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Por
Washington Uranga
 Con diferentes
matices, propios de las distintas posiciones que conviven en el seno de la
Iglesia Católica, los obispos aprovecharon la Semana Santa para reiterar
su convocatoria a la solidaridad con los pobres que ven aumentar en número
en el país, y a trabajar a favor de la paz social, que perciben amenazada
por el deterioro de la calidad de vida de muchos argentinos. Desde el púlpito
de la catedral porteña el arzobispo Jorge Bergoglio pidió explícitamente
más solidaridad hacia "los que viven al margen de lo necesario para
vivir, que cada día son más". El obispo emérito de Viedma, Miguel
Hesayne dijo en su mensaje pascual que es preciso cobrar conciencia de que
Dios no quiere "la situación social catastrófica que padecen
millones de argentinos empobrecidos y excluidos". Sus colegas de
Humahuaca y Jujuy, Pedro Olmedo y Marcelo Palentini respectivamente,
trazaron un cuadro provincial caracterizado por "pobreza, desocupación
humillantes, salud y educación deterioradas; inundaciones y pérdida de
los cultivos, cierre de fábricas y comercios".
El diagnóstico no es nuevo. Es
el mismo cuadro sobre el que los obispos vienen advirtiendo desde mucho
tiempo atrás. El cambio de gobierno había abierto, sin embargo, un período
de mayor cautela en las declaraciones episcopales. En general puede
decirse que el diálogo entre las autoridades y la jerarquía católica es
ahora más fluido que antes. Sin embargo, más allá de mostrarse
comprensivas con las acciones lanzadas desde los diferentes niveles
ejecutivos del gobierno que encabeza Fernando de la Rúa, los obispos
insisten en que ellos pueden atender explicaciones pero que la situación
de mucha gente excluida del sistema y de las condiciones mínimas de vida
exige medidas urgentes y acciones inmediatas.
Esto es lo que escuchó la
ministra de Acción Social, Graciela Fernández Meijide cuando, apenas
semanas atrás, se reunió primero con el presidente y el secretario
general del Episcopado, los obispos Estanislao Karlic y Guillermo Rodríguez
Melgarejo, y luego con el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio. Los
tres alentaron a la ministra y prometieron el apoyo de la Iglesia en las
acciones que emprenda aquella cartera, pero no dejaron de subrayar la
necesidad de acciones urgentes para solventar la grave situación de
quienes padecen condiciones de miseria total. Más de uno se sorprendió
incluso cuando Bergoglio trazó un cuadro de la situación internacional
con duras referencias a las presiones de los organismos internacionales
que condicionan los modelos económicos de países como la Argentina.
Mientras tanto el Presidente de
Pastoral Social, cardenal Raúl Primatesta, continúa movilizando todas
sus influencias para garantizar, a través de la llamada "mesa del
consenso" que no se interrumpa el diálogo entre empresarios,
sindicalistas y gobierno. El miércoles último, apenas producidos los
incidentes y la represión frente al Congreso, Pastoral Social emitió un
comunicado pidiendo a todos los sectores que "se agoten todas las
instancias de diálogo" para no poner en peligro "la paz
social". El propio Primatesta tomó el teléfono y habló, por un
lado con el diputado aliancista Jesús Rodríguez y, por otro, con el
sindicalista Manuel Palacios.
En esta acción Primatesta está acompañado por los obispos Jorge
Casaretto y José María Arancedo. Desde la primera reunión de la
"mesa del consenso" en San Rafael (Mendoza) el obispo de San
Isidro fue claro en decir que ese espacio no debe sustituir al Congreso en
lo que tiene que ver con la legislación. Ahora, en declaraciones al
diario La Nación, Casaretto volvió a pedir respeto por el Poder
Legislativo y reafirmó que el espacio creado por la Iglesia es para
"consolidar las instituciones democráticas" y no para discutir
la ley laboral. El próximo fin de semana, en Córdoba, donde se reunirán
en asamblea 500 delegados de Cáritas de todo el país, Casaretto tendrá
su propio auditorio para hablar de lo que la Iglesia quiere seguir
haciendo por los pobres.
