Por José Natanson
 La
reforma laboral le causa problemas cada vez mayores al Gobierno. En la
madrugada de ayer, la Policía Federal cargó contra los militantes
sindicales de Hugo Moyano que se encontraban cerca del Congreso, dejando
30 heridos, cuatro de ellos de bala, y lastimando al sindicalista Julio
Piumato, que fue operado. El costo para el oficialismo fue doble. Por un
lado, el bloque de senadores del PJ utilizó la represión como argumento
para impedir el tratamiento de la ley. Por otro, Federico Storani tuvo que
salir a explicar las salvajadas policiales y ordenó el pase a
disponibilidad de 12 efectivos.
Todo comenzó a las diez de la noche del martes, cuando los funcionarios
de Interior se enteraron de las intenciones de Moyano a través de los
legisladores del PJ, quienes comentaron que el sindicalista rebelde había
decidido movilizar a los camioneros para impedir el tratamiento de la ley.
Storani informó inmediatamente al Presidente, mientras recibía informes
de la Policía Federal sobre una serie de movimientos: la concentración
frente al Congreso, piquetes para impedir la recolección de basura y
bloqueos en los accesos de combustible.
A las 2.50 de la madrugada, la Policía Federal recibió un oficio de la
Fiscalía Contravencional Nº 7. Veinticinco minutos después comenzaba la
represión, que derivó en 30 manifestantes heridos, cuatro de bala, 49
detenidos y cuatro policías con contusiones. Hubo heridos con balas de
plomo, entre ellos Piumato (ver página 2).
Las imágenes sobre la brutalidad de la Federal ya habían sido
profusamente transmitidas por la televisión cuando Storani llegó a la
Casa Rosada, poco antes de las ocho de la mañana, y se reunió con Rubén
Santos, quien trazó un cuadro de situación e informó que eran 12 los
policías que aparecían como los directamente responsables. Poco
después, Storani recibió un llamado de De la Rúa, con el que ya había
hablado en un par de oportunidades. Preocupado, el Presidente quiso saber
el estado de los heridos, aceptó la decisión del ministro de presentarse
el lunes en el Congreso, y escuchó las explicaciones que Storani
repetiría un rato más tarde en la conferencia de prensa.
�Fue brutal y salvaje. Lamento que se hayan producido heridos�, dijo
Storani. �El operativo fue un fracaso�, completó Santos. Y aclaró
que los doce policías que reprimieron brutalmente fueron pasados a
disponibilidad y que se investiga la utilización de una navaja y de armas
de fuego.
De todos modos, a continuación Storani trazó lo que después se
convertiría en la explicación oficial: la orden de desalojo no partió
del Ministerio sino de la Fiscalía y fueron sólo doce los policías que
cometieron �excesos�.
�El objetivo �dijo el ministro� fue evitar un intento de copamiento
del Congreso. Se pretendía bloquear todos los accesos para impedir el
ingreso de los legisladores que debían sesionar la reforma laboral. Este
sindicalismo no tiene derecho a impedir el funcionamiento de las
instituciones por vías intimidatorias y violentas. Hay que separar las
cosas: una cosa es la protesta legítima y otra la intimidación�
Sin embargo, ni Storani ni Santos lograron explicar dos datos básicos:
u ¿Por qué, si el Gobierno conocía desde las diez de la noche las
intenciones de Moyano, no ordenó previamente un operativo, instalando
vallas y un cordón policial para evitar la represión?
u ¿Por qué, si la reforma laboral y los intentos del sindicalismo
rebelde por frenarla constituyen la principal preocupación oficial, el
Gobierno delegó en un inspector de Infantería el comando de semejante
operativo?
Más allá de las declaraciones, lo cierto es que ayer circularon otras
hipótesis. Una alta fuente de Interior aseguró a Página/12 que Santos
sospecha que las salvajadas podrían haber sido impulsadas por
sectoresdesplazados de la Policía, resistentes al espíritu contrario a
la tolerancia cero encarnado por el jefe de la Federal.
