en cana". Otro que salía era un interno de apellido Silva, en la cárcel de Mercedes: "No sé muy bien qué pasó, pero una noche otro preso le puso una puñalada en el corazón. Se dijo que fue durante una pelea, pero hay olor a la cana".

  El detenido, que nació y vivió en la villa La Cava, está condenado a 15 años de prisión por "homicidio en ocasión de robo". Su relación con los guardias del Servicio Penitenciario Bonaerense se tensó luego del episodio con Cervera. En estos momentos, amparado por la Justicia, está alojado en una comisaría de la zona norte del Gran Buenos Aires, pero pronto tendrá que volver a Mercedes, a Olmos o a algún otro penal bonaerense. "Si tengo que ir, voy, ya estoy jugado, pero tengo miedo de que me maten. Los canas están siempre encima tuyo, ofreciéndote merca o que salgas a robar, y si vos te negás sos hombre muerto. Claro que si aceptás, eso tampoco te asegura que vayas a morir de viejo." 

 

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