 El desafío del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a la Justicia civil seguirá, por ahora, en pie: la Cámara de Casación dejó intacta la resolución militar que pidió quitar al juez federal Adolfo Bagnasco la investigación del robo de bebés durante la dictadura.
El Consejo había tomado esa decisión a fines de marzo último, bendiciendo un pedido de Florencio Varela, abogado del represor Santiago Omar Riveros.
El fiscal del Consejo, el brigadier Oscar Osvaldo Mazzoni, apeló la resolución. Está obligado a hacerlo porque la ley establece que todos los fallos del Consejo deben ser recurridos por él ante la Justicia civil.
Así fue como el tema llegó a la Casación. El fiscal, Pedro Narvaiz, no apoyó al fiscal militar en su apelación, y el expediente subió hasta la sala militar de la Casación, integrada por Amelia Berraz de Vidal, Ana Capolupo de Durañona y Vedia y Gustavo Hornos. Los camaristas argumentaron que como Narvaiz desistió de seguir al fiscal militar, ellos no tiene por qué pronunciarse. Invocaron la doctrina �según la cual no es dable a los tribunales de apelación exceder la jurisdicción que les acuerdan los recursos, caso contrario resultaría una sentencia de segunda instancia desprovista de soportes legales�.
Ahora, entonces, envalentonado, el Consejo Supremo pedirá las actuaciones a Bagnasco, y le reclamará que no actúe más en la pesquisa del robo de chicos durante la dictadura.
Bagnasco, naturalmente, dirá que no se inhibe de trabajar en la causa, y la disputa de fondo subirá hacia las máximas instancias de la Justicia.
Si le toca opinar a la Casación, allegados a uno de los camaristas aseguraron ayer a Página/12 que los tres respaldarán a Bagnasco.
Si la cuestión llega a la Corte Suprema, un organismo que no tiene plazos para expedirse, el resultado podría ser el mismo. La Corte podría ampararse en compromisos internacionales firmados por la Argentina. La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas indica, por ejemplo, que quedan excluidos los fueros especiales, como el militar, representado en este caso por el Consejo Supremo. Bagnasco ya lo impugnó en este diario cuando dijo que el ente �tiene tanto de judicial como el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino�.
El Consejo es una instancia administrativa que depende del Ministerio de Defensa, pero el ministro, Ricardo López Murphy, no evitó el pronunciamiento de fines de marzo aunque tenía facultades para remover incluso a sus nueve miembros. Tampoco dio instrucciones al fiscal militar, cosa que también figuraba entre los poderes ministeriales, decisión que recién tomó la semana pasada con causas de Córdoba.
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opinion |
Adriana Calvo *
y Graciela Rosenblum **.
¿Qué está pasando?
Qué hacen los genocidas y sus cómplices?
 Acusan de terroristas y zurdos a los jueces y fiscales que los procesan.
Pretenden desacreditar a los testigos que los acusan, especialmente a los sobrevivientes.
Intentando descalificar el juicio por robo de niños que lleva adelante el juez Bagnasco, el general Brinzoni niega que ésa haya sido una práctica sistemática.
Los generales apañan, se solidarizan y �se preocupan� por los genocidas carapintadas que se niegan a declarar en los Juicios por la Verdad.
¿Qué hace el gobierno de la Alianza?
Asciende a los militares acusados de violaciones a los derechos humanos.
Impulsa leyes de mano dura.
Alienta a que se juzguen a sí mismos en la única causa en que hoy se los puede condenar: el robo de niños.
Reinstala la doctrina de la seguridad nacional, entregándole de hecho el control de la inteligencia interna.
Usa las fuerzas de seguridad para reprimir brutalmente a quienes protestan.
Hipócritamente declama el respeto a la justicia mientras impide que se los juzgue en el exterior, reteniendo el pedido de detención emitido por el juez Garzón.
Frente al virtual alzamiento de los genocidas, ¿nos dirán otra vez Felices Pascuas?
* Asociación de ex Detenidos-Desaparecidos.
** Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
CELS.
Nuevo avance militar
En el último tiempo hemos observado con seria preocupación las reacciones del Ejército frente a las investigaciones judiciales o medidas relacionadas con lo ocurrido durante la pasada dictadura militar. Claramente el Ejército ha vuelto a cobrar un protagonismo que le es ajeno en una sociedad democrática. Esta situación se ha materializado en una serie de hechos: en la respuesta corporativa de la fuerza frente a las citaciones de sus miembros a prestar declaración en las causas por derecho a la verdad y las detenciones que se han producido por apropiación de menores; en la obstinada negación por parte del Jefe del Estado Mayor de la existencia de un plan sistemático de robo de niños; en la declaración de competencia del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas; y por último, en el apoyo institucional a los militares que fueron detenidos en Córdoba. Con su actitud las Fuerzas Armadas intentan obstruir el quehacer de la Justicia y clausurar la investigación de hechos que involucran a sus miembros.
