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Quien
ordena un acto de represión se introduce conscientemente en un
escenario con muchas variables imprevisibles, por más profesional que
sea el cuerpo de policía. A su vez, un proceso violento se torna cada
vez más incontrolable a medida que aumenta el nivel de violencia. Se
supone que, cuando se ordena reprimir, ese peligroso margen de
imprevisibilidad tiene que estar incluido en el balance que se haga
con respecto al objetivo que se persigue. Por eso la orden de reprimir
tiene que ser una decisión política y no policial.
Si la respuesta
oficial por la represión al grupo de camioneros en el Congreso se
limita a la sanción de los policías que participaron, el mensaje es:
"La orden estuvo bien, la ejecución mal", pese a que
resulta evidente que, al dar esa orden, hubo factores que no se
evaluaron. Básicamente, las consecuencias fueron peores de lo que se
trataba de evitar. Queda la impresión de que no se tiene conciencia
de que la orden de reprimir implica un salto cualitativo sustancial en
la acción de la policía, que se trata de un último recurso.
Hay una diferencia
entre prevención y represión. Cientos de policías y vallas de
contención en la zona, para garantizar el libre acceso y salida del
Congreso hubiera sido prevención. Poner en funcionamiento agresivo a
la Guardia de Infantería para despejar la calle es represión. La
diferencia entre esas dos estrategias es política y la decisión de
optar por una de las dos, también. No es un tema policial, porque la
función policial no es evaluar las consecuencias globales.
Las autoridades del Ministerio del Interior defienden la
posibilidad de que la policía actúe para resguardar otros derechos
que, supuestamente, en ese momento se contradecían con la acción de
los manifestantes. Pero al defender la orden de reprimir plantea, con
este argumento, una opción maniquea entre la inacción total o la
acción extrema. En la acción política no autoritaria existe una
gama mucho más amplia de posibilidades.
El informe del ministro Storani y del secretario Enrique Mathov
destaca la celeridad en separar a los efectivos que participaron en la
represión. Como si así quedara saldada la discusión. La cuestión
sobre si debe o no renunciar el funcionario que dio la orden también
es secundaria. Lo que debería quedar en claro es si la orden estuvo
bien. Porque, como lo demuestran los hechos de diciembre en Corrientes
y los del miércoles pasado en el Congreso, si la idea es: "La
orden estuvo bien, pero falló la ejecución", existirá el
riesgo de que estos hechos se repitan en cada manifestación de
protesta. |