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Por
H. V.
Las
cinco preguntas
Un grupo de senadores del Partido Justicialista anticiparon las
cinco preguntas que se proponen formular en la interpelación al
ministro del interior Federico Storani. Los senadores Beatriz Raijer,
Osvaldo Sala, Eduardo Arnold, Enrique Martínez Almudevar, Carlos
Alberto Verna, Jorge Villaverde, José Luis Gioja, Ricardo Branda,
Arturo Dip, Remo Constanzo, Manuel Rodríguez, Hugo Sager, Carlos
Sargnese, Tomás Pruyas y Jorge Federico Mikkelsen-Loth quieren saber:
1
¿Cuál ha sido la orden precisa girada por el ministerio del Interior
a las fuerzas policiales actuantes en los actos represivos?
2
¿Cuáles fueron los elementos de información reunidos por dicho
ministerio a través de la Secretaría de Seguridad que motivaron tan
exacerbada represión policial?
3
¿Cuál fue el tipo de armamento y munición que fueron autorizados
por el ministerio para ser utilizados en el hecho represivo?
4
¿Cuáles han sido los detalles cronológicamente ordenados que, a su
juicio, condujeron a un acto represivo con el resultado de treinta
heridas, dos de ellos de gravedad, entre los que se cuenta al
dirigente sindical de judiciales Julio Piumato?
5
¿Cuáles han sido las medidas de carácter administrativo y jurídicas
que el ministerio ha providenciado para esclarecer los hechos?
Los considerandos sostienen
que la represión no es un elemento de convivencia democrática y que
"las libertades consagradas por la Constitución no pueden ser
cercenadas impunemente ante el derecho de los trabajadores a rechazar
aquellas medidas que creen que pueden afectar sus ya malísimas
condiciones de desempeño laboral y la elevada desocupación
existente".
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Desobediencia
civil
Por
Inés Izaguirre *
Nuevamente
la violencia estatal. ¿Que cómo debió obrar el Gobierno? Seguro
que de otro modo. En cualquier conflicto gana aquel que (1) logra más
aliados para enfrentar al otro y (2) lo logra en todos los planos,
político, ideológico, social, moral. En lo político perdió,
porque la indignación que recorrió los ánimos ciudadanos seguro
que puede contarse en "puntos de imagen". En lo ideológico,
nos retrotrajo a la doctrina de la seguridad nacional: balas a la
desobediencia civil. En lo social, lo único que ha estimulado son
las ganas de ser todos camioneros en la próxima. En lo moral, da
vergüenza ajena sentirnos una vez más tratados como en el jardín
de infantes: "¿Saben, señores, que los manifestantes pensaban
copar el Congreso?". Si así era, ¿por qué no lo valló, Sr.
ministro? ¿O la única respuesta que nos espera es el castigo a la
protesta social? ¿Quién es el otro, "el enemigo"? Es la
población harta, con hartazgo acumulado de muchos años: por el
desempleo, por los bajos salarios propios y los salarios fabulosos
de los burócratas pasados, presentes y futuros, por la corrupción
pasada y presente, por las promesas incumplidas, porque la única
respuesta ante la injusticia es afirmar con voz engolada que
"lo resolverá la Justicia", o que "se investigará
hasta las últimas consecuencias", cuando los buenos jueces
deben andar con custodia. Harta de que los asesinos de miles de
argentinos estén sueltos, indultados y encima ascendidos. Harta de
que el canciller, cuyo mérito real fue poner en caja el presupuesto
de nuestra ciudad, metido a moverse en las lides internacionales,
vote con el grandote prepotente contra Cuba, un pequeño país que
se anima a enfrentarlo. Mientras quien supo conducir bien la
Cancillería tiene el premio consuelo de gobernar la ciencia. Claro
que no podemos atribuir al Gobierno todos los males, ésa sería
otra ingenuidad: no se sale de tantos años de corrupción
desenfrenada de un día para otro. Y gran parte de la sociedad es
corresponsable, muchos por beneficiarios directos, otros por sumisión
y temor a la represalia, los más por infantilismo de sus
conciencias, porque la miseria material tiene esos efectos, la
miseria moral, el "efecto cambalache".
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Socióloga, UBA/Conicet
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