Por Carlos Rodríguez
 Por lo menos uno de los cincuenta hombres que integran el Departamento de Inteligencia Penitenciaria, con sede en el barrio de Flores, está en la mira de la investigación sobre el complot que habría puesto en peligro la vida del juez Alberto Baños. En un allanamiento ordenado por la jueza Susana Wilma López, que investiga el caso, la búsqueda se centró sobre un miembro del personal al que se conoce como Coqui, sospechado de haber realizado el seguimiento de las actividades del juez, narradas luego al magistrado por el preso Alejandro Penczansky, denunciante del presunto complot. En el operativo también se buscó, sin éxito, una camioneta Trafic de color blanca que habría sido utilizada por los detenidos en las salidas clandestinas facilitadas, según la denuncia, por guardiacárceles. Baños, en declaraciones a la prensa, admitió que son �algunos integrantes del Servicio Penitenciario los que, evidentemente, pueden estar involucrados, pero no creo que se pueda culpar a la institución�.
Como ya informó Página/12, Penczansky habría mencionado los nombres de por lo menos cuatro penitenciarios supuestamente involucrados en la amenaza que pesaba sobre Baños y la secretaria del Juzgado Nº 27, María Fernanda Martínez. Uno de los hombres sería el tal Coqui, por quien preguntó insistentemente el personal del Juzgado Nº 38, a cargo de la doctora López, cuando allanó el lunes la sede de inteligencia ubicada en la calle Varela, a pocas cuadras de la Plaza Flores.
El procedimiento, que recién se conoció ayer, justificaría la decisión del ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, de remover la cúpula del Departamento de Inteligencia, medida adoptada el domingo, a poco de regresar de Viena, donde participó de un congreso internacional sobre política penitenciaria. Los removidos fueron el alcaide mayor Hugo Enrique Reinoso, jefe de esa dependencia, y otros seis funcionarios del más alto nivel. En su momento se dijo que las razones de la medida fue �la ineficacia de la gente de inteligencia, que no hizo nada para prever lo que fue denunciado ante la Justicia�. A eso se sumó el hecho de haber una denuncia concreta contra los de inteligencia.
Ayer, la secretaria de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Patricia Bullrich, le aclaró a Página/12 que desde enero pasado tenía conocimiento de la existencia de una investigación de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) que involucraba al ex titular del Servicio Penitenciario Federal Alfredo Ayala en la liberación irregular de presos en Caseros y en Devoto. Este diario dio a conocer el domingo esas escuchas que comprometen a Ayala. Bullrich difundió una copia de la nota que le envió, el 25 de enero pasado, al fiscal de control administrativo de la Oficina Anticorrupción, José Massoni.
Junto con el escrito, Bullrich le envió al fiscal un casette grabado de un solo lado que contiene �escuchas telefónicas realizadas en una unidad� del SPF. La secretaria remitió la prueba para que Massoni realizara �las actuaciones administrativas que correspondan�. La grabación fue enviada luego por el fiscal al juez Ismael Muratorio, lo que determinó la apertura de la causa 35.201.
En declaraciones a Radio Continental, el juez Alberto Baños ratificó ayer que la denuncia que le hizo Penczansky es �muy precisa en algunos aspectos�. Puntualizó que esa precisión fue la que le hizo creer en la veracidad del supuesto complot en su contra. También contribuyó el hecho de haber recibido la declaración, en igual sentido, de �otros detenidos� y la certeza de que todo había sido corroborado �con pruebas objetivas�.
Aclaró que su opinión es que en el caso que lo afecta están involucrados �algunos integrantes del Servicio Penitenciario�, aunque eso �no significa una responsabilización de tipo institucional�. Y recalcó: �Yo creo en las instituciones de la República y pienso que los que están fallando son los hombres�. Después elogió la decisión del Gobierno de designar a Juan Pedro Develliuk como nuevo titular del SPF. �Lo conocí cuando estuvo al frentede la Alcaidía del Palacio de Tribunales y sé que hizo una excelente gestión�, aseguró el magistrado.
Sobre el problema carcelario general, Baños consideró que �la magnitud del problema� existente hace prever �la imposibilidad de una solución mágica en el corto plazo�, lo que obliga �sostuvo� a emprender �una lucha permanente y sostenida para terminar con cualquier foco de corrupción que se vaya detectando�. Como prueba fundamental de la veracidad de la denuncia recibida, Baños mencionó la aparición de tres armas ocultas en tres celdas de la cárcel de Caseros. El magistrado, ante una consulta, confirmó: �Se supone que en el ingreso a la cárcel tiene que haber un detector de metales y que existen requisas. Por eso no es de esperar una justificación atendible sobre la existencia de armas en una unidad penitenciaria�.
| También en Entre Ríos
El jefe del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Nicolás Haddad, ordenó, apenas unos días después de asumir en el cargo, el pase a disponibilidad de los siete oficiales de la plana mayor de la fuerza, a quienes responsabilizó de haber �alentado� numerosos motines y protestas en cárceles provinciales, entre ellos el motín que se desarrolló el mes pasado en Paraná. Admitió, además, que podría haber existido connivencia entre las ex autoridades del Servicio y algunos internos que gozaban del beneficio de salidas transitorias.
