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Por Victoria Ginzberg  Las imágenes transmitidas por la televisión fueron evidentes. Los policías no escatimaron bastonazos ni patadas. Incluso el navajazo del policía Héctor Riquelme en la campera del recolector de residuos Carlos Hernández quedó como símbolo de la violencia desatada el miércoles por la madrugada. Sin embargo, los miembros de la Policía Federal que declararon ayer en el juzgado de Gabriel Cavallo negaron los hechos. Dijeron que fueron ellos los agredidos con pedradas de los sindicalistas que protestaban contra la reforma laboral. Los catorce miembros de la guardia de infantería continúan detenidos y en los próximos diez días el juez podría ordenar sus procesamientos. Pero la pesquisa judicial no terminará en los responsables materiales de los apremios ilegales, sino que se extenderá hasta saber quiénes fueron los responsables policiales y políticos de la represión. En este sentido, el magistrado no descarta citar al secretario de Seguridad, Enrique Mathov.Ayer declararon doce de los catorce policías acusados de apremios ilegales y lesiones, ya que otros dos aún permanecen hospitalizados. El jefe de la comisaría sexta, Gustavo Carca, y el superintendente de Seguridad Metropolitana, Roberto Galvarino, también debieron presentarse -pero como testigos� en el juzgado federal de Cavallo. El juez además ordenó ayer un nuevo allanamiento a la Guardia de Infantería en busca de armas no reglamentarias, como podría ser el revólver que hirió al secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Julio Piumato, quien recibió una bala calibre 22 en los genitales y tuvo que ser operado. Al cierre de esta edición aún no había novedades sobre el resultado de esta medida. El jueves se había secuestrado de ese lugar la navaja que el policía Riquelme usó para tajear la campera del sindicalista Hernández. El disparo sufrido por Piumato es investigado �hasta ahora� por la jueza correccional María Laura Garrigós de Réboli, sobre quien recayó la denuncia hecha por el Hospital Británico, en el que fue atendido el líder de los judiciales. La bala que hirió a Piumato se encontraría depositada en una escribanía. En su declaración, el superintendente de Seguridad Metropolitana confirmó que Mathov estuvo con él el miércoles a la madrugada presenciando los hechos a través de los monitores del departamento central de Policía, aunque aseguró que no recibió instrucciones del secretario de Seguridad. La citación de Mathov no está descartada, pero miembros de la investigación sostuvieron que aún falta evaluar prueba y las situaciones de la fiscal contravencional María del Carmen Giocco y del jefe del cuerpo de Infantería que actuó en el lugar, José Laino. Funcionarios judiciales consideraron de importancia el aporte que hizo en su declaración el jefe de la comisaría sexta. Carca aseguró ante la secretaria de Cavallo, Javiera Gómez Castillo, y el fiscal federal Gerardo Di Masi que, antes de que llegara la orden de la fiscal Giocco para despejar la calle, la policía ya estaba negociando con los manifestantes y había logrado que éstos despejaran dos carriles de la avenida Entre Ríos. Pero el diálogo con los sindicalistas liderados por el camionero Hugo Moyano dejó de tener sentido cuando se conoció la disposición de la fiscal porteña de liberar la circulación. Los investigadores se preguntan por qué la funcionaria emitió una orden que al parecer no era necesario dar. Carca manifestó también que a la guardia de infantería le tomó menos de un minuto despejar la calzada. Es decir que los policías siguieron persiguiendo a los manifestantes, aun cuando la contravención ya no se estaba verificando. �Con el primer chorro de agua la gente salió corriendo. La policía tenía que empezar a vallar el lugar, pero siguieron a los manifestantes tres o cuatro cuadras más�, evaluó un funcionario judicial con acceso a la causa. La versión del comisario se opone a la explicación que dio el Gobierno el jueves y se acerca a la que ofrecieron los miembros de la CGT disidente. Los investigadores consideran de importancia para evaluar el compromiso de los jefes policiales las imágenes que la misma policía tomó en el momento de los incidentes desde el helicóptero. Estas podrían aclarar si la situación era controlable y si, por lo tanto, la orden de reprimir era justificada. De mediar una orden, los oficiales no serían exculpados de los delitos pero quien la efectuó se convertiría en instigador. Si la supuesta orden puede considerarse legítima pero se comprueba que hubo �excesos�, los jefes serían responsables sólo de haber podido parar la represión. Para comprobar esto, la filmación de los episodios que hizo Crónica TV constituye una prueba relevante. La cinta podría ayudar a establecer si los jefes policiales estaban presentes en el lugar. De hecho, existiría un video en el que aparece una persona muy parecida a Laino en las proximidades del Congreso. El magistrado dispuso mantener en prisión a los policías, bajo la sospecha de ser culpables de �apremios ilegales y lesiones�. Aunque estos hechos son excarcelables �el mínimo de la pena es de un año�, de comprobarse una mayor gravedad en las lesiones sufridas por los manifestantes la condena prevista podría llegar a diez años. De cualquier manera los acusados no solicitaron hasta ahora su excarcelación. |
