Por Cristian Alarcón
 �El problema es que gracias al mensaje oficial se está generando un clima de violencia incontrolable. La violencia no es solamente el acccionar del delincuente sino también esta respuesta inconsciente que agrava las situaciones. Tras el falso discurso de que vivimos en absoluta impunidad es demasiado peligroso dejar como alternativa que los ciudadanos se tienen que defender violentamente de los delitos.� La afirmación de Stella Maris Martínez, defensora oficial en los Tribunales Orales Criminales, codirectora de la Maestría en Criminología de la Universidad de Lomas de Zamora y doctora en Derecho de la Universidad de Salamanca, se explica en profundidad a lo largo de esta entrevista con Página/12, en la que asegura que esto es consecuencia de la generalización del discurso de la tolerancia cero.
�¿Cómo actúa ese mensaje de la violencia?
�Sucede que el Gobierno emite un discurso sobre una supuesta impunidad que tiene un doble efecto: no sólo llega a los potenciales agresores sino al ciudadano, a quien se lo empuja a defenderse solo porque la impunidad no le permite creer en que la policía y la Justicia se harán cargo de lo que les corresponde. Si tanto cuesta que la policía actúe adecuadamente, que resuelva sin heridos una situación de crisis, y que den en el blanco cuando tienen que disparar y no herir rehenes, ¿por qué pensar que un ciudadano puede hacerlo mejor?
�Se supone que el ciudadano se siente obligado a hacerlo porque no ve que lo defiendan. Por eso responde.
�No debe haber una respuesta porque no puede haber armas de fuego en manos de personas que no las saben usar. Si una madre agarra un cuchillo de cocina para defenderse puede ser un acto de desesperación, pero todo cambia si usa un arma de fuego. El discurso de la tolerancia cero se generaliza y no se entiende que no es lo mismo que un muchachito rompa un vidrio al ataque de una banda armada. Todo se reprime con un nivel de violencia altísimo y no queda lugar para la racionalidad que indica que ante una banda no sabré defenderme y que para algo está la policía.
�Esa es una situación ideal basada en una racionalidad institucional que no es la media en la Argentina.
�Es que si les decimos a las personas que la solución es la violencia, esa violencia no tiene medidas ni tiempos, es violencia permanente. Si emito un mensaje así lo van a responder no sólo los policías y los delincuentes profesionales, diferentes al desesperado social, sino también la gente, al modo de los justicieros o por no estar preparados.
�El discurso oficial es que es necesario un endurecimiento porque los delincuentes son cada vez más marginales y violentos.
�No confundamos. La mayoría de los hechos ilícitos son de baja agresividad cometidos por personas de escasos recursos, que se diferencian de los cometidos por bandas profesionales que son realmente violentos. En las defensorías oficiales, que defendemos el 85 por ciento de las causas llevadas a juicio oral, la mayoría de los casos son de baja agresividad. Además, hasta ahora, históricamente, cada vez que se llevaron rehenes, los rehenes no fueron agredidos. Ni siquiera en las situaciones más extremas de motines carcelarios.
�Pero si se pone a la sociedad a elegir entre la violenta limpieza de clase propuesta por el modelo Giuliani y el descontrol, la respuesta puede ser peligrosa.
�No tanto. La sociedad manipulada �parece� pedir venganza porque el diagnóstico está basado en el enfurecido mediático que pide pena de muerte, pero en la experiencia concreta, la gente que viene a los juicios como víctimas no pide venganza posterior sino protección previa.
�También existe desconfianza hacia la policía: esta semana un empresario prefirió pagar un secuestro a arriesgarse a que intervinieran.
�Hay una crisis de credibilidad en la institución. Lo cierto es que si se pasó de la mejor policía del mundo a la maldita policía, a un sistema de especialización y purga, a Aldo Rico, a otro cambio, eso necesariamente tiene que producir un descontrol. Si no hay una política coherente y duradera, es imposible mejorar la situación actual.
�Esto significa que el responsable último sigue siendo el Estado.
�Pensemos en la represión de la semana pasada: un policía declara que lleva una sevillana para cortar los bombos. Si esa frase es cierta, esto no es convivencia democrática y éste no es un Gobierno con control de la situación. Si el Gobierno ni siquiera puede manejar la violencia puesta en manos de los órganos dedicados a replicar cierta cuota de violencia, cómo podemos correr el riesgo de poner armas en manos de los ciudadanos.
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