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Con
la firma de su vicepresidente ejecutivo, el Correo detalló en solicitadas
el canon que pagó, las inversiones que realizó y las supuestas
obligaciones que el Estado tendría a su cargo por diversos conceptos,
mucho de los cuales son puntos de debate en la comisión mixta que el
Gobierno creó para zanjar las diferencias que mantiene con el
concesionario. En declaraciones a la agencia Télam, el ministro de
Infraestructura precisó que ese grupo prevé terminar su tarea el 15 de
junio y recriminó a la sociedad Macri-Galicia el "desconocimiento de
esa función".
Correo Argentino S.A. debe
pagar cuotas semestrales de canon por 51,60 millones de pesos, algo que la
empresa habría hecho puntualmente en septiembre de 1997 y marzo de 1998.
Pero en septiembre de ese año comenzó a descontar de aquella cuota el
monto de las deudas de organismos públicos en forma unilateral.
"Apeló a la manu militari", se quejaba ayer ante este
diario el secretario de Comunicaciones, Henoch Aguiar. El mismo fastidio
por aquella determinación empresaria anima a Gallo, pero el ministro
prefiere no alimentar el debate público sobre estas controversias.
El Correo Argentino canjeó canon con facturas por alrededor de 140
millones de pesos, de los cuales hasta ahora el Estado reconoció
formalmente 87 millones. Esto lo hizo Comunicaciones en 1998 a través de
una resolución que ordenaba a Jefatura de Gabinete pagar a los 30 días
aquella facturas que fuesen aceptadas. Los organismos estatales
reconocieron su deuda, pero ésta nunca fue pagada y ahora el
concesionario la reclama, con punitorios incluidos.
"Si sumamos todo lo que
pagó por canon a las deudas que reclama, aun aquellas que no fueron
auditadas, seguiría debiendo unos 50 millones", calculó Aguiar,
intentando despejar números.
Sin embargo, la principal
controversia gira en torno a la compensación de 217 millones que Macri
pretende porque el Correo tiene un régimen laboral presuntamente más
gravoso que las otras empresas postales que están en el mercado, heredado
de Encotesa. El tema está lejos de cerrarse, pero algunos de los técnicos
oficiales prevén que el grupo privado llevaría las de ganar. El concesionario argumenta que el pliego de condiciones obliga al Estado a "asegurar condiciones de competitividad", algo que éste no habría hecho, porque denunció los convenios colectivos que amparaban a los empleados, pero no los renegoció. Los negociadores públicos podrían contraatacar apoyándose en un dictamen de la Sindicatura General de la Nación, cuyos auditores consideraron que fijar las nuevas condiciones laborales es competencia del adjudicatario y no del poder concedente. Pero hasta ahora este documento aún no talló en la discusión.
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