Como suele ocurrir, el saldo negativo reavivó los tironeos entre los
funcionarios. Luego de la conferencia de prensa, Storani intentó en
varias oportunidades comunicarse con Enrique Mathov, quien no respondió
sus llamados �ni los de Santos� hasta la noche. El ministro ha tenido
desde el comienzo de su gestión varios encontronazos con el secretario de
Seguridad, un hombre que reporta directamente a De la Rúa, al que acusa
de encarnar posturas más cercanas a las de Carlos Ruckauf que a las de la
Alianza. Los dos funcionarios son los máximos jefes de la Policía y
quienes cargaron con la responsabilidad política del desastroso
operativo.
Fue un día difícil para el Gobierno. El costo político que deberá
pagar la Alianza es evidente, similar al que en su momento generó la
represión en Corrientes. Esta vez, además, viene acompañado por otro
dato ineludible: la brutalidad policial fue la causa por la que el bloque
de senadores del PJ impidió el tratamiento de la ley (ver nota aparte).
�Fue un desastre �admitió un funcionario en la Casa Rosada� habría
que haber evitado la represión, porque en los dos casos hubiéramos
ganado: la imagen de Moyano impidiendo la entrada de los senadores hubiera
sido beneficiosa para nosotros. En caso contrario, si los sindicalistas
despejaban el Congreso, tendríamos la ley sancionada�.
La reforma laboral es la iniciativa que más conflictos le generó al
Gobierno. El oficialismo comenzó enfrentándose a la CGT, a punto tal que
logró la división de la central obrera. Sin embargo, a último momento
la actitud desafiante se modificó: De la Rúa consensuó, se fotografió
sonriente con un puñado de gremialistas y pagó el costo de aparecer
cerca de los denostados capos sindicales. Finalmente, el Gobierno volvió
a virar: retomó la confrontación, difundió un spot en el que mostraba a
unos gremialistas de aspecto temible y volvió a tensar la cuerda con la
CGT, al tiempo que negociaba con los senadores del PJ.
Al cierre de esta edición, el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, y
el presidente provisional del Senado, José Genoud, cenaban en la Quinta
de Olivos con De la Rúa para analizar el futuro de la ley que más
problemas le trae al Gobierno.
FLAMARIQUE RETO A SU BANCADA
El halcón y las palomas
Por F.Y.
�Esto no es lo que acordamos. Es preciso volver a la letra original del
dictamen de Diputados�, dijo con firmeza el ministro de Trabajo, Alberto
Flamarique, a los senadores de la Alianza desbaratando las modificaciones
a la reforma laboral que habían acordado con sus pares justicialistas.
Eran las diez de la mañana. Al mismo tiempo, los representantes del PJ
anunciaban que la feroz represión que se produjo frente al Congreso los
obligaba a suspender el tratamiento de la reforma laboral.
La situación interna del bloque de la Alianza no es precisamente calma.
El vicepresidente provisional del Senado, José Genoud, no logra �según
reconocieron varios senadores radicales� que la tropa �escuche y acate
sin chistar las órdenes que baja Gobierno�. Eso es lo que recriminó
Flamarique a los senadores aliancistas. El ministro no aceptó las
modificaciones que se incorporaron al dictamen poco antes de que diera
comienzo la represión de la madrugada de ayer. Se negó rotundamente a
aceptar el agregado de una cláusula que resguarde a los trabajadores de
una rebaja salarial en el marco de las nuevas negociaciones salariales,
según reconoció un senador radical.
Uno de los más sorprendidos por la reacción de Flamarique fue el
viceministro de Trabajo, Jorge Sappia, quien había participado incluso de
la redacción del dictamen que se acordó con el PJ.
Entre los justicialistas también hay problemas. El titular del bloque,
Augusto Alasino, se jacta de haber logrado que el líder sindical, Hugo
Moyano, acepte participar de una mesa para analizar las alternativas del
proyecto. Mientras tanto, los menemistas del bloque, con Carlos Corach,
Eduardo Bauzá y Eduardo Menem a la cabeza, cuestionan que Alasino acepte
las imposiciones del titular de la CGT disidente y presionan para que se
apruebe la ley. El lunes se reanudarán las negociaciones. Nadie osa
asegurar que la ley será tratada la próxima semana.
