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Los investigadores sospechan
que algunos uniformados rompieron las vidrieras que aparecieron dañadas
cerca del Congreso. Y estaría probado que la represión se produjo cuando
ya había cesado la contravención --cortar una vía pública-- que
cometieron los manifestantes. Hoy declara como testigo la fiscal
contravencional que dio la orden de desalojo, María del Carmen Gioco.
El asesor jurídico de la CGT
disidente Héctor Recalde, relató los hechos que presenció. Según el
abogado, los manifestantes despejaron los dos carriles de la avenida Entre
Ríos tal como lo pedía la policía en base a la orden de la fiscal.
"A las 2.45 yo y (Omar) Viviani hablamos con (Enrique) Mathov porque
la policía quería desalojarnos de la plaza. Le expliqué que ya estaban
compatibilizados los dos derechos, el nuestro a protestar y el de la gente
a transitar", explicó a Página/12. Sin embargo, el secretario de
Seguridad se corrió a un costado argumentando que "tenían que
desalojar por una orden judicial".
Una fuente vinculada al caso aseguró a este diario que los
sindicalistas recibieron los feroces golpes que mostró la televisión a
tres o cinco cuadras del Congreso, cuando ya habían despejado la avenida
Entre Ríos. Algunos cronistas y taxistas habrían visto durante la
madrugada del miércoles a efectivos de Infantería rompiendo varias
vitrinas de comercios de la zona y darán su testimonio en las próximas
horas. Los
sindicalistas que declararon ayer aseguraron que ellos no provocaron a los
policías sino que fueron atacados. Para afirmarlo mostraron a los médicos
forenses las marcas de los golpes en sus cuerpos. Además, relataron que
hablaron por teléfono con Mathov antes de ir a la Plaza de los Dos
Congresos y le explicaron lo que iban a hacer allí.
El funcionario les habría
contestado con una advertencia: que trataran de no provocar una
contravención y dejaran dos carriles de la avenida libres. "Esto sólo
indica que el Gobierno sabía desde el principio lo que iba a pasar, pero
no alcanza para imputar al secretario", explicó la fuente.
El superintendente de Seguridad
Metropolitana, Roberto Galvarino, lo desvinculó porque aseguró que no
recibió ninguna orden de Mathov que tuviera que ver con la represión
desplegada. También ratificó que el secretario estuvo en la sala de
operaciones del Departamento Central de Policía.
Sin embargo, todavía quedan
por realizar varios cruces entre las conversaciones telefónicas que
mantuvieron los funcionarios que intervinieron en el desalojo. Tanto de
esa prueba como de las grabaciones de radio con las órdenes que recibió
el jefe de Infantería a cargo del operativo, José Laino, podría
desprenderse la existencia de la directiva verbal que desató la represión.
La situación de Laino podría complicarse si la Justicia comprueba que
estaba cerca del grupo de Infantería que reprimió, y que impartió en
ese momento alguna orden. Hoy será interrogado su segundo.
La fiscal Gioco había afirmado
a Página/12 que actuó por iniciativa propia, "para hacer cesar la
contravención en cumplimiento del artículo 19 de la ley número 12 de la
Ciudad". Sin embargo, el ministro del Interior, Federico Storani,
dijo al día siguiente de los incidentes que el Gobierno dio intervención
a la justicia contravencional. Hoy el juez Cavallo intentará aclarar este
punto durante el interrogatorio a Gioco. Los policías que testimoniaron
antes indicaron que no hablaron con ella sino con sus superiores.
Las autoridades de la comisaría
6a. declararon que los carros hidrantes
tardaron menos de un minuto en dispersar a los manifestantes. Esta
versión coincide con la de los trabajadores, con lo cual los funcionarios
judiciales tiene casi probado que la intervención de la Infantería para
reprimir ocurrió cuando la contravención ya había terminado.
El jefe sindical de los judiciales, Julio Piumato, no pudo declarar por indicación de sus médicos. Durante la represión había recibido un balazo en los genitales. En diálogo con Página/12, recordó que "los políticos que hoy están en el gobierno condenaron hasta con cortos televisivos la represión que sufrieron los trabajadores que organizaron ollas populares en 1996 durante el gobierno de (Carlos) Menem", y agregó que "aquello fue un juego de niños comparado con lo que ocurrió en el Congreso la semana pasada".
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