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Página/12 publicó ayer que el
Ministerio de Economía realizaría su primera denuncia judicial contra
funcionarios menemistas y que estaría centrada en el INPI, donde se
detectaron facturas y recibos falsos, firmados por una misma mano, por un
monto superior a 1,5 millón de pesos. La maniobra también incluye la
"adulteración de recibos" en el pago del Premio a la Innovación.
En conferencia de prensa, el titular del bloque de diputados
justicialista, Humberto Roggero, salió a defender al ex interventor
Horacio Jaquenod, hombre de su confianza. Dijo que la información era una
operación urdida por José Luis Machinea, al que calificó de
"mentiroso", y lo llamó "el ministro de la devaluación y
el impuestazo". También lo acusó de "operar para los
laboratorios extranjeros en sintonía con las presiones de la embajada
norteamericana".
"No sé por qué Roggero
se pone tan nervioso si la Justicia va a determinar quiénes son los
culpables", respondió un vocero de Machinea, quien confirmó que la
secretaria de Industria, Débora Giorgi, oficializará hoy la denuncia.
El INPI es un organismo clave
en la guerra que mantienen los laboratorios farmacéuticos nacionales y
extranjeros por ser la autoridad de aplicación a partir de octubre próximo
de la ley de Patentes. Pero, sin obviar en el contexto de esa lucha a
lobbies por quedarse con la parte del león de un mercado millonario, lo
cierto es que Roggero no se animó a poner las manos en el fuego por su ex
asesor, Jaquenod, blanco principal de la denuncia. "No voy a proteger
a nadie, y si hubo irregularidades, lo dirá la Justicia, pero pido que se
investigue por igual a Norma Félix (interventora anterior, vinculada con
Cavallo), que al abandonar el INPI pasó a trabajar como asesora de la cámara
latinoamericana de los laboratorios extranjeros", expresó.
Ese es un aspecto de la
información. El otro costado tiene que ver con la desarticulación del
instituto como registro de marcas e inventos de los emprendedores locales.
En el Primer Mundo, las innovaciones, pequeñas y grandes, son
resguardadas y alentadas desde el Estado hasta que su creador logre
comercializarlas. Este es tal vez el motor más potente del capitalismo
moderno. En la Argentina, un país donde las grandes empresas casi no
invierten en investigación y desarrollo, el papel de los pequeños
innovadores debería ser considerado como materia prima del desarrollo
económico.
Sin embargo, según contó a Página/12
Máximo Gándara, apoderado de la Asociación de Inventores, el año
pasado, durante la gestión de Jaquenod, la "caja negra", como
se conoce al lugar donde se guardan las fórmulas, planos o maquetas
mientras se realiza el trámite de patente, "fue abierta a varios
funcionarios que perfectamente podían comercializar los inventos antes de
registrados". Gándara, apoderado también de Mariana Biro, se hizo presente ayer durante la conferencia de prensa y le recriminó a Roggero los manejos oscuros de su protegido. El más increíble se refiere al Premio a la Innovación "Ladislao José Biro", que se inició en el '98 y el año pasado fue suspendido. "Las autoridades del INPI nos informaron que no había plata para hacer el concurso. Les contestamos que había una partida de más de 100 mil pesos en el presupuesto y que si no se hacía era porque iban a parar a otro lado. Estamos analizando una denuncia por malversación de fondos públicos", afirmó Gándara. La Asociación, interesada en salvar a Biro del oprobio, inició una demanda contra el INPI, paradójicamente, por apropiación de la marca que la conducción desplazada en marzo pasado planeaba seguir utilizando. El máximo galardón del concurso, "el trofeo para el mejor invento del año", se denomina "Biro de Oro". Sólo falta que lo reciba quien firmó la montaña de facturas truchas que se investigan en el INPI.
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