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Boletas, recibos, remitos y facturas escritos y firmados por la misma persona fueron descubiertos en el INPI, el organismo que aplicará la Ley de Patentes a partir de octubre. El caso interesó a Estados Unidos. Los involucrados son funcionarios heredados del menemismo.
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La secretaria de Industria, Débora
Giorgi, de quien depende la entidad, hará pública la denuncia, que
compromete a Horacio Jaquenod, el interventor que, con la bendición del
ex presidente Menem, resistió su desplazamiento hasta marzo pasado, y es
señalado como estrecho colaborador del diputado Humberto Roggero, titular
de la bancada del PJ. En tanto, pasaría a disponibilidad a una decena de
funcionarios de nivel gerencial, actualmente en actividad.
Hay organismos del Estado que tal vez un ciudadano común ni
siquiera sepa que existen y cuyos nombres le resulten tan extraños como
la denominación de algunos antibióticos. Sin embargo, detrás de estos
organismos se suelen mover una compleja trama de intereses y lobbies
sectoriales. Es el caso del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial,
donde se deben registrar marcas e inventos. Es la autoridad de aplicación
de la Ley de Patentes sancionada en 1995 y, a partir de octubre, entre sus
tareas estará nada menos que el establecimiento de los montos que deberán
pagar, en concepto de regalías, los laboratorios (nacionales) que quieran
comercializar drogas medicinales inventadas y desarrolladas por terceros
(extranjeros).
La encarnizada batalla que
todavía libran laboratorios nacionales y extranjeros es para decidir quién
se queda con la parte del león del mercado de medicamentos que, en
Argentina, factura 4500 millones de pesos. En esa guerra no faltaron
denuncias de pago de coimas a legisladores por parte de los laboratorios
nacionales para que contemplaran sus intereses; una audaz jugada de último
momento de Carlos Menem para darle estabilidad por cuatro años más a la
anterior intervención del INPI; y la advertencia del gobierno
norteamericano para que el nuevo gobierno dote de "mayor
transparencia a la conducción del INPI" (ver aparte).
En ese contexto, en medio del
escándalo y de acusaciones cruzadas, el presidente Fernando de la Rúa
firmó un decreto en marzo que nombró a tres nuevos directores del
organismo, en reemplazo de los que, gracias a un decreto de Menem de fines
de noviembre, pretendían
El monto de las maniobras de
pagos injustificados detectados por Economía desde la caja del INPI
supera los 1,5 millones de pesos, alrededor del 10 por ciento del
presupuesto del organismo. La metodología es siempre la misma: facturas
truchas, firmas de acuerdo con las pericias caligráficas por la misma
persona, para justificar la prestación de "servicios" de
personal, honorarios profesionales, tareas de refacción en el edificio,
pago de premios, publicidad, etc. Para cada caso el Ministerio de Economía
abrió un expediente que empieza con la sigla "EXPMECON" y
termina con fecha de este año. Estos son algunos de los más llamativos: *
"... facturas conformadas por el Lic. Jaquenod por prestaciones de
servicios a varias personas en el mes de febrero de 1999". El
desembolso total fue por un monto de 87.185 pesos. Lo irregular es que son
"facturas presentadas antes de prestado el servicio" y
"confeccionadas por la misma persona". Aquí se involucra también
a un funcionario del Departamento de Recursos Humanos. *
Una operación por 134.586 pesos de marzo de 1996 por el mismo motivo
("prestación de servicios de diversas personas"), también
"conformadas por el Lic. Jaquenod". De nuevo, la irregularidad
es que se presentaron las facturas antes de la fecha de prestación del
servicio y están completadas por una misma persona. Aquí se involucra al
jefe de Recursos Humanos y al jefe de Sistemas. *
En la misma situación hay cientos de facturas emitidas en un período
inferior a los seis meses por un monto total de 1.143.798 pesos. Aquí están
comprometidos los jefes del Dpto. Operativo, de Asuntos Jurídicos, de
Sistemas, de Liquidaciones, de Recursos Humanos y diversos asesores y
funcionarios de línea. *
"Facturas por prestaciones efectuadas por diversas empresas con
motivos de tareas de reparación en el INPI". Por un monto superior a
los 100 mil pesos. También autorizadas por Jaquenod y
"confeccionadas por la misma persona".
* Pero el expediente más original es el siguiente: "solicitud de compromiso y liquidación de 44 mil pesos a determinados beneficiarios en carácter de Premio Nacional a la Innovación Ladislao José Biró". La denuncia dice que existe "adulteración en los comprobantes de recibos".
EL
INPI Y LAS PRESIONES DEL GOBIERNO NORTEAMERICANO
El motivo es simple. La ley de
Patentes sancionada en 1995, que comenzará a regir este año, dejó
muchos puntos sin definición y precisamente competerá al INPI dictar las
resoluciones para determinar qué montos deberán pagar los laboratorios
nacionales que comercialicen productos desarrollados por laboratorios
extranjeros. Hasta ahora, las empresas nacionales se opusieron siempre a
la norma y aseguran que una vez que entre en vigencia, en octubre próximo,
los precios de los medicamentos aumentarán, ya que se elevarán los
costos de los productores locales. Pero lo cierto es que, con o sin ley,
los consumidores son hasta hoy los grandes perjudicados: desde el comienzo
de la Convertibilidad, los precios de los medicamentos subieron un 144 por
ciento. En el fondo, la disputa entre los laboratorios es por quién se
queda con el mejor bocado de un mercado de 4500 millones de pesos al año.
Además de Jaquenod, auspiciado
por el diputado Humberto Roggero, abanderado de la causa de los
laboratorios nacionales en la Cámara, habían sido también bendecidos
por Menem al frente del INPI el ex concejal de la Ucedé, Federico Zamora,
y José Carella. La presión de Estados Unidos se hizo sentir en forma
explícita. Primero, a través del representante comercial, Richard
Fisher, quien durante una visita en Buenos Aires recibió la promesa de la
secretaria de Industria, Débora Giorgi, de que sería nombrada una nueva
conducción en la entidad. Y luego no fue casual que el decreto del
presidente De la Rúa nombrando a los reemplazantes (Germán Vos, Julio
Cueto Rúa y Mario Trincheri) llegara justo cuando se encontraba en el país
el subsecretario de Asuntos Económicos de la administración Clinton,
Alan Larson. Tampoco parece ser casual que la única denuncia realizada
por el equipo de José Luis Machinea por actos de corrupción del
menemismo en el área de Economía involucre al INPI. Si bien le abre un
frente de conflicto más con la bancada de diputados del PJ, sabe que
cuenta con el inapreciable aval de la embajada norteamericana. Paralelamente, la batalla de los laboratorios todavía continúa en el Congreso, donde siguen circulando proyectos sobre el tema patentes. Como por ejemplo el que propone que se obligue a los laboratorios extranjeros a fabricar medicamentos en el país.
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permanecer en el cargo.
El Ministerio de Economía realizará en los próximos días su primera denuncia penal por supuestos actos de corrupción contra funcionarios del menemismo.