Por A.M.
 Víctor Alderete tiene una nueva cita con la Justicia. El ex presidente del PAMI deberá presentarse el 10 de mayo para ser indagado por el juez federal Gabriel Cavallo, acusado del delito de encubrimiento. En la madrugada del 7 de diciembre, pocos días antes de abandonar su cargo, Alderete ordenó el traslado de 96 cajas con documentación del PAMI y efectos personales desde la sede central de la obra social de los jubilados hasta un departamento en Morón. Los investigadores de la Oficina Anticorrupción encontraron entre esos papeles un expediente interno del PAMI referido a una denuncia que el ex funcionario había cajoneado.
El fiscal federal Carlos Cearras impulsó la acción penal contra Alderete y requirió la indagatoria al ex compañero de golf de Carlos Menem, que afronta múltiples procesos penales tras su paso por la función pública.
El expediente en cuestión corresponde a una investigación interna del PAMI por presuntos sobreprecios de hasta 120 mil pesos pagados en la organización de las Primeras Jornadas de Capacitación para Consejeros y Asesores, que se realizaron en diciembre de 1994 en Mar del Plata. Para trasladar a los asistentes a esas jornadas la obra social pagó 48 mil pesos en pasajes de micro a Trans-Cor. Pero la documentación encontrada puso en duda que los colectivos de esa empresa se hayan encargado efectivamente del viaje. En una circular interna de la obra social se afirma que �la transportación de los concurrentes y viceversa estará a cargo de cada delegación regional�. También se facturaron 65 mil pesos en concepto de hotelería por cinco días, cuando el encuentro duró sólo tres. Y se detectaron gastos de comida fuera del hotel cuando se había contratado con pensión completa.
Los asesores jurídicos del PAMI habían recomendado a Alderete que hiciera la denuncia sobre el tema, pero Alderete nunca la formuló. Y, al parecer, se llevó consigo los documentos del caso. En la causa fueron interrogados los asesores y se comprobó que Alderete tomó conocimiento fehaciente de la existencia de la denuncia, lo cual fue determinante para su citación a indagatoria. Como funcionario público tenía la obligación de denunciar estas irregularidades. Al no hacerlo incurrió en el delito de encubrimiento.
Las �cajas de Pandora� fueron encontradas a partir del dato aportado por un informante anónimo a los diputados aliancistas María América González y Jorge Giles, quienes recibieron asesoramiento en la Oficina Anticorrupción �en una de sus primeras actuaciones� y formularon la denuncia judicial. González elogió la decisión del magistrado y manifestó que �Alderete debe rendir cuentas ante la Justicia por la infinidad de irregularidades que cometió durante su intervención en el PAMI�. Además de llevarse documentos oficiales, Alderete había confeccionado fichas con datos personales de periodistas y políticos, que aparecieron en las cajas junto a algunos efectos personales del ex funcionario tales como fotos con Diego Maradona, cuadros y un libro con fotos de Isabel Sarli.
EL FISCAL PIDIO EL PROCESAMIENTO DE DI TELLA
La venta de armas puede costar caro
Por E.T.
La última vez que Guido Di Tella concurrió a testimoniar frente al juez federal Jorge Urso, los cronistas judiciales le preguntaron si temía ir preso por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Su sonrisa se congeló por un instante y cambió rápidamente de tema. Ayer el fiscal federal Carlos Stornelli instaló nuevas dudas sobre el futuro procesal del ex canciller y de su sonrisa, al pedir su procesamiento judicial por los cargos de falsedad ideológica en la confección de los cuatro decretos presidenciales que ampararon la maniobra ilegal, ocultamiento de pruebas y poner en peligro las amistosas relaciones con el Perú.
En su declaración testimonial, Di Tella había argumentado que nunca estuvo al tanto del posible desvío de las armas argentinas, ya que los cables que alertaban sobre la presencia de material bélico en la ex Yugoslavia no le estaban dirigidos a él. El fiscal sostuvo que un largo listado de cables provenientes de distintos países habían sido un indicio difícil de pasar por alto. El ex embajador en Yugoslavia, Federico Bartfeld, reconoció en su testimonio judicial, que además de los cables enviados a la Cancillería, aprovechó una reunión de embajadores de Europa Oriental realizada a fines de 1992, en Budapest, para manifestarle personalmente a Di Tella la incómoda situación que atravesaba por la constante aparición de noticias que indicaban que había armas argentinas en Los Balcanes.
Los alertas diplomáticos dirigidos a Di Tella y la Cancillería fueron incansables. Además de los cables, una larga serie de testimonios sitúan al ex canciller en una situación judicial más que preocupante. El Embajador Vicente Espeche Gil ratificó en sede judicial que un embajador holandés en representación de la Unión Europea le recomendó tener sumo cuidado en que, si se realizaban ventas de armas, que éstas no fueran a la ex Yugoslavia. Esta entrevista motivó que miembros de la Cancillería, concretamente la Dirección de Asuntos Nucleares (DIGAN), redactara un memorándum en el que recomendaba vigilar que las armas enviadas a Panamá no fueran desviadas a terceros países. De hecho, Espeche Gil había sostenido como aconsejable que la Central Nacional de Inteligencia (CNI) estableciera la capacidad de absorción por parte del mercado panameño de la gran cantidad de material bélico que los decretos presidenciales autorizaban a exportar. Panamá no tiene fuerzas armadas y el Canciller estaba al tanto del tema. La firma de Di Tella, al igual que la de Domingo Cavallo y Carlos Menem, es una de las pocas que figuran en los cuatro decretos que autorizaron la venta de ilegal de armas a Ecuador y Croacia. El ex canciller, al igual que el ex jefe del Ejército, general Martín Balza y el ex presidente Carlos Menem son los únicos funcionarios que estuvieron en áreas sensibles del poder durante todo el tiempo que duró la maniobra ilegal.
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