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OPINION
Por Horacio Verbitsky |
| Pobreza y terrorismo
Apenas horas después de la represión a los manifestantes sindicales en Plaza Congreso, que el ministro del Interior, Federico Storani, calificó de �brutal y salvaje�, tres diputados nacionales presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre los preparativos para la actuación militar ante conflictos sociales. La solicitud fue suscripta por los legisladores de la Alianza Elisa Carrió (UCR) y Alfredo Bravo (PSD-Frepaso) y por el opositor Jorge Busti (PJ) y también inquiere por la designación como segundo de la Secretaría de Inteligencia del Poder Ejecutivo del general Ernesto Juan Bossi, el teórico del atropello a las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior, que prohíben ese tipo de actuación castrense. Busti, quien permanecerá hasta el lunes en su provincia, Entre Ríos, transmitió en forma telefónica su firma al proyecto de Carrió y Bravo.Los legisladores preguntan si el ministro de Defensa Ricardo López Murphy, al inaugurar el Curso Superior de las Fuerzas Armadas, enumeró como �nuevas amenazas� que se cernirían sobre la sociedad, la pobreza extrema, la superpoblación y las migraciones masivas, el terrorismo internacional, el narcotráfico, el fundamentalismo religioso y las luchas étnicas y raciales. También quieren saber si López Murphy agregó que estas �nuevas amenazas� revalorizaron el poder militar �dentro de las estructuras de las naciones, al tener que asumir nuevos roles y compromisos en el orden nacional. ¿Cómo se explica la inclusión de la pobreza junto con el terrorismo internacional?�, dicen Carrió, Bravo y Busti.Al referirse al general Bossi, los diputados procuran saber si distribuyó en la Central Nacional de Inteligencia un documento titulado �Lucha contra las Narcoacciones�, según el cual las Fuerzas Armadas pueden actuar en cuestiones de seguridad interior para combatir el narcotráfico y el terrorismo. Igual que el discurso de López Murphy, el documento de Bossi fue publicado aquí el domingo. Bossi habría realizado �las siguientes interpretaciones respecto de la actuación militar en el ámbito nacional�, enumeran:u �Como el narcotráfico trasciende lo policial para ser considerado una amenaza a la seguridad de los estados es necesaria una respuesta a nivel de Defensa tanto en el marco nacional, como regional y hemisférico�.u �La solución de este conflicto en el continente exige el liderazgo de los Estados Unidos, que decidirá el modo de acción, con esfuerzos principales y secundarios�.Carrió, Bravo y Busti también inquieren al Poder Ejecutivo si Bossi cumple funciones de titular de la Central Nacional de inteligencia (CNI) y es responsable de Inteligencia Exterior de la SIDE �aun cuando no existe designación formal�. El jefe de la SIDE, Fernando de Santibañes negó que Bossi desempeñara esas tareas, pero nadie en el gobierno ignora que el general, con despacho en el edificio de la SIDE a media cuadra de la Casa Rosada, es quien confecciona la agenda y cita a los participantes a las reuniones de la CNI. Además, quieren saber cuál es la situación procesal de Bossi en la causa por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador. El fiscal Carlos Stornelli pidió su procesamiento por tratar de engañar a la Justicia y entregar documentos oficiales falsificados con el propósito de encubrir a la asociación ilícita responsable de la exportación ilegal.De este modo comienza a levantarse el velo sobre la porción clandestina del Estado que al unir la Defensa y la Seguridad, que las leyes respectivas separaron en forma tajante, intenta recrear la nefasta Doctrina de la Seguridad Nacional. Es difícil imaginar un momento más oportuno que el oprobioso día de ayer. |
La Federal metió bala
y hasta esgrimió una navaja
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De madrugada, la policía desató una feroz represión contra unos pocos centenares de manifestantes. Hubo treinta heridos, incluidos cuatro de bala. Uno de ellos fue el secretario de Judiciales.
Escena del mediodía cuando los policías fueron
agredidos.
De madrugada fue la Federal la que realizó un brutal despliegue. |
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Por Fernando Almirón
A las tres y media de
la mañana de ayer, ocho policías rodearon a un joven caído en las
cercanías del Congreso. Lo golpearon con las culatas de sus escopetas, los
largos bastones de madera y lo patearon con las puntas de los borceguíes.
