OPINION
Capone cierra la cuenta Por Julio Nudler
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A Adrián Capone, el hombre a quien José Luis Machinea encomendó la definitiva liquidación del Instituto Nacional de Reaseguros, le fue suficiente la lectura de Saqueo asegurado para comprender que debía actuar con pie de plomo. Ese libro, escrito por Roberto Guzmán, es un escalofriante compendio de los hechos de corrupción que fue descubriendo e investigando en su gestión al frente del Inder entre 1994 y 1996, cuando debió alejarse del cargo porque Roque Fernández y el coordinador de su equipo, Julio Alberto Cáceres, le retiraron el apoyo.
El texto del salteño y cavallista Guzmán le fue acercado a Capone por Hugo Worman, del estudio de Luis Moreno Ocampo, que ha retornado al Inder, con un convenio similar al que celebró en 1994, para asistir a la conducción del organismo. El caso del seguro constituye uno de los ejemplos más claros de lo difícil que resulta ajustar cuentas con todo un pasado de corrupción. Una vez más, desde Economía, a través del subsecretario de Servicios Financieros, César Deymonnaz, y del superintendente de Seguros, Ignacio Warnes, se promete ponerle broche a esta historia, concluyendo en los próximos meses la inacabable liquidación del Inder, iniciada en 1992 como parte de la ola privatizadora. Pero antes de lograrlo hay que cerrar las cuentas con las compañías de seguros, saldando una controversia que involucra cientos de millones de pesos, y que, en la versión más desaforada, llega a 1200 millones. Ante esto, es más fácil prometer el corte que cortar efectivamente.
Desde la asunción de la Alianza, casi todo lo que se hizo en el Inder es un inventario del estado de los expedientes. Todavía no parece haber decisión sobre qué hacer con el polémico decreto 1061, que Carlos Menem firmó en septiembre de 1999. Esa norma le ordenó al Inder cerrar las cuentas pendientes con las compañías por los viejos contratos de reaseguro. No era la primera vez que se intentaba un corte, o cut off. Ya en 1997 el Inder había ofrecido a la plaza 850 millones, aunque bajo la condición de que los montos fueran auditados por la Sigen (Sindicatura General de la Nación).
Con la intervención de los síndicos se iniciaron los problemas. El liquidador puesto por Roque, un hombre proveniente del Grupo Juncal, Daniel Carlos Di Nucci, había resuelto pagarles a las compañías un anticipo del 70 por ciento sobre las PPC, o Planillas de Pago Contado, referidas a los siniestros presuntamente ya liquidados por las aseguradoras. Esas pólizas habían sido investigadas por Guzmán porque faltaba la documentación exigida. Esto mismo, además de otros vicios, como errores de cálculo, fue observado por dos auditores, que fueron sometidos a fuertes presiones. Siguió entonces un enfrentamiento entre el Inder y la Sigen, que decidió en septiembre de 1998 no auditar más las PPC. Esto impidió al Instituto seguir adelante con los pagos.
No hay que pensar que las maniobras que detectaban los auditores eran necesariamente sutiles. Una, bastante elemental, consistía en agregar un cero para cobrarse con amplio beneficio el levantamiento de un embargo. Una aseguradora equis, que tenía inmovilizada su cuenta corriente en el Inder por cierta suma a causa de una deuda con la DGI, procedía a cancelar el importe con Impositiva, tras lo cual solicitaba al Instituto el levantamiento del embargo. Pero entonces, si el débito original había sido de 100 pesos, al crédito subsiguiente se le añadía un cero, de manera que resultaba ser de 1000. Gracias a ese �error�, la cuenta de la compañía pasaba a tener saldo acreedor y podía pasar por ventanilla.
Esta anécdota ilustra los serios problemas de control con que se encuentran los nuevos encargados políticos de los organismos. Desconfiando profundamente de la línea �el cuerpo heredado de gerentes (directores) y otros cargos menores�, optan a veces por apoyarse en equipos paralelos, traídos mediante costosos contratos desde fuera de la repartición, incluso para consultar cierta información delicada sin que ni siquiera sea vistapor los funcionarios de carrera, por temor a sus lazos subterráneos con intereses privados. Moreno Ocampo atiende con su consultora este peculiar �mercado�.
El decreto de septiembre de 1999 dejó sin efecto todos los rechazos de PPC que se habían realizado en la época de Guzmán y habían sido confirmados por los síndicos. Por otro lado, un año después de la negativa de la Sigen, la norma dispuso que ésta sólo controlase los �procedimientos� por los cuales se definiría la oferta de corte del Inder a la plaza, y no los importes mismos. El 9 de diciembre, el último día del menemismo, la Sindicatura presentó un informe ambiguo, una suerte de �ni�, ante el cual Claudio Viale, liquidador en ese momento, no se atrevió a avanzar con el cut off.
Como poco o nada se hizo desde entonces, la inacción del Inder va creándoles derechos a las compañías. El decreto sigue en pie desde septiembre de 1999, y obviamente no será sencillo modificar sus disposiciones muchos meses más tarde. Ni siquiera fue eliminada la anulación de los rechazos, un punto que por sí solo implicaría acreditarles a las compañías más de 200 millones de pesos, ya sea en efectivo o en títulos públicos. Tampoco se toca el tema de las primas no cedidas en su momento por las aseguradoras al Inder, que implican acreencias de éste contra las compañías. Este es un punto muy sensible para las más grandes, que contrataron con otras reaseguradoras en lugar del Inder, más allá de los límites permitidos. Las acreencias del Instituto contra las aseguradoras, que el decreto pasa por alto, sumarían entre 300 y 400 millones.
Entre las gruesas facturas que, tarde o temprano, pagaría el Inder figura la llamada Reserva de Siniestros Pendientes, o run off, por unos 700 millones (la oferta fue, en su momento, abonar el 75 por ciento, sin haber comprobado la corrección de los cálculos). Se trata, en parte, de estimaciones hechas por las compañías �e incluidas en sus balances� sobre futuras sentencias judiciales, en demandas planteadas por los asegurados. Se supone que el Inder controlará ahora los números. |
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