Por Felipe Yapur
 Será una carrera contra reloj. Los senadores de la Alianza y el justicialismo intentarán consensuar un dictamen único de la polémica ley de reforma laboral antes que la CGT rebelde comience su acto de protesta enfrente del Parlamento. Por otro lado, y ésta es una exigencia de todos los legisladores, la sesión deberá terminar antes de que empiece la transmisión del partido de fútbol de la Selección argentina en Venezuela. Desde el punto de vista legislativo, lo que se acordó hasta el momento fue una cláusula que garantice que no se producirán rebajas en los salarios. Desde lo político puede haber también beneficios mutuos: el Gobierno tendrá su ley para mostrarla ante los organismos internacionales y la oposición contará con un interesante incremento de los planes Trabajar. Para la CGT de Hugo Moyano esto significa más una traición que un triunfo: �Una cláusula no es suficiente porque todavía quedan otros artículos que posibilitan que la rebaja salarial sea un hecho�.
A pesar de tener algunas coincidencias, los bloques mayoritarios tienen su propia estrategia para conseguir modificaciones o mantener intacta la letra de la ley que cuenta con media sanción de Diputados. En primer lugar decidieron de común acuerdo evitar que las reuniones de negociación se realicen en las oficinas de la Cámara alta. Es así que a media tarde de ayer, los negociadores de uno y otro bloque virtualmente desaparecieron de las oficinas del Senado para reunirse en algún lugar de la ciudad de Buenos Aires. �Es una manera de evitar una sorpresiva presencia de Moyano en los despachos de los senadores�, confiaron fuentes justicialistas y de la Alianza. Otro elemento que demostró la actitud de los senadores fue que las reuniones de los bloques del justicialismo y de la Alianza, igual que la de Labor Parlamentaria (donde se define el temario de la sesión de los miércoles), se postergaron para hoy a la mañana.
Los negociadores fueron los mismos de siempre, el titular de la comisión de Trabajo, el jujeño Alberto Tell (PJ); el vicepresidente de la comisión, el radical Alcides López, y tres técnicos, dos del gobierno y uno del bloque justicialista. El responsable de mantener informado a De la Rúa y al ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, con los borradores que iban surgiendo de las reuniones fue el presidente provisional del Senado, José Genoud.
Los aliancistas, por su lado, sostienen que sólo aceptarán la incorporación de la cláusula que proteja a los trabajadores de una posible rebaja salarial. A simple vista parecería que el oficialismo aceptó cambiar algo que antes se había negado a incorporar porque entendía que afectaba el �corazón� de la ley. Pero para los técnicos de la CGT rebelde en realidad lo que hace la Alianza �es modificar una pequeña porción de la ley, pero deja en otros artículos resquicios que permitirán convalidar la rebaja salarial�.
El cambio en la posición oficialista se produjo en un encuentro reservado que De la Rúa mantuvo después de la reunión de gabinete con el vicepresidente Carlos Alvarez, el ministro Flamarique, Genoud y el jefe del bloque radical, Raúl Galván. El encargado de hacerlo público fue Genoud, quien señaló que �frente a una redacción adecuada estaremos analizando una posible aceptación�. Los justicialistas dicen que el cambio de actitud del Presidente se generó a partir de una comunicación telefónica con su ex contrincante, Eduardo Duhalde, y que se produjo el lunes por la noche.
La concesión oficialista abrió el apetito a los negociadores del PJ. Estos pretenden no sólo incluir una cláusula de garantía salarial sino también modificaciones sobre el arbitraje en caso de concurrencia de dos acuerdos diferentes (para que surja por pedido de las dos partes en conflicto y no sólo de una) y la eliminación de una parte del artículo 7 en la cual, aseguran, se podría filtrar una merma de salarios encubierta. �Si ellos entornan la puerta, nosotros empujamos hasta lograr los cambiosnecesarios�, se jactó ayer un importante senador del PJ. Aunque después, mucho menos entusiasta, reconoció que es poco probable que la Alianza acepte las modificaciones: �Con que acepten dos nos conformamos�, dijo.
Mientras Moyano se reunía con el presidente del PJ, Carlos Menem (ver nota aparte), el asesor de la CGT disidente y abogado laboralista Héctor Recalde argumentaba la razón por la que la central obrera se opone a una cláusula de garantía salarial: �Pueden poner una cláusula, pero si no modifican al mismo tiempo los artículos 7, 24 (ámbitos de convenios colectivos), 25 (prevalencia del convenio menor sobre el mayor), 28 (ultraactividad) y 29 (arbitraje), no tiene ningún sentido�.
