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Quiénes son los guardiacárceles
que dejaban salir a los presos

Página/12 accedió a los nombres de los penitenciarios sospechados. Tres fueron dados de baja, pero nunca investigados.

Las nuevas autoridades penitenciarias se entrevistaron con el juez
Baños trazó un panorama �bastante grave� de la situación.


Por Carlos Rodríguez

t.gif (862 bytes) Mientras la investigación sobre el presunto complot contra el juez Alberto Baños sigue acumulando testimonios que no terminan de aclarar los interrogantes del caso, la causa por el intento de robo contra el restaurante Dolli, que desnudó la existencia de salidas clandestinas de presos para cometer delitos, está cada vez más avanzada y Página/12 tuvo acceso a los nombres de cuatro penitenciarios sospechados de participar en esas maniobras. Tres de los guardiacárceles investigados por Baños porque habrían posibilitado la salida de Caseros del preso Alejandro Héber Núñez, uno de los autores del robo, son los responsables de la guardia interna del 18 de julio de 1998, Hugo Luis Cabello, Pedro Norberto Encina y Antonio Darío Arriola. Los tres fueron dados de baja hace unos meses, pero recién ahora están siendo investigados a fondo. El cuarto involucrado es Cristian Alberto Franco, alias �El Sapo�, detenido por otra causa en el penal de Olmos y quien podría ser el autor de la muerte del policía Rubén Juárez, de guardia esa noche en el restaurante Dolli. 
La jueza Susana Wilma López, quien investiga el supuesto complot para matar a Baños y a su secretaria, María Fernanda Martínez, citó a prestar declaración a por lo menos tres detenidos. Todos fueron señalados por el preso Alejandro Penczansky como testigos que pueden acreditar su denuncia sobre la existencia de una maniobra de inteligencia para atentar contra Baños, responsable de la investigación del caso Dolli. En fuentes allegadas al Ministerio de Justicia, la postura frente a la presentación que hizo Penczansky sigue siendo escéptica: �Aparecieron nuevos testigos, todos presos con importante prontuario que hacen pensar en una teatralización montada por la superbanda�. 
Sin embargo, el juez Baños se muestra muy convencido sobre la existencia del complot. Luego de entrevistarse con el juez, la secretaria de Asuntos Penitenciarios, Patricia Bullrich, declaró que el magistrado trazó �un panorama bastante grave� sobre la situación interna en el Servicio Penitenciario Federal (SPF). Baños, quien recibió ayer al nuevo director del organismo, Juan Carlos Develliuk, estima que dentro del SPF se advierte �una situación de corrupción bastante extendida�. 
Tan convencido está de la salida de presos y del complot, que el juez Baños ha resuelto pedir a otros colegas de la Capital Federal que le remitan �todas las causas vinculadas con denuncias similares a las presentadas por Núñez o por Penczansky�. Una fuente allegada a la causa estimó que habría �entre ocho y 30 denuncias� que en distintos momentos se presentaron en los juzgados criminales porteños, pero que nunca pudieron avanzar como ocurrió, en cambio, con la causa Dolli. 
La jueza López, en tanto, sigue tratando de reunir datos para establecer la identidad del enigmático Coqui, personal penitenciario de inteligencia que le habría dado a Penczansky los datos para seguir a Baños. Ayer asumió su cargo el nuevo jefe del Departamento de Inteligencia Penitenciaria, Claudio Barbera. Esa dependencia está bajo la lupa judicial y del gobierno, mientras se reciben denuncias anónimas cruzadas que acrecientan la incertidumbre sobre quién es corrupto y quien no dentro del SPF. 
Ayer, durante un acto realizado en el cuarto piso del SPF, en Lavalle al 2700, Bullrich puso en funciones a los miembros de la cúpula que acompañará al prefecto Develliuk, integrada por el subjefe Eduardo Varela; el director del Cuerpo Penitenciario Juan Alberto Cid; el director general del Régimen Correccional, Mario Antonio Adorno y el director general de Administración, Luis Alberto Alamos. La ceremonia se desarrolló en el marco de comentarios generalizados sobre la crisis del SPF. 
En medio de las denuncias generalizadas, en el Ministerio de Justicia se presentó ayer un ex preso que dijo que estuvo alojado seis meses en la Unidad 20, que funciona en el hospital neuropsiquiátrico José Borda. Como los niños y los locos dicen la verdad, el testigo fue derivado al juezBaños, ya que también afirma que era obligado a salir de la cárcel para cometer delitos.

 

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