Por Nora Veiras
 �Entiendo que no ha habido un respaldo institucional del Ejército porque dentro de la democracia no puede haber nunca un respaldo institucional a detenidos por un juez�, dijo a Página/12 el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Gil Lavedra. La velada crítica sobre la visita a Córdoba del secretario general de la fuerza, Eduardo Alfonso, en solidaridad con el grupo de oficiales arrestados, contrastó con las palabras del propio jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni. �La detención de oficiales en retiro y actividad genera inquietud entre el personal del Ejército�, dijo el sucesor de Martín Balza. Y ratificó con los mismos términos de otros tiempos �pero aclarando que no es lo mismo� el estado de �inquietud y preocupación�.
La postura de Gil Lavedra dejó en claro que �las decisiones tomadas por la jueza Cristina Garzón de Lascano, cualquiera sea su acierto, han sido tomadas por un tribunal de Justicia y como tal deben ser plenamente acatadas y respetadas por todos�. La apreciación del ministro dejó en off side a su subsecretaria, Diana Conti, quien justificó la reacción de los uniformados y, en cambio, cuestionó el desarrollo de los juicios por la verdad histórica para conocer el destino de los detenidos-desaparecidos (ver aparte).
Los militares decidieron no ocultar más el �malestar� que les provoca tener que desfilar ante los tribunales federales para dar explicaciones por su actuación durante la dictadura. Repiten que quieren una solución para el tema pero todavía sólo esbozan en privado que �la Corte Suprema tendría que encontrar la forma de ordenar todo esto�. En su momento apostaron a que las leyes de Punto Final, Obediencia Debida y los indultos mutilaran definitivamente el castigo judicial por las violaciones a los derechos humanos.
En realidad, la insistencia de los abogados de los organismos de derechos humanos, que imaginaron nuevas formas de seguir revisando el horror del terrorismo de Estado, hace meses que descoloca a los militares. Sin embargo, desde que Balza dejó el mando y Ricardo López Murphy asumió el Ministerio de Defensa, los uniformados retomaron el hábito de presionar sobre el poder político, que les dio oxígeno.
Brinzoni dijo que la �inquietud y preocupación no tiene nada que ver con épocas pasadas. El Ejército no quiere revivir un pasado lamentable que todos recordamos y tampoco quiere vivir el pasado del �87 al �90, que tanto daño le hizo a las fuerzas y al país�, en referencia a la dictadura y los levantamientos carapintadas que estallaron, justamente, por la resistencia militar a declarar ante la justicia federal de Córdoba.
Gil Lavedra opinó que �los eventuales remedios deben ser encontrados en el ámbito que le corresponde, que es éste: la Justicia�. La reflexión, por un lado, habilita la posibilidad de que la Corte Suprema tome el tema y, por otro, descarta el camino de una nueva ley para clausurar el pasado.
Funcionarios del Ministerio de Defensa consultados por este diario eligieron una lectura light para evaluar la inocultable demostración de fuerza de los veintiocho generales que se reunieron con Brinzoni anteayer para conocer la situación de los detenidos en Córdoba y avalaron el viaje de Alfonso. �Es normal que cause preocupación la citación de tantos oficiales, pero esto no quiere decir que el Ejército vaya a obstruir el funcionamiento de la justicia. Todo está bajo control�, explicó a este diario un vocero del ministro Ricardo López Murphy. Después consideró que �no corresponde que Defensa opine sobre temas procesales. A nivel del Gobierno lo indicado es que se pronuncie el ministerio de Justicia. Nosotros, simplemente decimos que si los citan tiene que presentarse y punto�.
Hace casi un mes, Brinzoni se reunió con 200 oficiales retirados para remarcar que �el Ejército es uno solo�. Durante el mandato de Balza la relación entre activos y retirados de la dictadura se había resentido, sobre todo, después de los discursos de autocrítica parcial por lasaberraciones cometidas durante el terrorismo de Estado y esos encuentros se eludieron. Los nuevos mandos parecen dispuestos a empezar a desandar ese camino y a cerrar filas en torno a sus hombres que �actuaron en la lucha antisubversiva�.