Recalde asegura que el artículo 7 es clave, porque es allí donde la norma dice que rige el convenio más favorable al trabajador. Pero el asesor de la CGT recordó que la ley votada en Diputados le agregó al texto original una parte que reza �que la propia ley hubiera habilitado un tratamiento distinto� y que significa una puerta a la rebaja de los salarios. La Alianza anunció que hasta ahora no hay negociación posible en ese punto.
La tarea continuará seguramente hasta cuando comience a sonar la chicharra que llama a sesión. Si hay fumata blanca, ambos bloques se quitarán un peso de encima. Y, como aceptaron legisladores tanto del PJ como de la Alianza, ahora viene la ampliación de los planes Trabajar, tema que genera más acuerdo que diferencias entre los bloques mayoritarios.
LA CGT REBELDE VA A CONGRESO
Con el apoyo de Menem
Durante diez años los dos fueron adversarios a pesar de ser justicialistas. Ayer se vieron cara a cara el titular de la CGT disidente, el camionero Hugo Moyano, y el ex presidente Carlos Menem en su calidad del presidente del Partido Justicialista. Oficialmente se dijo que fue un intento de búsqueda de una posición unificada en el PJ que permita sacar la ley de reforma laboral con las modificaciones que exigen los sindicalistas y con el �mayor consenso posible�. A pesar de que Menem intentó convencer al camionero de que la negociación es necesaria, el líder de la CGT ratificó su movilización y acto de protesta frente al Congreso a partir de las 15, desde donde se piensa anunciar la fecha de un futuro paro nacional en caso de que se apruebe la norma.
Los hombres cercanos a Menem se esforzaron por caracterizar la reunión de �amigable�; los gremialistas prefirieron calificarla de �fría y distante�. Lo real es que ni siquiera existe una foto que inmortalice el encuentro. Según fuentes de la central obrera, Moyano le planteó al ex presidente que �el peronismo no puede mostrar dos caras sobre un tema tan importante� como es la reforma. Poco después, el propio Moyano señaló que �Menem personalmente dijo que si no hay consenso no se puede votar una ley, porque en ninguna parte del mundo se puede votar una ley que no tenga consenso�. Esto lo consideraron un cambio en la postura del ex presidente.
Luego de la reunión, los seguidores de Moyano intentaron justificar el encuentro con �un enemigo�. Sostuvieron que �es necesario mantener contactos con las autoridades del partido. Fue un hecho absolutamente formal y no significa que hayamos retrocedido en nuestra posición�.
Por la tarde, Moyano anunció que el cese de actividades se iniciará a partir de las 12 y que �si se produce algún tipo de incidentes será porque hay infiltrados�.
�Más allá de lo que está ocurriendo en el Congreso, de donde no tenemos ningún tipo de novedades, nosotros ratificamos las medidas y creemos que va a ser masiva porque ya está llegando gente del interior del país�, sostuvo Moyano y agregó que durante la concentración en la Plaza del Congreso, frente al palacio legislativo, �vamos a analizar la fecha del paro nacional�, que según algunas versiones podrá ser convocado para la semana próxima.
�Creemos que la movilización va a ser masiva� y que �los trabajadores no van a producir ningún acto que pueda dañar la movilización�, afirmó. Sostuvo que �si hay algún problema seguro será un infiltrado, del Gobierno o no sé de quién. No tenemos intención de que se produzca ningún tipo de cosa rara. Además, ya está saliendo gente desde el interior del país para participar de la movilización�.
