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LOS OFICIALES MONES RUIZ Y ALSINA FUERON DETENIDOS EN CÓRDOBA POR NEGARSE A DECLARAR
Con la cara despintada en otra Semana Santa

Teniente retirado Gustavo Alsina, acusado de torturar y asesinar a presos políticos en Córdoba.

Dos de los tres oficiales que provocaron el levantamiento carapintada de Semana Santa de 1987, acusados por torturas y asesinatos de presos políticos, quedaron detenidos por dos días en Córdoba por negarse a declarar en el "juicio por la verdad histórica".


Por Mónica Gutiérrez
 Desde Córdoba

t.gif (862 bytes) "Cuando le disparé, creía que el arma estaba descargada, no sé quién la cargó." Así confesó el ex cabo primero del Ejército, Miguel Angel Pérez, el crimen de Raúl Bauducco, uno de los presos de la Penitenciaría del barrio San Martín que fue asesinado junto a otros 29 entre abril y octubre de 1976. Pérez declaró ayer ante la Justicia Federal de Córdoba y también se presentaron los oficiales Enrique Mones Ruiz (R) y Gustavo Adolfo Alsina, cuya resistencia a la orden de detención que pesaba sobre ellos provocó el levantamiento carapintada de Semana Santa de 1987. Amparados por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, lo hicieron en calidad de testigos bajo juramento y quedaron detenidos, el primero por falso testimonio y los otros dos por negarse a declarar. En el primer día de las testimoniales --que seguirán toda la semana y concluirán el viernes con la presencia de Luciano Benjamín Menéndez--, la jueza Cristina Garzón de Lascano rechazó los recursos presentados por los militares, en los que cuestionan la competencia del fuero civil en la investigación de la verdad histórica. El jefe del Ejército, general Ricardo Brinzoni, mantuvo una breve reunión en la tarde de ayer con el ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, para informarle sobre la detención de los dos militares, casualmente en otra Semana Santa. 

  Nadie estaba muy convencido de que los militares citados fueran efectivamente al juzgado ayer; más aún extrañó la verborragia del cabo Pérez en su declaración, donde apuntó a varios "superiores", aunque trató de dejar al margen de responsabilidad a Mones Ruiz. Según los testimonios que desde 1984 obran en la causa, fue éste quien ordenó a Pérez disparar en la cabeza de Bauducco cuando el dirigente estudiantil yacía de rodillas en el piso después de una sesión de dos horas de golpes y tortura. "No doy más, no puedo más, hagan lo que quieran", declaró Pérez que decía Bauducco cuando le ordenaba que se levantara. En sus declaraciones ante el Consejo Supremo, Pérez había dicho que el preso se le había tirado encima para quitarle el arma. Ayer ante la jueza reconoció que mintió y que su víctima ya no podía moverse cuando él lo mató; también dijo que sus superiores lo felicitaban reiteradamente por su actuación en la cárcel, especialmente cuando mató a Bauducco. Pero, en el mismo día, el militar dio dos versiones del hecho: antes de entrar al tribunal les dijo a los periodistas que se le había escapado el disparo "accidentalmente"; luego, ante la jueza, señaló: "No se me escapó el tiro, yo creía que el arma estaba descargada, no sé, habrá sido algún soldado que la cargó por la noche". Lo inverosímil de sus dichos y su negativa a admitir su actuación en sesiones de golpes y torturas --hechos acreditados por decenas de testimonios-- hicieron que fuera detenido y procesado por falso testimonio.

  "Este era el que nos hacía desnudar, nos revisaba, y a los que tenían cicatrices de armas de fuego, por suponerlos subversivos, los torturaba", relató el esposo de Juana de Baronetto, sobreviviente del penal, cuya esposa fue asesinada.