�Este es el cuento de nunca acabar, parece que otra vez empieza el cuento de quién convoca a más gente�, repiten en el Edificio Libertador. Hoy, en Córdoba, tendrá que presentarse el represor Luciano Benjamín Menéndez. La semana próxima, la Cámara Federal de Bahía Blanca citará a un coronel. El martes próximo, Brinzoni se reunirá con los altos mandos y la situación judicial de oficiales y suboficiales será otra vez parte de la agenda. Hasta ahora, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente Fernando de la Rúa, mantuvo un comprensivo silencio.
Puede ser detenido despues de diez años del indulto
En Córdoba llegó el turno de Menéndez
Por Mónica Gutiérrez
Desde Córdoba
A los tres oficiales del Ejército que permanecen detenidos por no declarar en una de las causas por la verdad histórica que se tramitan en Córdoba, se sumó ayer el ex titular de Inteligencia Criminal de la policía provincial, Carlos Yanicelli. Pero en los tribunales federales de Córdoba toda la atención se concentra hoy en la esperada presencia de Luciano Benjamín Menéndez quien, después de diez años del indulto que lo benefició, puede volver a quedar detenido.
Todo indica que el ex comandante del Tercer Cuerpo, al negarse a declarar, correrá la misma suerte que el resto de los militares. Su abogado, Carlos Lescano Roqué, anticipó que el represor se presentará, pero �se remitirá a lo que dijo en los recursos� que interpuso para no testimoniar: �Se pretende hacernos declarar, por no decir confesar�, señalaba el escrito firmado por Menéndez. El letrado señaló que el ex represor �está preparado para ser arrestado� y admitió que se comunicó con los demás militares.
Cada uno a su turno, los oficiales detenidos desde el lunes fueron cumpliendo el mismo ciclo: dos días de arresto para �reflexionar� sobre su actitud. Vencido el plazo y al persistir en su negativa a declarar quedaron detenidos y a disposición del juez de turno, Alejandro Sánchez Freytes. El magistrado les imputó el delito previsto en el artículo 243 del Código Penal, una suerte de desacato a la administración pública, �que prevé finalmente la realización de un juicio correccional y difícilmente conduce a una condena�, que va de 15 días a un mes de prisión, según el juez.
Cuando el miércoles se les cumplieron las 48 horas a los ex carapintadas Alsina y Mones Ruiz, el juez ordenó su traslado al Tercer Cuerpo y ayer a la tarde directamente los liberó, aunque seguirán procesados. También Osvaldo Quiroga y Francisco Daloia fueron ayer a parar al comando y se prevé que hoy queden en libertad. Melli, el militar de mayor graduación que detuvo Garzón de Lascano, cumplirá hoy los dos días y habrá que ver si el juez espera hasta el martes para liberarlo, o le otorga la libertad en el fin de semana.
Quiroga reiteró ayer su decisión de no declarar y provocó a los abogados querellantes. �Por orden de un gobierno constitucional fui enviado a combatir contra la subversión que asoló la república�, dijo ante la jueza, para luego pedirle que tome �las medidas para evitar el escarnio y los agravios sufridos por el mayor Alsina, agredido y amenazado de muerte por personas que estaban entre los periodistas, es decir, eran parte de los que considero enemigos ideológicos�. En los incidentes del lunes, cuando Alsina era trasladado, algunos familiares de las víctimas lo insultaron, pero nadie lo amenazó. Quiroga también hizo responsable al juzgado de la difusión de sus datos, particularmente de su domicilio, y dijo temer que su familia sufra �los procedimientos bajos, ruines, de poca altura y señorío� a las que definió como �agresiones bastardas�, en referencia a las expresiones de los organismos que aún claman por el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos en la última dictadura.
El nuevo detenido, Yanicelli, fue represor en el tristemente célebre D2 (Departamento de Inteligencia) de la policía de la provincia y además de dirigir Inteligencia Criminal fue firme candidato a conducir la fuerza durante el gobierno de Ramón Mestre, hasta que los organismos de derechos humanos lo denunciaron y forzaron su retiro. Trabajaba en 1976 al mando del inspector Raúl Telleldín (padre de Carlos Telleldín), quien tenía a su cargo el D2, centro de torturas que funcionaba al lado mismo de la Catedral cordobesa.
