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Primero que nada es preciso decir que la represión policial del miércoles, �brutal y alevosa� como la calificara el ministro del Interior ayer en este diario, carece de toda justificación. Su ferocidad y sus componentes racistas y clasistas no pueden sino suscitar el más absoluto repudio. Lo ocurrido en los alrededores del Congreso no sólo violenta el espíritu democrático sino que revela una inadmisible autonomización de los aparatos represivos del Estado que, al igual que en Corrientes, parecen decidir por sí mismos sobre los alcances de su accionar. En segundo lugar, veamos la cuestión de fondo. La pequeña manifestación de protesta de los camioneros había sido convocada para impedir una votación en el Senado de la reforma laboral. Tal como con total candor lo admitiera hace unos meses el secretario de Trabajo y Seguridad Social, esta legislación era necesaria para satisfacer las �condicionalidades� del FMI. Nada más. La experiencia contemporánea de los capitalismos avanzados demuestra hasta la saciedad que: a) la flexibilización laboral �que de hecho está totalmente impuesta en el mercado laboral argentino� no resuelve el problema del desempleo, y b) que tampoco aumenta la propensión del empresariado a invertir. Por eso en Europa la mayoría de los gobiernos están adoptando como principio orientador del combate contra el desempleo la reducción de la jornada de trabajo, mientras que procuran contrarrestar la reticencia de las firmas a invertir mediante una legislación tributaria que grave cada vez con mayor intensidad las ganancias de las empresas, sobre todo las más grandes. Esto dejó de ser una discusión teórica entre los neoliberales y quienes nos oponemos a sus propuestas. Por si la experiencia europea no bastase, la que padecemos en carne propia demuestra la falsedad de los axiomas neoliberales. En la Argentina lo que se viene haciendo desde hace bastante tiempo es exactamente lo contrario. Y existía �¿existirá todavía?� en vastos sectores de nuestra sociedad la módica esperanza de que el actual gobierno abandonara ese rumbo desastrado que de la mano de la ortodoxia neoliberal condena a nuestro país a una nueva frustración. La protesta tiene, por lo tanto, raíces profundas que los gobernantes deberían diferenciar de quienes hoy aparecen como sus ocasionales portavoces, con credenciales cuando menos dudosas si es que se recuerda su silencio y su cómplice aquiescencia durante el menemato. Pero además la manifestación de los camioneros expresa la sensatez de un sentido común popular que el Gobierno y sus técnicos deberían tomar muy en serio. �Vox populi, vox Dei�, decían los gobernantes de una de las experiencias más exitosas en toda la historia republicana: Roma, y conviene que esa lección no sea olvidada. Pensar desde la paranoia que ve conspiraciones por todas partes e ignora los datos más elementales de la realidad �pobreza, desempleo, desprotección, exclusión social� es una receta infalible para hacer naufragar cualquier proyecto de gobierno. En cambio, el Gobierno podría adoptar algunas políticas concretas, aquí y ahora. En primer lugar, buscando un diálogo y un nuevo consenso con los Víctor de Gennaro, Marta Maffei, Alberto Piccinini, Alicia Castro y tantos otros en vez de empantanarse en sórdidas negociaciones con los �gordos� �esa opulenta, corrupta y escandalosa dirigencia sindical, desprestigiada e irrepresentativa hasta el tuétano�. En segundo lugar, restableciendo el imperio de la jornada de ocho horas, medida casi revolucionaria en un país cuyos trabajadores laboran en promedio unas quinientas horas más al año que sus contrapartes europeos. Aquélla difícilmente sería incoherente con el ideario de una coalición de partidos que se reconocen en la Internacional Socialista; y si es eficazmente monitoreada por el Estado podría generar un millón de nuevos puestos de trabajo. Tercero, si los gobernantes decidieran poner fin a los subsidios a las empresas privatizadas y dispusieran que al menos una parte de los ahorros empresarios por los recortes en los aportes patronales se destinase afinanciar un fondo para la capacitación de los trabajadores y la lucha contra el desempleo, entonces el Gobierno podría mirar con un poco más de optimismo el futuro. Si nada de esto ocurriera, el futuro se vería cargado con amenazantes nubarrones. 
*Politólogo, profesor universitario.

Por miguel bonasso
Cuidado con los zurdos

La brutal represión policial contra la CGT disidente es un hecho gravísimo, sin ninguna justificación, que no es producto del azar o del mal humor de unas bestias uniformadas, ni de presuntas conspiraciones, sino consecuencia lógica de una opción política del gobierno de la Alianza, que ha decidido mantener el statu quo de hambre y exclusión social que constituye la peor herencia del menemismo. Dicho de manera muy sencilla: si uno opta por agacharse ante el FMI como lo hace el economista José Luis Machinea; si uno persiste dentro del esquema del fuerte endeudamiento a que obliga el corset de la convertibilidad; si uno opta por perdonar a los grandes evasores para castigar a las agónicas capas medias; si uno es obsecuente ante el volátil capital financiero y coloca el management y la �imagen� por encima de la historia y la política, uno tiene que darles gomazos a los trabajadores y plomo a sus dirigentes como el judicial Julio Piumato. No estamos en presencia de excesos, sino de consecuencias lógicas de una política. Este gobierno es coherente. El economista Ricardo López Murphy, ministro de Defensa, ha dado pasos de siete leguas hacia atrás en el control político de los militares, propiciando el ascenso de coroneles represores y dejando las manos libres al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, para que pretenda arrebatar su legítima jurisdicción al juez Adolfo Bagnasco en el tema crucial del robo de niños. (Que, según el general Ricardo Brinzoni, jefe del Ejército, no fue sistemático sino producto de excesos como los de antenoche.) El economista Adalberto Rodríguez Giavarini, a cargo de la Cancillería, acaba de ratificar que somos un Estado Asociado (ni siquiera libre) al votar contra Cuba en la infame Comisión de Derechos Humanos de Ginebra que motoriza el cubano-norteamericano Armando Valladares, falso poeta y falso rengo. El economista Fernando de Santibañes, jefe de los espías, tiene como subjefe de la SIDE al general Juan Ernesto Bossi, involucrado en el escándalo de la venta de armas a Ecuador y Croacia y defensor de un regreso ilegal de los militares a la represión interior. Con tantos economistas como compañeros de gabinete, no es de extrañar que el no economista y ex militante estudiantil Federico Storani haya debutado como ministro del Interior teniendo que explicar dos represiones sangrientas a cargo de las fuerzas bajo su mando: la de Gendarmería en el puente de Corrientes y la de la Federal antenoche. Represión que él mismo censuró como �brutal y salvaje�, sin avanzar jerárquicamente en los castigos que corresponden y conjeturando conspirativamente acerca de la fantasiosa toma del Congreso. Como suelen hacerlo los ministros del Interior cuando deben dar explicaciones incómodas. En fin: si éstos son los �zurdos� (como diría Elena Cruz), imaginemos lo que pueden hacer los muchachos de la derecha.