|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Argentina".
Sólo el 3 por ciento opinó que el trabajo del Poder Judicial estaba
organizado. Del 97 por ciento restante, el 42 por ciento dijo que estaba
muy desorganizado, el 30 por ciento que desorganizado y el 25 por ciento
que poco organizado. Cuando se les preguntó sobre el perfil medio del
empleado del Poder Judicial, sobre 16 opciones las tres respuestas más
elegidas fueron Resignado, Individualista y Adaptativo y las siete menos
elegidas fueron Con espíritu de equipo, Dispuesto a ayudar, Aplicado,
Consciente, Dinámico, Emprendedor, Eficaz y Puntual. Sólo el 15 por
ciento dijo que permanecería en el Poder Judicial si recibiera un
ofrecimiento para cambiar de empleo en las mismas condiciones económicas.
Nueve de cada diez respondieron
que el sistema de promociones y ascensos era injusto y apenas uno de cada
tres se declaró satisfecho con su trabajo. Cuando se les inquirió por el
reconocimiento que tenían las tareas bien realizadas, sólo el 4 por
ciento dijo que tal cosa ocurría siempre. En cambio el 39 por ciento
respondió que nunca y el 35 por ciento que sólo a veces. Los autores
califican de sorprendentes las respuestas que obtuvieron al preguntar si
el régimen de trabajo alienta las conductas éticas. El 67 por ciento, es
decir dos de cada tres, contestaron que nunca se alientan conductas éticas
o que no lo saben y sólo el 5 por ciento dijo que ello era frecuente. No
es de sorprender entonces que tres de cada cuatro (76 por ciento)
confesara haber observado conductas incorrectas en el Poder Judicial. Las
más frecuentes fueron la delegación indebida de tareas, el
incumplimiento del horario, el mal uso de los fondos, la aceptación de
regalos de terceros, las mentiras a los superiores y los conflictos de
intereses.
Pero sólo el 41 por ciento
denunció la existencia de estas conductas antiéticas y en su mayoría
recibió respuestas insatisfactorias. En una de cada tres denuncias,
"no pasó nada". Quienes prefirieron abstenerse de denunciar las
conductas incorrectas que presenciaron lo atribuyeron a falta de confianza
en la organización, imposibilidad de que se tomen medidas correctivas y
temor a represalias o castigos. Incluso cuando las preguntas giraron sobre
el propio desempeño, las respuestas dibujaron un panorama sombrío. Dos
de cada tres dijeron que en el horario judicial realizan tareas ajenas a
su trabajo y uno de cada tres consideró que su propio desempeño era poco
o nada eficaz. Más de la mitad de los encuestados (el 53 por ciento)
considera que en los últimos seis meses la organización empeoró. La doctora Piaggi de Vanossi dirigió un equipo que también integraron las sociólogas Liliana Raminger y Natalia Calcagno; el contador Ricardo Dealecsandris, el especialista en sistemas Martín Gershanik y abogados Germán Garavano, María Fernanda Lesch y Milena Ricci. De la investigación "se infiere que el personal del Poder Judicial se define como resignado, individualista y adaptativo, un 70 por ciento realiza otras tareas más allá de las específicas; un 88 por ciento ve el sistema de promoción como injusto; sólo un 31 por ciento dice estar satisfecho con su trabajo y únicamente un 4 por ciento siente que es reconocido ante las tareas bien realizadas. El 63 por ciento declara que la imagen del Poder Judicial no se cuida y el 77 por ciento dice que no se alienta el comportamiento ético". En el prefacio del libro que contiene la investigación, Julio César Cueto Rúa sostiene que "la seguridad jurídica se frustra por autodestrucción interactiva, provocada por ilicitud, impunidad y sus inadecuados recursos humanos y económicos". La investigación destinada a diagnosticar las deficiencias estructurales del Poder Judicial y cómo inciden en el desarrollo y la competitividad de la Argentina, se desarrolló a lo largo de dos años. Detectó lo que su directora llama "una densa situación de inseguridad y crisis de legalidad". La sociedad, dice, "parece cloroformada por la reiteración de hechos de corrupción, y en lugar de repudiarlos en forma unánime, permanece en una actitud mayoritariamente pasiva". Es fácil de percibir la "tendencia general a la ilegalidad, la anomia y la falta de transparencia", que no es privativa de los gobierno de facto. "Se presenta también con los regímenes de jure y no es patrimonio de un sólo partido". El hecho novedoso, añade, "es que en algunos casos participan simultáneamente en el operativo de corrupción personajes del gobierno y de la oposición". Esto tiene "un significado institucional gravísimo, porque cuando la comunidad advierte esta situación de aparcería en que coparticipan gobierno y oposición, se enfrenta a la falta de alternativa". Luego de destacar "el vínculo entre el funcionamiento institucional y el crecimiento económico", la directora de la investigación concluye que para lograr mayor transparencia es necesario investigar sobre "la razón y el origen de la inusual impunidad existente", ya que "la falta de castigo de quien delinque es más grave que el crimen mismo, porque descarta su riesgo y en consecuencia invita a repetirlo".
|
