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 El Ministerio de Economía elaboró un informe para justificar su decisión �avalada por Fernando de la Rúa� de reducir el gasto público en el segundo trimestre. El trabajo revela que el nivel de erogaciones del Estado entre enero y marzo no puede ser mantenido entre abril y junio. De lo contrario, el Gobierno no podría cumplir con las metas comprometidas con el FMI. La difusión pública del documento persigue dos objetivos. Por un lado, busca acallar eventuales críticas dentro del propio gobierno a la orden de José Luis Machinea. Por el otro, refuerza el reclamo que hizo el último martes De la Rúa por cadena nacional para que la gente pague sus impuestos y los deudores se sumen a la moratoria.En concreto, el informe de la cartera económica indica que en el primer trimestre se gastó el 23 por ciento de los recursos presupuestados para el año, mientras que la recaudación fue equivalente al 20,3 por ciento de lo estimado para el ejercicio fiscal. A pesar de que los funcionarios del Palacio de Hacienda aseguran que la recaudación despegará a partir de este mes, prefieren ser cautos y limitar el gasto, ante el riesgo de sobrepasar la meta de déficit fiscal comprometida en el acuerdo con el FMI. Además, esa pauta es mucho más estricta que en el primer trimestre, cuando autorizaba un desequilibrio de 2150 millones de pesos. Entre abril y junio, el déficit debe restringirse a sólo 690 millones. De allí que los cálculos del equipo económico determinaron que en este trimestre es preciso hacer un fuerte ajuste del gasto. En lugar de poder erogar un cuarto del total previsto para el año, en el rubro �bienes y servicios� sólo se podrá gastar un 19 por ciento. Y en transferencias �ítem que incluye dinero para obras, programas de educación y salud, etc.� el tope será de apenas el 17 por ciento del total anual. Esto implica que los diferentes organismos del Estado contarán con recursos limitados para afrontar sus tareas. El apriete al torniquete fiscal se produce cuando comienzan a aflorar reproches al Gobierno por la política económica. Esta semana, los dirigentes del campo expresaron su malestar por la falta de respuestas oficiales a sus demandas. Ante ese estado de situación, Economía resolvió presentar sus argumentos para anticiparse a futuras negociaciones. Son varios los sectores que exigen desgravaciones impositivas o anulación de gravámenes: transporte de carga y pasajeros, ruralistas, pymes de la industria y el comercio. Y el Gobierno responde con los números fiscales en la mano. Durante el primer trimestre, por el lado de la recaudación la Secretaría de Hacienda registró un total de 9108 millones de pesos, en tanto que por el costado del gasto, se verificó un total de 11.302 millones. Ese resultado implicaría un déficit acumulado de 2194 millones de pesos, con una ligera desviación de 54 millones sobre las pautas de déficit acordadas con el FMI. Pero por distintos ingresos extraordinarios, el desequilibrio fue de 2000 millones. De allí que queden 150 millones para estirar el déficit del segundo trimestre a 690 millones (la meta establece 540 millones). Aún así, para Economía resulta claro que entre abril y junio habrá que gastar mucho menos. Y así lo hizo saber.
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