| Carta para el Papa
Ayer, un día antes de que el Senado trate la ley de reforma laboral, Fernando de la Rúa mandó al papa Juan Pablo II una carta en la que expresó la decisión del Gobierno de �luchar contra el desempleo a través de una legislación moderna y transparente�. El Presidente manifestó además su convencimiento de que �la falta de un trabajo digno tiene un efecto demoledor sobre las personas y la familia�. De la Rúa expresó esos conceptos en un mensaje de adhesión que envió al Vaticano con motivo del Jubileo de los Trabajadores que se celebrará el próximo lunes, 1º de mayo. En el mensaje, el Presidente reafirmó la necesidad de �una democracia de fuerte contenido social� que �significa profundizar otras formas de participación� donde �empresarios, obreros, empleados y el propio Estado encuentren la posibilidad del diálogo y el consenso�. Mientras tanto, la Comisión Episcopal de Pastoral Social, que conduce el cardenal Raúl Primatesta, pidió ayer que la ley fuera sancionada �por consenso� y reclamó a todos los sectores implicados que �no se repitan los hechos de violencia� del miércoles último. El secretario ejecutivo de la Comisión, Guillermo García Caliendo, agregó además que �la Iglesia cree que el consenso es el camino adecuado para las leyes fundamentales�, aunque de todas formas aclaró que la Mesa de la Pastoral Social nunca trató el tema de la reforma laboral. |
| El núcleo �no negociable�
El vicepresidente Carlos Alvarez advirtió ayer que el núcleo más importante del proyecto de reforma laboral �no es negociable� y exhortó a los senadores a votar a favor del proyecto oficial. �El núcleo más importante del proyecto no es negociable, porque si no la iniciativa perdería sentido y no queremos cualquier ley�, remarcó Alvarez. Mientras tanto, el diputado Darío Alessandro exigió que el Senado sesione sin presiones. �Debe sesionar libremente, sin condicionamientos sectoriales y los que quieran manifestar lo deben hacer en paz�, afirmó ayer el presidente del bloque de la Alianza. �Los sucesos vividos una semana atrás deben servir de lección a todos y no enturbiar el fondo de la cuestión�, subrayó. |
Un megaoperativo para que
la historia no se repita
Por José Natanson
El Gobierno diseñó un cuidadoso dispositivo de seguridad �que incluye a unos 300 policías, un doble vallado y una comisión de enlace con los gremios� para que el acto de los sindicatos rebeldes y la sesión del Senado transcurran en paralelo y en paz. �El objetivo es evitar episodios como los de la semana pasada. Pero si se produce algún tipo de violencia, la organización fue urdida para dejar bien en claro que la responsabilidad no es del Gobierno sino de los gremialistas�, aseguró a Página/12 una alta fuente de Presidencia.
Luego de la brutal represión del miércoles pasado, que marcó el mayor costo político por la reforma laboral, las energías del Gobierno se concentraron ayer en el diseño de un operativo de seguridad que evite cualquier inconveniente (ver recuadro). �Quiero estar al tanto de todos los detalles, todo el tiempo�, fue la instrucción que le dio Fernando de la Rúa a Federico Storani durante la reunión de gabinete de ayer.
�El objetivo es crear una estructura que permita que las instituciones funcionen normalmente�, señaló Darío Lopérfido una vez que finalizó el encuentro. De todos modos, el vocero presidencial agregó que, �si se bloquean las puertas del Congreso para que no ingresen los legisladores, se estaría cometiendo un delito federal y sobre esto no hay valoraciones políticas�.
El objetivo natural es evitar los inconvenientes, pero lo cierto es que el dispositivo fue orientado para que en caso de que se genere violencia el Gobierno pueda deslindar cualquier responsabilidad.
Por eso se instalará un doble vallado alrededor del Congreso. El interior estará custodiado por policías y el exterior por militantes gremiales identificados con brazaletes de la CGT. Si los manifestantes deciden penetrar el cerco, deberán enfrentar primero a los sindicalistas y después a los policías. Otro ejemplo: el escenario se instalará sobre la avenida Entre Ríos, de espaldas a la escalinatas, entre la manifestación y el Congreso. Si los gremialistas intentan, en términos storanistas, �copar� el Parlamento, deberán pasar por el escenario. El objetivo de las dos medidas �aseguró a este diario una fuente de la Casa Rosada� es que las cámaras de televisión dejen en evidencia a los responsables de la violencia.
Como parte de la estrategia de prevenir los inconvenientes, ayer por la tarde se reunieron en la Jefatura de Policía el jefe de la Federal, Rubén Santos, el subsecretario de Seguridad, Carlos Martín, el subsecretario de Interior, César Martucci, y el camionero Jorge Silva. El encuentro fue la prolongación de una serie de contactos que habían mantenido en los últimos días con el objetivo de conformar un grupo de enlace entre el Gobierno y los sindicalistas. Los funcionarios se ubicarán desde la mañana en la Plaza del Congreso y se comunicarán con los gremialistas a través de handies.
En el Gobierno aseguraban que, a pesar de los desafíos de Hugo Moyano, el diálogo con los representantes de la CGT rebelde permitirá evitar episodios de violencia. De todos modos, un importante funcionario de Interior aseguró a este diario que hay tres factores imposibles de controlar.
El primero es la participación, mezclados en la manifestación, de militantes de organizaciones no sindicales �como Quebracho y Patria Libre� dispuestos a generar inconvenientes.
