Por Cledis Candelaresi
 Legisladores de la Alianza impulsarán la sanción de un proyecto de ley para limitar los derechos que otorga a los laboratorios, básicamente extranjeros, la Ley de Patentes. Se trata de una iniciativa radical que apunta a limitar los Derechos Exclusivos de Comercialización que esa norma reconoce a una empresa o persona por el sólo hecho de que solicite una patente. La embestida parlamentaria, que podría incluir otros proyectos de tono similar, amenaza provocar la airada reacción de los Estados Unidos, defensora acérrima de la propiedad intelectual. Y endurecer todavía más su denuncia contra Argentina que hoy presentará ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), por el supuesto incumplimiento de acuerdos internacional respecto a patentes medicinales.
Durante la gestión de Carlos Menem, Economía se enfrentó duramente con el Congreso por la sanción y reglamentación de aquella ley. A diferencia del otro poder, el Legislativo �y básicamente el PJ� era más proclive a demorar el reconocimiento de los derechos intelectuales, que le permitirán cobrar royalties a los laboratorios extranjeros en detrimento de los nacionales.
Hasta el 10 de diciembre, el jefe de la bancada justicialista, Humberto Roggero, lideró la defensa de las empresas locales, nucleadas en Cilfa. Ahora, la posta parece haberla tomado el frepasista Rafael Flores, quien junto a sus pares Carlos Raimundi y Alberto Briozzo, fogonea un proyecto del ex legislador radical Edgardo Barberis, cuyo fin es limitar los DEC.
Los derechos exclusivos de comercialización fueron introducidos en la Ronda Uruguay del GATT (hoy, OMC), a instancia de los Estados Unidos, que pretendía compensar de algún modo el perjuicio que ocasiona a sus empresas �la transición�: en Argentina, las patentes comenzarán a regir en octubre, cinco años después de haberse sancionado la ley correspondiente. Pero cuando se reglamentó, el gobierno de Carlos Menem reconoció los DEC por cinco años, de modo tal que si un laboratorio solicita una patente, tiene la prerrogativa de comercializar en forma exclusiva el producto antes de que la autoridad correspondiente le haya reconocido o denegado la autoría intelectual.
Flores, junto a Raimundi y Briozzo, prevé impulsar con modificaciones la norma de Barberis, de modo tal que ese monopolio comercial sólo se reconozca hasta que el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual se expida y/o a partir del momento que se constate que, efectivamente, el producto patentado es realmente novedoso. Los legisladores podrían argumentar lo que un ex técnico del INPI explicó a Página/12: se están acumulando juicios de empresas que estaban comercializando un producto, cuyo DEC fue otorgado a otra.
Las autoridades del INPI y de la Anmat �organismos técnicos involucrados� tendrán la oportunidad el 10 de mayo de opinar sobre la cuestión ante la Comisión de Comercio de Diputados, de la que Flores es titular. Seguramente, el debate se extenderá a los otros proyectos que existen en ambas cámaras con el ánimo de modificar la Ley de Patentes, introduciendo la cláusula de fabricación local: los productos patentados deben ser elaborados en el país, y con cierta proporción de componentes argentinos.
La secretaria de Industria, Débora Giorgi, y el ministro de Economía, José Luis Machinea, intentaron días atrás persuadir a los legisladores aliancistas de que no apoyen esas iniciativas, con el argumento de que tensarían la relación con los Estados Unidos, que podría aplicar represalias: Washington está a punto de llevar el tema ante la Organización Mundial de Comercio, como un recurso para presionar a Buenos Aires. Adalberto Rodríguez Giavarini hizo lo propio durante un encuentro que convocó en la Cancillería con los radicales Adolfo Stubrin, Horacio Pernasetti, Juan Pablo Baylac y los frepasistas Flores y Darío Alessandro.
La presión del Poder Ejecutivo no parece suficiente para bloquear la embestida legislativa contra Patentes, pero podría dividir al bloque, donde el tema es acaloradamente debatido. El gran dilema de loslegisladores oficialistas, quienes hasta diciembre apoyaban al justicialismo en sus iniciativas pro laboratorios nacionales, es cómo salvar su dignidad política sosteniendo ahora una posición contraria.
| Buscando un guiño de Brasil
Los aliancistas Rafael Flores, Carlos Raimundi y Alberto Briozzo no se contentan sólo con la promoción de proyectos restrictivos de la Ley de Patentes argentina. Aunque sin mandato de su bloque �y menos aún del Ejecutivo�, los parlamentarios hicieron los primeros contactos con la embajada de Brasil, con miras a que ese país también retoque su ley de patentes, acotando los derechos intelectuales que se le reconocerán a quienes las soliciten. Con el argumento de que es necesario �armonizar� la legislación del Mercosur, los diputados intentarán llegar a las autoridades con máxima competencia en el tema de la administración de Fernando Henrique Cardoso. La legislación brasileña, por ejemplo, no admite la figura de la importación paralela, que permite importar productos patentados para evitar el monopolio en su provisión. Del mismo modo, la Argentina no reconoce la figura de la producción local, algo que sí contempla la del país vecino. |
SIN SESIONES POR PUJA PJ-ALIANZA
Ni tu quórum ni el mío
El Gobierno vio frustrado ayer su anhelo de que fuera sancionada la ley antievasión. El proyecto debía tratarse en la sesión prevista de la Cámara de Diputados, pero las diferencias entre diputados oficialistas y opositores hicieron naufragar el tratamiento del proyecto. En rigor, lo que ocurrió fue que los legisladores de la oposición se negaron a sesionar en represalia por la negativa del bloque de la Alianza a permitir la interpelación del ministro del Interior, Federico Storani, por la represión a los manifestantes contra la ley de reforma laboral. Además de la ley antievasión, quedó sin discutir el proyecto de modificación de la carta orgánica del Banco Nación. Pero la mayor urgencia del Gobierno es por la ley que aumenta los controles contra el fraude fiscal, ya que lo considera indespensable para aumentar la recaudación.
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