Por Felipe Yapur
 Tras la represión policial que provocó la suspensión de la sesión del Senado del miércoles pasado donde estaba previsto discutir la reforma laboral, tanto el titular del bloque de la Alianza como del justicialismo utilizarán este largo fin de semana para diluir las divisiones que viven ambas bancadas y que se potenciaron durante las tratativas de esta norma. De salvarse las diferencias, y con el reinicio el lunes de las negociaciones, todo indica que el próximo 27 el gobierno de Fernando de la Rúa tendrá en sus manos la nueva ley laboral aunque, como afirman algunos senadores radicales, con modificaciones.
Tanto radicales como justicialistas sostienen que los cambios que sufrirá la ley no serán tan contundentes, pero esto es según quién lo dice porque no hay un único criterio en los bloques. Por ejemplo, el justicialismo tiene dos sectores bien diferenciados: los duros y los menemistas. Los que hoy se autodenominan duros son los que durante la campaña presidencial �sólo durante esa época� abrevaron en las fuentes duhaldistas. La cabeza visible es el titular del bloque, Augusto Alasino, quien junto al jujeño Alberto Tell llevan adelante las negociaciones para introducir modificaciones en la ley laboral. Acompañan a este dúo Ricardo Branda, un hombre cercano al líder cegetista Hugo Moyano, Osvaldo Sala y Antonio Cafiero, entre otros. El sector menemista, en tanto, está integrado por Eduardo Menem, Eduardo Bauzá, Carlos Corach y Jorge Yoma.
Este grupo es el que suele asegurar que la controvertida norma laboral no va a cambiar en nada la situación de los trabajadores y, coherentes con los diez años en que ejercieron el poder, suelen repetir �casi con jactancia� que �nosotros dictamos cinco leyes de flexibilización laboral y no bajó el desempleo. Además, no debemos obstruir a un gobierno que recién asume�. Pero este argumento esconde una doble intención entre los menemistas. La preocupación de este sector está en realidad en la próxima ley a discutir en el Senado: la emergencia económica. Estos se niegan a reconocer que la década menemista dejó un Estado en crisis.
Senadores radicales como Leopoldo Moreau saben de esta posibilidad. Por ello es que el legislador bonaerense dijo después de la suspensión de la sesión pasada que �la crisis social que heredamos es tremenda, yo no sé si esta ley (por la reforma laboral) tiene prioridad. Yo creo que hay otra que es mucho más necesaria y es la de emergencia económica�. La frase, con un alto grado de certeza, también esconde otra intención. En la bancada de la Alianza, que cuenta con Pedro Del Piero como único representante del Frepaso, existe una idea generalizada �sólo expresada por algunos en estricto off the record� que �la reforma laboral debe necesariamente sufrir algunas modificaciones porque así como está terminaremos pagando un alto costo político cuando no baje el desempleo�.
Esta es una de las razones por la que los radicales que adhieren a esta idea aceptaron negociar modificaciones hasta en los puntos centrales de la norma, como el agregado de una cláusula que resguarde a los trabajadores de una posible disminución de sus sueldos en el marco de las futuras negociaciones salariales. Esta fue la razón, y no otra, que llevó al vicepresidente provisional de la Cámara alta, el delarruista José Genoud, a recurrir al auxilio del ministro Alberto Flamarique para que frene �lo hizo a los gritos� los acuerdos que habían alcanzado el jefe del bloque, Raúl Galván, y el vicepresidente de la comisión de Trabajo, Alcides López, entre otros, con los representantes del PJ y que incluía hasta un incremento de los planes Trabajar. Lo peor de todo es que el martes a la noche el viceministro de Trabajo, Jorge Sappia, fue quien quedó para conducir las negociaciones luego de que se retirara Flamarique. Sin embargo, Sappia acompañó los acuerdos entre radicales y peronistas y obligó, una vez más, a Flamarique a detener la firma del dictamen único. La represión y el levantamiento de la sesión ayudaron al ministro quien apartir del lunes reiniciará las negociaciones con la intención de que la ley se apruebe el jueves 27 tal como lo envió el Ejecutivo.
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OPINION
Por Enrique M. Martínez * |
| El país de todos
La represión a cualquier expresión popular no sólo no puede ser justificada, sino que ni siquiera debe intentarse explicarla. Constituye lisa y llanamente lo contrario de aquello para lo cual un gobierno democrático ha sido elegido.
La misión de un gobierno es encauzar los disensos. No es dramatizarlos hasta provocar la confrontación. ¿Cómo puede ser que quienes sostenemos estos principios elementales terminemos convirtiéndonos en minorías dentro de la clase política, a las cuales se les puede achacar la indisciplina como un cuasidelito?
De tanto mirarse el ombligo muchos líderes políticos argentinos van camino de adquirir una singular minusvalía. Mas que miopía, están llegando a la ceguera fuera de su pequeño círculo. Construyen así una realidad virtual, tapizada de lambones y poderosos, que no contiene al chacarero, al que viaja en colectivo, al que espera horas en un hospital o a tantos otros. Nada bueno puede esperarse de tamaña distorsión.
Los golpes recibidos por un grupo de camioneros en los alrededores del Congreso Nacional o los perdigones alojados en el cuerpo del secretario del gremio de judiciales, son el testimonio de una actitud oficial hacia el disenso sindical o de los sectores más humildes, que no cuenta ni contará con mi aval ni, me consta, el de muchos dirigentes intermedios del Frepaso o el radicalismo. Si esa metodología quiere convertirse en sistema, contará con mi repulsa permanente. Si fue un error, debe aparecer el responsable y ser castigado por ello. Si ese error es displicencia, que deja actuar un milico golpeador apoyado en el prejuicio contra los sindicalistas, espero que no se cargue el mochuelo a algún perejil.
Todos queremos una Argentina grande, que se pueda mirar en el espejo con dignidad y ser respetada en el mundo. Todos queremos olvidar la farsa menemista. Pegándole a los trabajadores no se consigue.
* Diputado nacional de la Alianza. |
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