Uno de los uniformados sacó una navaja con la que tajeó la campera de la
víctima, a quien después apenas lograron poner en pie para meterla en un
celular. A una cuadra de distancia el secretario general de los judiciales,
Julio Piumato, recibió un balazo en sus genitales cuando se acercaba al
lugar, justo cuando comenzó la represión sobre los manifestantes de la CGT
disidente que se encontraban sobre la Plaza de los Dos Congresos para
manifestarse contra la aprobación de la ley de reforma laboral. Al menos
otras cuatro personas resultaron heridas con balas de plomo. �Los disparos
provenían del sector controlado por la policía�, aseguró el dirigente
de los judiciales. Otros 30 activistas debieron ser atendidos en diversos
hospitales por las heridas recibidas durante la feroz avanzada de la Guardia
de infantería.
La noche del día anterior, después de reunirse con el bloque de Senadores
del PJ que les confesó que la ley sería tratada durante la sesión de
ayer, la conducción de la CGT disidente llamó a un paro de actividades y
convocó a los dirigentes sindicales a establecer desde ese mismo instante
una vigilia en las puertas del Congreso. Los camioneros de Hugo Moyano
conformaron el grueso de unas trescientas personas que hicieron base en la
Plaza de los Dos Congresos desde las diez de la noche del martes amenazando
con �sitiar� el Parlamento para evitar que se vote la polémica norma.
Entre los manifestantes reunidos en torno de una �olla popular� se
encontraban alegres recolectores de residuos que desparramaron sobre la
avenida Entre Ríos las bolsas de basura que habían recogido antes de
acatar el cese de tareas decretado por la CGT rebelde. Los mismos militantes
colocaron horas después, en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos,
media docena de neumáticos a los que prendieron fuego.
Llovía y hacia frío. El jefe del operativo, comisario José Laino, se
acercó a los manifestantes para pedirles �muchachos, mejor apagamos el
fuego�. Los dirigentes de la CGT estaban en la plaza, entre ellos Saúl
Ubaldini, Piumato y el taxista Viviani. �Se decidió apagar el fuego de
las gomas�, narró a Página/12 el asesor legal del MTA, Héctor Recalde.
�A los 20 minutos vuelve el comisario �continuó Recalde� para
informarnos que los fiscales demandaban liberar dos carriles de la avenida
Ente Ríos, para dejar abierta la circulación.� Según el abogado
gremial, �como no pasaba nadie y nuestro objetivo era hacer el aguante
hasta que amaneciera, decidimos abrir los dos carriles que nos pedían�.
El cervecero Saúl Ubaldini asegura que pese a aceptar las demandas de la
policía, �el comisario Laino utilizó los altoparlantes de un patrullero
para decirnos que por orden judicial ahora debíamos abandonar la plaza�.
El taxista Viviani llamó por teléfono al secretario de Seguridad Interior,
Enrique Mathov, para ponerlo al tanto de la situación. El funcionario, que
desde las 23.30 estaba en permanente contacto con el presidente Fernando de
la Rúa, les respondió que el desalojo de la plaza era una decisión
judicial, y que nada podía hacer para evitar que la orden de la fiscal
Susana Giocco se llevara a cabo.
Según Ubaldini, �mientras estábamos deliberando sobre los pasos a tomar,
comenzaron a tirarnos gases, para después avanzar sobre nosotros a golpes
de bastones�. Los manifestantes comenzaron a huir por Entre Ríos hacia la
avenida Belgrano perseguidos por los efectivos policiales. Piumato caminaba
en sentido contrario. �Volvía de cambiarme de ropa en mi casa �contó�,
estaba a unos quince metros del lugar en el que un grupo de dirigentes de la
CGT le pedían a los gritos a la policía que no hiciera una locura cuando
comenzaron a lanzarnos gases lacrimógenos y sentí un dolor en la parte
baja. Pensé que se trataba de un casquillo de los gases, y empezamos a
correr.� A las cuatro cuadras el dirigente nota una manchade sangre en su
pantalón: una bala había acertado en sus genitales. Fue trasladado al
Hospital Británico donde fue dos veces intervenido para extraer el plomo y
las esquirlas que quedaron en su cuerpo.
