Página/12 en Bolivia
Por Oscar Guisoni Desde La Paz
 Como nadie hacía caso en Bolivia del estado de sitio, el presidente Banzer sorprendió a todos en la mañana de ayer y lo levantó. El presidente en persona hizo el anuncio, mientras las secuelas que dejó la represión militar en varios puntos del país continúan y en La Paz arrecian los rumores que hablan de una renuncia masiva de todos los ministros del gobierno, como una forma de facilitarle a Banzer los cambios, que a todas luces se hacen imprescindibles en su gabinete. Aunque en Bolivia nunca se sabe. Muchos todavía se preguntan cómo es que no presentó aún su renuncia el ministro de Defensa, Jorge Crespo, luego de haber confesado hace dos días que los militares le habían mentido, con respecto al polémico caso del francotirador, el capitán del ejército Robinson Iriarte, que fuera pescado in fraganti por las cámaras de un canal de televisión paceño, mientras disparaba a la multitud en Cochabamba con un fusil FAL.
El otro ministro cuya cabeza estuvo pendiente de un hilo en los últimos días, también como secuela del estallido social y del estado de sitio, es Herbert Müller, el titular de la cartera de Hacienda. Müller es una especie de Cavallo boliviano, liberal y no enrolado en ninguno de los partidos que conforman la �Megacoalición� que sustenta al general Banzer en el poder. Su enojo guarda relación con el aumento concedido a los policías y militares que se declararon en rebelión en medio de los disturbios, logrando arrancar a un gobierno más débil que nunca un insólito 50 por ciento de aumento. Y no fue el único. La pacificación del país es un hecho, pero esto no ha ocurrido gracias a la implementación del estado de sitio, sino a que el gobierno ha cedido a casi todas las demandas de los sectores más conflictivos. Los campesinos, que mantuvieron los bloqueos en gran parte del país hasta el pasado martes, firmaron un acuerdo con el ministro del Interior, Walter Guiteras, en donde se les asegura que la erradicación de las plantaciones de coca, uno de los requisitos exigidos al gobierno por la embajada norteamericana como prioridad número uno, será suspendida. También los cochabambinos lograron que sus reclamos fueran atendidos. La Ley de Aguas fue modificada y la empresa norteamericana que llevaba a cabo el costoso proyecto Misicuni fuera prácticamente �expulsada� del país.
Todo esto deja al gobierno de Banzer en una situación de extrema debilidad. Criticado por grandes sectores de la población, sin autoridad para gobernar y con el agravante de que los pocos inversores extranjeros con que cuenta Bolivia han visto con muy malos ojos lo sucedido en Cochabamba con la empresa norteamericana, lo que se tradujo en un aumento del famoso �riesgo país�, que no hará más que profundizar la gran recesión económica que vive el país.
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