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La renegociación de subtes cuestionada en la Justicia

Un informe oficial fue utilizado por una asociación de consumidores para reclamar la nulidad de los cambios en el contrato, que habilitan en una primera etapa el alza del cospel a 70 centavos.

Un informe oficial cuestiona la renegociación con Metrovías.


Por Cledis Candelaresi

t.gif (862 bytes) Según un informe técnico de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado, la renegociación de Metrovías permite inversiones �innecesarias� y carga sobre la tarifa un paquete de obras de al menos 72 millones de pesos que tendría que costear el concesionario como gastos de explotación. El documento, elaborado a solicitud del ministro Nicolás Gallo cuando era secretario de la Producción del gobierno de la ciudad, nutre los fundamentos de una presentación judicial formulada por una asociación de usuarios, que reclama la nulidad de la renegociación y un amparo contra una resolución cuyo objeto es facilitar la suba del cospel a 70 centavos. 
Gallo, actual ministro de Infraestructura, asegura que desde la Ciudad sólo pudo �monitorear� la renegociación, pero quien definió sus términos fue el entonces secretario de Transporte de la Nación, Armando Canosa. De cualquier modo, el lapidario informe de Subterráneos habría servicio para reprogramar algunas inversiones, básicamente la cantidad de coches a incorporar. Pero esos retoques no resuleven los principales puntos objetados por los técnicos oficiales (ver aparte). 
Antonio Cartañá, candidato a la jefatura de Gobierno de la Ciudad, es apoderado de la denunciante Defensa del Usuario de Servicio Público Asociación Civil, entidad creada por el ex concejal Roberto Azaretto, el mismo que denunció las presuntas coimas pagadas a principios de la década pasada por los concesionarios de peaje. El 30 de marzo pidió la nulidad del contrato que Metrovías tiene en ejecución, demanda que recayó en el juzgado de Manuel Silva Garretón.
La renegociación, promovida por el anterior gobierno y aprobada por el de la Ciudad (Alianza), extendió de 20 a 24 años la concesión de subtes y el ferrocarril Urquiza y dispuso importantes incrementos en los planes de obra a financiar con un ajuste tarifario de casi el 50 por ciento en los próximos tres años. Según la empresa, de un programa de 1500 millones, 320 se financiarán con subsidios estatales y el resto con los ingresos de tarifas.
La objeción medular de esa asociación de consumidores es que se trata de un nuevo contrato, suscripto sin que medie licitación. Sin embargo, este argumento ya fue rechazado a fines de 1998 por la Justicia, cuando el propio Azaretto interpuso una medida cautelar contra todas las renegociaciones ferroviarias. La nueva demanda, de la que Metrovías asegura no tener conocimiento, dispara otros cuestionamientos a la revisión contractual de los subtes, que habría deparado importantes ventajas para el grupo adjudicatario, liderado por Benito Roggio:
  Se dispuso la ampliación de la línea E hasta Retiro, sin autorización de la Legislatura y omitiendo la extensión hasta el Puente La Noria, tal como disponía la resolución 41-729.
  Se alteró la ecuación económico-financiera del contrato original, lo que está prohibido por las normas que habilitan la renegociación. Entre otros cambios, se extiende la red concesionada de 47 a 100 kilómetros y se permite a la sociedad adjudicataria explotar otros servicios y ofrecer el de consultoría en el ámbito internacional, comprometiendo �hasta un 30 por ciento del patrimonio neto� en sus emprendimientos.
  Se autorizó la prenda de bienes nuevos destinados a la explotación sin el consentimiento del Estado y la cesión de derechos de cobro de la tarifa a favor de una entidad financiera que le otorgue un préstamo (en el contrato original la prenda estaba contemplada sólo para anticipar inversiones). Este ítem figura en la addenda, aunque, según fuentes de la empresa, sólo le está permitido comprometer la recaudación futura. �Es lo único que tenemos, porque los bienes son del Estado�. 
  Introdujo el resarcimiento por lucro cesante, disposición que hace mucho más oneroso un eventual rescate de la concesión: en caso dedisponerlo, el Estado debería pagar a la empresa adjudicataria todo lo que hubiera dejado de ganar desde ese momento hasta el cece de la concesión.
De prosperar el pedido de nulidad, recobraría vigencia el contrato original: las inversiones serían más modestas, se financiarían íntegramente con recursos del Estado, y no habría posibilidad de aumentar la tarifa en la magnitud propuesta.


Detalles del informe

El informe de Subterráneos tiene varios puntos relevantes. 
1 Considera que muchas obras deberían costearse con recursos propios de la explotación y no con tarifa o subsidios (como mejoramiento de algunas instalaciones fijas y renovaciones de vías): en esta categoría habría 72 millones de pesos. 
2 A otras inversiones nuevas las juzga innecesarias: sólo harían falta 90 coches nuevos en lugar de los casi 200 que prevé la renegociación: este presunto exceso absorbería cerca de 160 millones adicionales. 
3 Muchas obras previstas en el plan original se mantuvieron, pero resultan ahora mucho más caras (un ejemplo es el sistema de ventilación, presupuestado en 6 millones de pesos, pero que, según el contrato renegociado, costará más de 19 millones): el encarecimiento de todos los items sumaría 65 millones de pesos. 
Los técnicos oficiales también ponen de relieve nuevos criterios técnicos, como el que permite hacer la reparación integral de los coches cuando hayan corrido 1,5 millón de kilómetros en lugar de 1 millón, como preveían los pliegos.


�No hay humor para el ajuste�

Los ajustes tarifarios previstos en la renegociación se alcanzarán en etapas y en la medida en que la empresa cumpla ciertos �hitos�. Gracias a la resolución 417/99, publicada dos días antes de que el gobierno anterior ceda el poder, Metrovías estaría en condiciones de subir el cospel a 70 centavos, con la sola realización de un trámite ante el ente de control.
Originalmente, aquella suba sólo podría tener lugar si la empresa comenzaba con las obras para extender la línea E. Pero la resolución habilitó el ajuste con el solo hecho de que se �precalificaran� los oferentes para ese trabajo, algo que ya ocurrió, favoreciendo, entre otras empresas, a Benito Roggio, adjudicataria de los subtes.
Apenas asumido, Nicolás Gallo la dejó sin efecto, no con otro instrumento legal sino negociando con el concesionario la aplicación de un criterio diferente: no puede haber aumento si no hay obras que los usuarios puedan ver realizadas. Metrovías se avino a las nuevas pautas. �Sabemos que el humor social no deja resto para aumentos�, comentó a este diario un importante ejecutivo de la empresa. 

 

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