�Me pegaron al mismo tiempo que comenzaron los gases, no sé si lo mío
fue obra de un francotirador. Yo estaba en un espacio abierto�, narró el
dirigente, quien desde el sanatorio en el que está internado agregó: �Tuve
la suerte que no tuvieron las dos víctimas de la represión en el puente
que une Resistencia con Corrientes a principio de diciembre, quienes
murieron bajo esa misma bala�. Para los dirigentes cegetistas resulta
llamativo que todos los disparos hayan alcanzado a sus víctimas de la
cintura para abajo. El de Piumato en los genitales, los otros dieron en una
nalga, en una rodilla y en los dedos de un pie, �como si alguien hubiera
apuntado para herir sin matar�, sugirieron.
Durante el mediodía, unos dos mil manifestantes llegaron hasta las puertas
del Congreso para repudiar la ley de reforma laboral y la represión de la
madrugada. En esa ocasión los agresores fueron los manifestantes y las
víctimas fueron dos policías que se encontraban detrás de las vallas.
El saldo de la jornada: 49 detenidos; 30 manifestantes heridos, cinco de
ellos de bala; 4 policías con contusiones; y 12 efectivos de la Guardia de
Infantería pasados a disponibilidad por el jefe de la fuerza, Rubén
Santos, quien aseguró: �El operativo fue un fracaso� (ver páginas 4 y
5).
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OTRAS VOCES |
| Alfredo Leuco (periodista)
�Al Gobierno le están explotando los problemas en la cara. No
hace prevención, le sobra marketing y le falta política. Está
caminando detrás de los problemas. Para que se hayan generado estas
imágenes absolutamente del pasado, contribuyó la irresponsabilidad
del gremio de los camioneros que juega siempre al límite,
provocando también a la policía. De la Rúa subestima la crisis
social porque atiende otro tipo de problemas que no son urgentes.�
Magdalena Ruiz Guiñazú (periodista)
�La represión nunca se justifica. Tampoco se justifica la
agresión a los camioneros que querían ir a trabajar. La
Constitución Nacional ampara tanto el derecho a huelga como el de
aquellos que trabajan. No aceptar los derechos de unos y de otros es
una actitud antidemocrática. Es muy importante individualizar a los
polícias que reprimieron, que se vieron por la televisión.�
Román Lejtman (periodista)
�La democracia permite dirimir posiciones diferentes por medios
no violentos. El gobierno nacional debe dar un ejemplo concreto
castigando a aquellos que utilizaron la violencia. Si esto no
ocurre, la democracia retrocede.�
Nelson Castro (periodista)
�Me pareció lamentable. Me preocupó mucho el descontrol
policial y las imágenes que mostraron a la policía golpeando
brutalmente a personas ya detenidas, incluso utilizando una navaja,
arma no reglamentaria. Todos los cambios que se muestran desde el
discurso, son sólo eso: discurso. No está en los hechos.�
Luis Majul (periodista)
�Además de la rápida decisión de poner en disponibilidad a
los 12 policías el Gobierno va tener que lograr un control absoluto
de las fuerzas de seguridad. Si vuelve a producirse una situación
similar, el problema político será serio. Que haya sido herido un
dirigente sindical revela que no tienen dos dedos de frente, no
saben ni cómo ni a quiénes reprimen. Es un episodio gravísimo que
hace perder todo el efecto que tuvo el dramático llamado de De la
Rúa a pagar los impuestos.�
Carlos Menem (ex presidente)
�La represión policial nos retrotrae a la sangrienta época de
la dictadura. (...) Storani debe rendir cuentas de estas claras
violaciones a los derechos humanos al Congreso de la Nación, ya que
tiene como antecedentes las lamentables muertes en la provincia de
Corrientes.�
Aldo Rico (intendente de San Miguel)
�Nos repugna la actitud del gobierno nacional, cuando en la
madrugada del día de la fecha reprimió con fuerza desmesurada el
legítimo derecho de expresarse, que bien nos ganamos los
trabajadores que pertenecemos al más grande movimiento nacional de
nuestra historia.� |
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El
Gobierno pagó un enorme costo por la salvaje represión policial a
los gremialistas disidentes: hubo 30 heridos, cuatro de ellos de bala.