  Similar suerte que Pérez corrieron el teniente coronel Mones Ruiz y el teniente Alsina, recordados por su actuación en el levantamiento carapintada de la Semana Santa de 1987 junto al capitán Guillermo Barreiro. En ese momento, los tres oficiales habían sido convocados a declarar por los crímenes de los presos políticos, pero buscaron la complicidad de sus camaradas y se refugiaron en un regimiento cordobés, lo que determinó el comienzo de la rebelión. Ayer, acompañados por el abogado Gonzalo Echenique Frías, entraron al tribunal, pero se negaron a declarar, remitiéndose a lo que ya habían dicho ante el Consejo Supremo de las FF.AA. Garzón de Lascano les aplicó el artículo 247 del Código Procesal Penal y ordenó su arresto "para que recapaciten" durante dos días. Vencido ese plazo, si aún se niegan a testimoniar, se les aplicaría desobediencia a la administración pública, según el artículo 243 del Código Penal. El abogado querellante Rubén Arroyo, en cambio, se pronunció porque sea el falso testimonio la figura penal que se les impute, por cuanto no sólo prevé la mentira al declarar sino la reticencia del testigo a hacerlo.

  Alsina, uno de los dos oficiales que se negó a hablar, está señalado en la causa como el que ordenó estaquear a José René Moukarzel, el médico que murió en una noche helada de julio después de recibir golpes y torturas en el patio del penal. 

  Menéndez ya presentó varios recursos para no declarar, en los que señala una vez más que el tribunal natural para juzgar los hechos es el militar. "Se pretende hacernos declarar, por no decir confesar nuestra intervención en hechos que ya han sido juzgados y resueltos definitivamente", señala el ex represor en el escrito. Además apela a las "garantías constitucionales" el sentido de no tener que "declarar en contra de nuestros intereses, pues estas declaraciones, así arrancadas, podrían producirme perjuicios penales, civiles y morales".

  Para hoy está prevista la presencia de los militares Vicente Meli, Luis Alberto López y el capitán Juan Carlos Hernández. Hay en total 15 "testigos" convocados, entre militares, policías y personal penitenciario, muchos de ellos asesorados por Echenique Frías, lo que hace suponer que seguirán la estrategia de negarse a declarar, soportando un proceso penal aún menor que el de falso testimonio y ni qué hablar de los que efectivamente deberían corresponder. 

 

"Testigos privilegiados"

Por M.G.
El ejército sigue de cerca la evolución de las testimoniales de esta semana. El cabo Pérez, en su declaración, reconoció que la semana pasada estuvo en el Tercer Cuerpo después de recibir la citación, dijo que  habló con un oficial que le dio instrucciones "para que hablara con el doctor (Gonzalo) Echenique Frías", aunque luego él decidió no hacerlo y fue solo al tribunal. Y fue el único que entró como cualquier mortal.

  "Hace 24 años que los familiares estamos esperando verles la cara, pero parece que son testigos privilegiados, tienen una entrada especial por donde ni el periodismo ni nosotros tenemos acceso", se quejó Marta Moukarzel, hermana de una de las víctimas. Llamó la atención que tanto Mones Ruiz como Alsina, ambos oficiales, entraran por el pasillo destinado a funcionarios judiciales, protegidos de las cámaras y del público.   Cuando Pérez y Alsina eran trasladados a la alcaidía de los Tribunales Federales se produjeron incidentes con los familiares. Alsina, que iba tapado con grandes anteojos negros, comenzó a reírse y burlarse cuando los familiares lo insultaron y le gritaron "¡asesino!".  La ira de los hermanos de una de sus víctimas hizo que se produjera un incidente violento y uno de los policías que trasladaban al militar intentó detener al familiar, pero la intervención de los abogados de derechos humanos y la presencia de los periodistas lo evitó. Aún así, sorprendió la actitud de la jueza Garzón de Lascano, quien visiblemente ofuscada por los incidentes prohibió desde hoy la presencia de público en el séptimo piso del edificio, donde se realizan las audiencias.

 

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