LA SUBSECRETARIA DIANA CONTI
�La jueza se prestó�
Por V.G.
La subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, aceptó hablar de la solidaridad militar con los procesados de Córdoba y de los Juicios por la Verdad.
�¿A usted le parece normal la actitud del secretario general del Ejército, Eduardo Alfonso, que fue a Córdoba a interesarse por militares detenidos?
�Me parece lógico y entendible.
�¿Por qué?
�No me gusta cuestionar actitudes judiciales pero creo que el arresto por testigo reticente que se hace en Córdoba llama a risa y resta seriedad a los Juicios por la Verdad que se están llevando a cabo con distintas modalidades. El Poder Judicial no se pone de acuerdo en la forma de llevar adelante los juicios. Esto va contra los principios del Derecho y les resta poder jurisdiccional a los tribunales. Los juicios sólo están legitimados por una suerte de voluntad popular que, por ahora, no tiene legitimación legal. La doctrina y la jurisdicción de la Corte Suprema dice que no es la Justicia penal la que debe llevar los procesos por la verdad. La última resolución indica que debe realizarse a través de la Justicia civil mediante un hábeas data (en el caso de Benito Urteaga).
�No estamos hablando ahora de cómo actuó la jueza sino de la actitud del Ejército, que respaldó a militares involucrados en violaciones a los derechos humanos.
�Hay un principio que dice que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Burlar ese principio, llamando a alguien como testigo para después detenerlo, es hacer un circo. El discurso judicial tiene que dejar de ser cínico. Si el Poder Judicial considera que los tiene que detener por represores, que lo haga sin inventar figuras.
�Volvamos al viaje de Alfonso. ¿No fue un gesto contra los juicios por la verdad?
�La decisión se tomó después de una reunión de todos los generales. Fue a apoyar a personas de su institución que son objeto de un trato que podría llamarse arbitrario. La jueza no debía haberse prestado a que las Fuerzas Armadas boicotearan los juicios de la verdad. La respuesta la dieron frente a arrestos, no frente a llamados a comparecencia. Incluso en Bahía Blanca fue procesado Corres y creo que en ese caso la medida estuvo bien tomada. Hoy sabemos las dificultades que traen los juicios de la verdad. Hay que pensar si son los juicios la manera de acercarse a la verdad y también hay que debatir qué es la verdad.
�Pero los militares últimamente han hecho varios gestos: la pretensión del Consejo Supremo de apropiarse de la causa del robo de bebés, la presión por los ascensos a represores. ¿No se les está dando lugar desde el Gobierno?
�(Ricardo) López Murphy escribió una instrucción para los fiscales del Consejo Supremo. Parece que el área de Defensa aprende de la experiencia o que se somete a la postura del Gobierno.
�Pero el Ejército demostró que está molesto con los juicios.
�Que no quieren citaciones lo demostraron siempre pero el poder político las está respaldando. Y las Fuerzas Armadas se van a bancar todo lo que esté dentro de la ley y la Justicia.
�Los organismos de derechos humanos reclaman que, aunque no pueda condenar, la Justicia investigue los crímenes.
�Está puesta la tensión ahí como si fuera el único lugar, pero en la Subsecretaría estamos investigando y recabando datos sobre la verdad de lo ocurrido durante la dictadura y tenemos datos nuevos. Hay que dejar de pensar que el Estado es siempre terrorista y no es confiable.
ULTIMATUM DE GARZON
Baltasaral ataque
Exclusivo: El juez español critica a su colega argentino Literas y da los pasos para pedir la extradición de represores.
Por Victoria Ginzberg
�Incomprensible�, tanto �en la forma� como en �el fondo�. Así calificó el juez español Baltasar Garzón la conducta de su par argentino Gustavo Literas. Y, en un escrito al que accedió en exclusiva Página/12, el magistrado avanzó los pasos que le permitirán reclamar directamente la extradición de 48 represores argentinos.
El juez que pidió la detención de 48 represores manifestó que la negativa a realizar esta medida por parte de su colega �no fue justificada suficientemente�. Agregó que la petición de algunos datos sobre los acusados que Literas ya poseía carecía de sentido.