Haddad, un efectivo de la fuerza que ya había ocupado el máximo puesto del Servicio Penitenciario provincial, se encontraba retirado hasta su designación el pasado jueves. En declaraciones a la prensa culpó a su antecesor de haber cometido el error de no sacar del servicio activo a los siete efectivos. Y aseguró al respecto del régimen de salidas con la complicidad de los ex oficiales, �que hay algunos casos que así lo indican�.21:45
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| Casanovas responde al preso
�No descarto el ingreso ilegal de drogas a las cárceles�, admitió el ministro de Justicia bonaerense, Jorge Casanovas, quien restó veracidad a las denuncias �que investiga la Justicia� sobre salidas ilegales de presos para robar, con la conformidad del Servicio Penitenciario tanto provincial como nacional. �Es poco creíble que un delincuente de envergadura salga a robar y regrese a la cárcel, falta decir que antes de volver a la prisión pasa por una iglesia a confesarse y a tomar la comunión�, ironizó el funcionario bonaerense, quien se refirió a la nota publicada ayer por Página/12, en la cual un preso denunció que esos hechos ocurren en las prisiones de la provincia. La denuncia fue presentada luego ante un fiscal.
Sobre la entrada de droga a las cárceles, Casanovas reconoció que �suelen aparecer casos e inconvenientes de ese tipo, como el que tuvimos en Mar del Plata, donde el fiscal general nos planteó que se había resuelto una suerte de hábeas corpus de prohibición de requisa en favor de una mujer, quien bien podría haber introducido narcóticos� a la cárcel. Sobre las denuncias del preso, aunque dudó en parte de la veracidad, dijo que ordenó al subsecretario de Justicia, Carlos Martínez, que iniciara �un sumario administrativo�. Por último recordó que �ya tiene dos cuerpos� la investigación de la denuncia del presidente de la Cámara de Casación provincial, Federico Domínguez, sobre 17 casos de presos que salieron de la cárcel con permisos especiales y nunca volvieron. |
EL NUEVO JEFE DEL SPF RECONOCE IRREGULARIDADES
�Pueden existir violaciones�
El flamante jefe del Servicio Penitenciario Federal, Juan Pedro Develliuk, admitió que �pueden existir� casos de violación de presos que recién ingresan en la prisión, y que �en muchos casos se han encontrado drogas y armas� dentro de los penales, aunque vinculó estos hechos con �fallas en los controles� y no con casos de corrupción protagonizados por guardiacárceles. De todas formas, Develliuk reconoció que las denuncias contra el SPF son �graves� y anunció que se pondrá a disposición de la Justicia: hoy mismo concurrirá a Tribunales junto a la secretaria de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Patricia Bullrich, para entrevistarse con los jueces Alberto Baños y Susana López, quienes investigan denuncias contra personal penitenciario.
�Tenemos controles que a veces fallan, esto lo puedo asegurar. En muchas oportunidades se han encontrado armas y en otras ocasiones, drogas�, admitió Develliuk, en declaraciones radiales. �Es probable que muchas veces la entrada de estupefacientes no sea detectada por nosotros, pero son fallas de los controles o que por razones de medios técnicos no podemos detectar�, justificó el jefe del SPF.
Develliuk, un abogado misionero retirado del SPF que fue reconvocado para hacerse cargo del servicio, asumió el lunes y ayer se dedicó a recorrer unidades penales junto a Patricia Bullrich. Ambos estuvieron en la Unidad 2 de Villa Devoto, donde una comisión de internos les entregó un petitorio dirigido al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Gil Lavedra, en el que reclaman básicamente, la aceleración de sus causas penales.
Al ser consultado sobre posibles violaciones a presos que recién ingresan en la cárcel, Develliuk sostuvo en principio que �no creo que sea tan así�. Aunque después admitió que �existen casos así, no digo que no�. �Pueden existir, pero no lo tome como una norma o como algo regular�, agregó.
Con respecto de la denuncia sobre la salida irregular de presos con la complicidad de personal del SPF, Develliuk afirmó: �No estoy en condiciones de precisar si esas supuestas irregularidades existieron o no. Porque hacer una opinión apresurada entorpecería el curso de la investigación�.
Bullrich también admitió haber recibido denuncias sobre presos que pagan coimas para recibir algunos beneficios y aseguró: �Tenemos que generar un control más estricto para evitar esas situaciones�. En ese sentido la funcionaria precisó a Página/12 que en las últimas semanas fueron desplazados dos jefes de sus cargos, por denuncias de irregularidades: �Uno es el subdirector de la Unidad 7 del Chaco, acusado por el director por llevarse materiales del penal a su casa, y el otro, un funcionario vinculado al área administrativa de Complejo Penitenciario I de Ezeiza�, precisó.
El jefe de la cárcel chaqueña, Mario Adorno, dejará ese cargo para integrarse a la nueva conducción del SPF. Juan Cid, hasta ayer titular de la cárcel de Caseros, también fue promovido a la conducción de la fuerza. La lista se completa con Juan Alberto Alamo, un licenciado en administración de empresas que estará a cargo de la dirección administrativa. Por otra parte, Carlos Alberto Luzuk ocupará el cargo que Cid deja vacante al frente de Caseros. Y en Devoto, Roberto Barboza reemplazará a Edgardo Varela, que asumió el lunes como subdirector del SPF.
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