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La Suprema Corte de Buenos
Aires le refrescó varias veces esta realidad a la Gobernación bonaerense
y su Ministerio de Seguridad. Una acordada del tribunal resumió: "La
dignidad de la persona menor de edad indebidamente alojada en comisarías
se ve agraviada aún en mayor medida con humillaciones y malos
tratamientos que configuran delitos de acción pública". Nunca hubo
respuesta.
Ruckauf no desmiente. Contesta con anuncios en los que culpabiliza
a las víctimas: "Aspiro a que la detención de menores que han
cometido delitos esté claramente diferenciada por el tipo de ilícito,
para que los lugares de detención no se conviertan en escuelas de
delito", dijo ayer en Tres Arroyos. Las granjas de recuperación, señaló,
serán construidas en ciudades del interior bonaerense, "según la
demanda planteada por sus intendentes". Propuso distinguir a
"estos lugares de tratamiento de otros en donde se internarán a los
menores que pueden ser causa de riesgo para la sociedad".
Un proyecto de obras para la
construcción de institutos de máxima seguridad será girado esta semana
para su tratamiento parlamentario, anunció el titular del Consejo de la
Minoridad de la provincia, Daniel Bolinaga, quien aspira a extender
"la actual capacidad de 130 reclusos a 160, y de esta manera poder
también retirarlos (a los menores) de los calabozos de las comisarías".
El presidente de la Comisión
de Niñez, Adolescencia y Familia del Senado provincial, el opositor
Marcelo Di Pietro (Alianza), anunció que promoverá un pedido de informes
del Poder Legislativo al Ejecutivo para esclarecer el asunto. "El
respeto por las instituciones es un principio esencial de la convivencia
democrática", dijo.
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