No podemos dejar de advertir la evidente responsabilidad del control político en esta situación. Una primera lectura podría indicar que esta responsabilidad proviene de una actitud de extrema pasividad que permite a las Fuerzas Armadas cobrar un impulso impropio y alejarse de los controles institucionales, demostrando un vacío en el poder del gobierno. La otra interpretación posible es que el Poder Ejecutivo está propiciando un cambio político que no está dispuesto a explicitar pero que se demuestra en hechos como el de sugerir la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior o en avalar el ascenso de militares que violaron los derechos humanos. Cualquiera de estas alternativas es de suma gravedad.
Nuestro objetivo central, como organismo de derechos humanos, es lograr el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Por esta razón, no podemos permitir un nuevo avance de las Fuerzas Armadas que claramente pone en riesgo la construcción de la democracia a la vez que incumple con la obligación del Estado de adoptar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de graves violaciones a los derechos humanos como las ocurridas en nuestro pasado reciente.
Simón Lázara *.
Una película que ya vimos
Cuando en el Juzgado Federal de Córdoba se presentaron uniformados un grupo de oficiales para manifestar su solidaridad con otros, citados éstos por la Justicia y comenzaron a circular las versiones de las usinas de acción psicológica acerca de una cuota de intranquilidad militar si alguien era convocado o detenido, todos pudimos decir: �Esto ya lo vimos�. Y, lo que es peor, �ya lo vivimos�.
Pero es mucho más que una película, porque en ella apareció la dramática desnudez de la realidad. Como es sabido que en el propio gobierno nacional no existe una posición absolutamente unívoca y que los temas de los juicios, tal como comprobó la APDH en sus conversaciones con Ricardo López Murphy y otros funcionarios son materia de debate abierto, consideramos necesario formular ciertas precisiones.
1) El �derecho a la verdad� �conocer qué pasó con cada persona� está claramente establecido por los organismos internacionales y por la justicia constitucional de la Argentina.
2) Acciones judiciales por el denominado �derecho a la verdad� se llevan a cabo en varias cámaras federales, han declarado numerosos miembros de las fuerzas de seguridad y militares, han habido careos y otras medidas procesales, incluso detenciones.
3) De esta forma, debe quedar muy en claro que Córdoba sólo es uno de los lugares en que se llevan a cabo estos procedimientos. Esto subraya lo insólito de los hechos.
4) Hasta ahora, la llamada �doctrina Balza� reflejó tres actitudes centrales por parte de la conducción del Ejército: explícito repudio al terrorismo de Estado, determinación de que �los oficiales se sujetaran a la justicia como ciudadanos de uniforme� y no interferencia en la marcha de los juicios.
5) La presencia del secretario general del Ejército en Córdoba con el auspicio del propio jefe del Estado Mayor, general Ricardo Brinzoni, y el evidente consenso del ministro de Defensa, implica revisar aquella �doctrina�. Volver a la época en que los ciudadanos de uniforme tenía el privilegio de no someterse a la justicia, como el resto de los mortales e interfiere abiertamente en el Poder Judicial.
6) Tantas cosas juntas, específicamente en una causa en la que no se plantean imputaciones penales, sino que simplemente se requiere información (mucha ya conocida) debería llamar la atención. En otros términos, ¿por qué en Córdoba y no en otro lado?
7) La respuesta, como siempre no es única. Pero permite unir los elementos dispersos: por un lado, que es evidente que el actual ministro de Defensa tiene una especial preocupación por los militares retirados, no está demasiado de acuerdo con los �juicios por la verdad� y dio algunos pasos que, en términos de afirmación democrática interna militar no son los mejores. Sobre esa grieta reapareció y se montó la tradicional resistencia militar a someterse a la justicia y a esclarecer la cuestión de las violaciones a los derechos humanos. Y, finalmente, ambas situaciones fueron rápidamente aprovechadas por el viejo dinosaurio, el general Luciano Benjamín Menéndez, no sólo para polarizar la crisis y aumentarla sino también para utilizarla como escudo de protección personal.
El gobierno tiene frente a sí un desafío no menor: poner en caja esta situación, dejar que la justicia prosiga su marcha sin interferencias e impedir que los viejos dinosaurios influyan sobre la política militar. La cuestión de los derechos humanos ya no es tan sólo el tema del contenido ético de la democracia, sino también el modo moral de consolidar al Estado de Derecho.
* Diputado nacional, mandato cumplido, UCR. Vicepresidente de la APDH. |
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