Por Mónica E. Gutiérrez
 �La cárcel estaba tomada por el Tercer Cuerpo; yo recibía órdenes hasta de un cabo�, relató José Alberto Torres ante la jueza federal Cristina Garzón de Lascano. El entonces director de la Unidad Penitenciaria Nº 1 de Córdoba fue el último de los tres �testigos� que desfilaron ayer por tribunales para declarar en la causa de la verdad histórica en la que se averiguan los 30 asesinatos de presos políticos cometidos allí. Antes, los oficiales (R) Osvaldo Quiroga y Francisco Daloia repitieron la estrategia de los militares que concurrieron el lunes: se negaron a declarar y quedaron detenidos para que �reflexionen� durante dos días sobre su actitud. La declaración de Torres, en cambio, confirmó los datos que se tenían sobre los crímenes en la cárcel y la condición de los presos por razones políticas a disposición del ejército. Por otra parte, la Cámara Federal revocó una decisión de Garzón de Lascano y ordenó que sean citados como testigos plenos los ex jueces federales Miguel Angel Puga y Miguel Rodríguez Villafañe.
Torres, quien hoy tiene 73 años, es un ex prefecto del Servicio Penitenciario, fue director de la cárcel de barrio San Martín durante los primeros años de la dictadura y estuvo detenido por unos meses cuando la investigación se inició en 1984. Durante cinco horas relató ante la jueza, la fiscal y los abogados querellantes Rubén Arroyo y María Elba Martínez los horrores de la cárcel. Confirmó que Juan Bautista Sassiaiñ, segundo de Luciano Benjamín Menéndez en el Tercer Cuerpo, imponía las órdenes y condiciones de reclusión a los �presos especiales�. �Los presos venían amordazados y con los ojos tapados�, señaló Torres, describió que vivían �hacinados, sin visitas y sufrían castigos reiterados� y afirmó que los militares que �usaban un palo de tortura con una punta eléctrica�.
�En ese momento la cárcel estaba tomada por el Tercer Cuerpo, imagínense que yo recibía órdenes de un cabo�, señaló. Quizá lo más importante del testimonio de Torres sea su confirmación acerca de lo que consta sobradamente en el expediente pero que ningún represor ni cómplice había admitido hasta ahora: �para trasladarlos, a los presos se los ataba, se les vendaba los ojos y se los amordazaba, así salían�, contó, descartando así la versión oficial que suscribió el mismo Menéndez acerca de que se los había matado porque habían intentado fugarse.
Sobre la suerte que corrían los presos al salir del penal, Torres respondió �no tengo la bola de cristal, yo era director hasta la puerta, no afuera de la cárcel�. Sin embargo, hay un testimonio que se opone a este argumento, el de Eduardo De Breuil, preso junto a su hermano. En el informe de la Conadep, De Breuil afirmó que después del asesinato de su hermano fue conducido al despacho de Torres y que éste le dijo que �él sabía que los sacaban para matarlos, pero no pensaba que las cosas se hicieran de esa manera�.
Quiroga y Daloia en cambio, asesorados por el abogado Gonzalo Echenique Frías, no declararon. Ambos se retiraron del ejército con el grado de teniente coronel, el primero después de haber pasado por la Brigada Aerotransportada 2º y Daloia después de haber integrado la banda carapintada liderada por el ex coronel Ernesto Guillermo Barreiro. Daloia, inclusive, llegó al juzgado con una valija, convencido de que iba a quedarse. Pasaron a estar en una suerte de curiosa �penitencia� junto a Enrique Mones Ruiz y Gustavo Adolfo Alsina, quienes ocupan desde ayer una celda en la Alcaidía de los Tribunales. Hoy precisamente se cumplen las 48 horas del castigo y se espera que Garzón de Lascano, al llamarlos para darles una nueva oportunidad, decida la imputación: falso testimonio, lo que corresponde según los abogados querellantes, o un delito contra la administración pública, según lo adelantado por el juzgado. Y después del viernes, el día en que debe presentarse Menéndez, seguirán las testimoniales en la causa, porque la Cámara Federal ordenó que se cite a declarar en calidad de testigos a los ex jueces federales Miguel Angel Puga -.de la dictadura� y Miguel Rodríguez Villafañe, el primer juez que investigó los crímenes en el ámbito del Tercer Cuerpo a partir de 1984. Puga había presentado un polémico recurso para no declarar �por haber sido juez federal�, en el que además reivindicó el terrorismo de Estado, que fue aceptado por Garzón de Lascano. �El haber sido juez no lo exime de declarar como testigo�, señaló en cambio el camarista Raúl Sánchez Freytes en sus fundamentos.
| De la Sota se hace el sota
El gobernador cordobés José Manuel de la Sota se negó a opinar sobre la detención de militares realizada en la provincia, en el marco del denominado juicio por la �verdad histórica�. De la Sota efectuó declaraciones al término del acto donde puso en funciones a la nueva directora del Servicio Penitenciario provincial, María Graciela Lucientes de Funes. Cuando fue consultado sobre los militares detenidos por falso testimonio y por negarse a declarar ante la Justicia federal, De la Sota contestó que �yo nunca opino sobre los fallos judiciales. Esta es una constante mía. A la Justicia se la acepta con sus fallos. Cuando gusta y cuando no gusta, y uno no debe opinar. Creo que los jueces hablan por sus sentencias y éste es un caso que yo ni lo conozco, ni lo he leído�. |
PLANTEO DE ORGANISMOS AL JUEZ LITERAS
La prisión para los 48 genocidas
Por V. G.
Representantes de organizaciones de derechos humanos, la Asociación de Abogados de Buenos Aires, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), la Federación Universitaria Argentina y diputados aliancistas se reunirán hoy con el juez federal Gustavo Literas. Le pedirán que, de acuerdo con lo dispuesto por su colega español Baltasar Garzón, detenga a los 48 represores argentinos acusados de genocidio, terrorismo y torturas. El magistrado argentino aún no pudo acceder a los papeles que envió el español a través de Cancillería. En una nueva carta, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó a Literas y a España que ahora correspondería iniciar el proceso de extradición.
El juez Literas es quien recibió, por parte del Gobierno, la orden de captura internacional que Garzón envió a Interpol a principios de año. Con este gesto, el entonces flamante gobierno se diferenció de Carlos Menem, quien siempre se había negado a colaborar con el proceso que se lleva adelante en Madrid.
Cuando tuvo la orden de Interpol, Literas pidió a su colega español que detallara información sobre los acusados y solicitó que la entrega de la documentación se realizara por vía diplomática.
Los gestos del Gobierno hacia Garzón se acabaron cuando llegaron al país los autos de procesamiento y de prisión preventiva contra los 48 represores. Cancillería decidió no entregarle la información requerida a Literas, argumentando que el mismo magistrado había asegurado en una carta que estaban vencidos los plazos de urgencia para encarcelar a los acusados. Pero, según un alto funcionario judicial, ésa fue una �interpretación� del ministerio. Allegados al juez aseguran que actualmente la causa está vacía y que no tienen elementos para avanzar. De cualquier manera, los organismos solicitarán hoy que se proceda a los arrestos con la documentación que envió Interpol.
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