En los próximos días los abogados acusadores del proceso de Madrid deberán opinar sobre la extradición para los militares y el civil que están procesados en España por genocidio, terrorismo y torturas. Además, insistirán en que los represores sean encarcelados mientras se decide si son trasladados a España.
Garzón se despachó contra el juez federal argentino luego de recibir el escrito de la Cancillería en el que se informaba que no se iban a detener provisoriamente a los represores procesados en Madrid. El juez español otorgó siete días para que los abogados de la Acusación Popular opinen sobre el pedido de extradición que en la misma nota sugirió el gobierno argentino.
El pedido para que los militares viajen a España para ser juzgados �que es la peor pesadilla de los genocidas argentinos� le sumará un nuevo intríngulis en materia de Fuerzas Armadas y derechos humanos a las autoridades argentinas. Se agregará a la polémica visita del secretario general del Ejército, Eduardo Alfonso, a los militares involucrados en violaciones a los derechos humanos en Córdoba y a la vigencia de la pretensión del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas de apropiarse de la causa por el plan para robar bebés durante la dictadura.
�Vista la negativa a tramitar la orden de la detención, no justificada suficientemente por el Sr. Juez Federal Literas, e incomprensible en el fondo y en la forma para este instructor, ante la gravedad de los delitos imputados, la falta de sentido de ciertos datos de los que dispone el Juez Requerido, dese traslado a las partes para que informen sobre la extradición cuya remisión se sugirió por las Autoridades Judiciales Argentinas�, dice textualmente el escrito firmado por Garzón ayer.
El juez español y los abogados de la Acusación Popular no comprenden �desde el punto de vista jurídico� por qué el Literas no arrestó a los acusados cuando, a principios de año, recibió el pedido de Interpol. El magistrado argentino argumentó en su momento que los datos no le bastaban y pidió una ampliación de la documentación. Esta le llegó al poco tiempo, otra vez por Interpol y nunca a través de Cancillería.
Cuando el jueves representantes de organismos de derechos humanos se entrevistaron con el juez, le recordaron que él mismo tramitó una detención provisoria en un causa en la que luego se solicitó la extradición de un ciudadano chileno. Pero Literas, desde enero, reclamó que la documentación proveniente de España pase por Cancillería.
Para decidir que no se detendría a ninguno de los 48 represores el Gobierno se basó en una carta de Literas en la que el juez afirmaba que no correspondía las detenciones porque por el tiempo transcurrido �no se encontrarían reunidos los extremos de urgencia requeridos�. Los abogados españoles y argentinos interesados en la causa argumentan que es Garzón quien debe decidir la urgencia, y no Literas ni el gobierno argentino.
Desde hace quince días Literas y el ministerio de Relaciones Exteriores se pasan la papa caliente ante la indignación de los representantes de organismos de derechos humanos y diputados aliancistas que ya no confían en la inicial señal del Gobierno de girar el tema a la Justicia para diferenciarse de la política de Carlos Menem.
�No dudaría un segundo en extraditar a quien corresponda�, dijo a Página/12 Literas en enero. Hace dos semanas, el ministro de Justicia yDerechos Humanos, Ricardo Gil Lavedra, envió una señal a España: �Está pendiente lo decisivo, que es la solicitud de extradición. Allí se jugará el partido más importante porque eso lo tiene que tramitar el Estado español�. La extradición, es cierto, se realiza entre Estados y el gobierno argentino puede especular con que el España decida no hacer lugar al pedido que le envíe Garzón.
Un juicio en el que se decida la extradición de los acusados �entre ellos Alfredo Astiz, Antonio Domingo Bussi, Ramón Genaro Díaz Bessone, Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera� puede llegar a durar años. Los abogados acusadores y Garzón desean que los represores, atendiendo a la gravedad de los crímenes cometidos, esperen esa resolución tras las rejas y por eso insistirían con la solicitud del arresto provisorio.
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En una compleja construcción, Ricardo Gil Lavedra interpretó que el Ejército no pudo haber respaldado institucionalmente a los detenidos porque eso no debe hacerse.