El segundo, la posible infiltración de agentes desplazados de la SIDE. Aunque no existe ningún informe de inteligencia que prevea esta situación, cerca de Storani recordaban ayer el misterioso volante firmado por Montoneros que apareció en el acto del miércoles pasado y que �según dijo el ministro� �huele a ex servicios�.
La última preocupación pasaba por los militantes sindicales del interior que llegaban anoche para instalarse cerca del Congreso. La policía comenzó a colocar las vallas desde la tarde. El objetivo es el mismo que todas lasmedidas, reuniones y conversaciones de los funcionarios de la Alianza durante el día de ayer: evitar la nefasta experiencia de la semana pasada.
| Una Plaza puesta a punto
Los siguientes son los principales datos del operativo de seguridad:
 Se establecerá un vallado doble alrededor del Congreso, custodiado por militantes sindicales en el exterior y por policías en el interior.
El escenario se instalará sobre la avenida Entre Ríos, de espaldas al Congreso. Detrás se ubicará una ambulancia de alta complejidad.
El número de policías afectados rondará los 300. Unos 200 efectivos de las comisarías de la zona permanecerán alrededor del Congreso mientras que 100 guardias de Infantería se ubicarán cerca de la marcha.
El subsecretario de Seguridad, Carlos Martín, y el asesor de seguridad, Alberto Giordanelli, son los representantes del gobierno en el grupo de enlace, que se ubicará desde temprano en el Congreso, y que se comunicará permanentemente con los gremialistas a través de handys.
Rubén Santos permanecerá en la Sala de Situación de la Jefatura de Policía, que cuenta con televisores que transmitirán las imágenes en circuito cerrado, junto al secretario de Seguridad, Enrique Mathov. Storani estará en el Ministerio, informando constantemente a De la Rúa. |
LA FISCAL Y EL DIRIGENTE PIUMATO DECLARARON ANTE CAVALLO
Sin noticias de la orden
Por V. G.
La fiscal contravencional María del Carmen Giocco y el dirigente sindical de los judiciales Julio Piumato declararon ayer ante el juez Gabriel Cavallo, quien investiga la represión policial ocurrida el miércoles por la madrugada frente al Congreso. Giocco ratificó que dio la orden para que los manifestantes que protestaban contra la reforma laboral fueran desalojados de la avenida Entre Ríos, pero se desvinculó de la represión.
�Yo di la orden de que cesara la contravención, el cómo es cuestión de la policía�, manifestó la funcionaria, que se presentó como testigo ante Cavallo. Giocco despegó también de la responsabilidad al ministro del Interior, Federico Storani, y al secretario de Seguridad, Enrique Mathov, ya que aseguró que no habló con ninguno de los dos antes de disponer la medida.
Piumato, quien el miércoles por la madrugada recibió un balazo en los genitales, llegó a los Tribunales de Comodoro Py en silla de ruedas. En el juzgado relató cómo vivió la jornada que culminó en el Hospital Británico. El secretario general de los empleados judiciales relató que ya se había retirado de la plaza cuando se enteró por los medios de que podría haber represión policial y decidió volver al Congreso. �Nos encontramos con un pelotón de Infantería sobre Yrigoyen apuntando hacia Entre Ríos. Nos dirigimos donde discutían los responsables del operativo y los compañeros. Estábamos por llegar cuando se descargó la represión, el carro hidrante y los gases. En ese momento sentí un impacto en los genitales�, narró el líder de los judiciales a Página/12 al reconstruir su testimonio ante Cavallo. En el juzgado, Piumato también realizó un croquis para determinar cuál era su posición al momento de recibir el disparo. Según evaluó, la bala �no vino de frente, sino oblicuamente�.
La herida sufrida por Piumato también es investigada por la jueza correccional María Laura Garrigós de Réboli. El dirigente se presentó como querellante en esa causa y aportó los pantalones que usaba el miércoles como prueba. La bala que recibió aún no fue peritada, aunque había trascendido que se trataba de un proyectil calibre 22. El viernes, Cavallo había ordenado un allanamiento en la Guardia de Infantería para buscar armas no reglamentarias. Allí no fueron secuestradas armas de fuego, pero se obtuvieron tres cuchillos.
Cavallo, quien detuvo a los 14 miembros de la Guardia de Infantería señalados como autores materiales de la represión, sigue investigando si existió y de quién provino la orden de reprimir. El magistrado no descarta citar a funcionarios del Gobierno. Las filmaciones que hizo ese día la policía y el entrecruzamiento de los teléfonos celulares de Storani, de Mathov y otros funcionarios, están encaminadas a determinar la �forma� en que se ordenó intervenir a las fuerzas de seguridad.
|
