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Después de siete años desde
la última vez que se presentó ante la Justicia, el símbolo de la
represión en Córdoba transitó otra vez los tribunales, y se quedó.
Llegó a las siete y media de la mañana, esperó la hora de la audiencia
junto a sus abogados y a las nueve entró en el despacho de Cristina Garzón
de Lascano. Ante el pedido de los querellantes, la jueza aprobó la
presencia de Mariana Baronetto y de Juan Miguel Ceballos. Sus padres
murieron fusilados en un supuesto traslado que el Tercer Cuerpo explicó
después como "intento violento de fuga"; habían sido retirados
de la cárcel atados, amordazados y con vendas en sus ojos, según lo
confirmó en su testimonio el ex director del penal, José Alberto Torres,
desechando la versión militar.
En un clima de gran tensión, Menéndez expresó su voluntad de no
testimoniar y le entregó a la jueza un escrito con los motivos. La
incompetencia de la Justicia civil, el principio constitucional que
establece que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo y una
crítica al proceso de la verdad fueron los tres argumentos a los que apeló
en el escrito, impreso en una hoja con su membrete de "general de
división" y con el escudo argentino grabado, como si fuera un
documento oficial. En el despacho se oían claramente los cantos y los
gritos de la manifestación de repudio que ocurría abajo. Sólo esta música
de fondo al grito de ¡Asesino, genocida! logró alterarlo y lo puso
visiblemente nervioso durante la audiencia. "Su actitud no se condice
con la del militar que dice ser, tenga la valentía de hablar y contar la
verdad, nosotros necesitamos la verdad", le dijo Ceballos. Menéndez
no se inmutó y sólo le dijo a la jueza: "Este individuo me está
insultando". El familiar se exasperó y allí no pudo contener el
grito: "¡Cobarde hijo de puta!", que le costó tener que salir
de la sala. No se le permitió a Menéndez hablar más sobre sus razones
para no declarar si no lo iba a hacer y allí mismo la jueza le comunicó
su arresto. Mariana salió del tribunal muy conmocionada: "El es el
responsable del asesinato de mi mamá, ¿entienden?", le dijo a los
periodistas llorando.
A pesar de las reforzadas
medidas de seguridad, tomadas según la jueza "para preservar la
integridad física y moral del testigo", algunos integrantes de HIJOS
y familiares presentes en el piso vieron el gesto adusto de Menéndez
cuando, escoltado por una decena de policías, fue trasladado a la alcaidía.
Una vez más, el represor escuchó los insultos y el repudio de los que a
su pesar todavía luchan por conocer la verdad del accionar del terrorismo
de Estado. También los soportó cuando llegó a su lugar de detención:
allí los presos, en su mayoría por causas por drogas, lo insultaron.
A pesar de que los policías lo
trataron con deferencia, se mostró desorbitado cuando le hicieron sacar
el abrigo, le pidieron la corbata y sus efectos personales y le pintaron
los dedos para registrar sus huellas digitales. Pero no fue a parar a una
celda tras las rejas, quedó alojado en la sala del jefe de la guardia,
donde a los pocos minutos recibió la visita de su abogado y de su hijo,
también militar, que viajó desde Buenos Aires para acompañarlo. Como
hasta ayer no había mujeres alojadas, trascendió que dormiría en una
celda femenina, para no tener contacto con el resto de los presos.
Por la tarde recobraron la libertad Francisco Daloia y Osvaldo
Quiroga, quienes quedaron procesados por abstenerse a declarar. Como
estaban en el Tercer Cuerpo, el único militar con el que Menéndez tuvo
contacto en la alcaidía fue con Vicente Melli, ex general de brigada, que
luego también fue trasladado por orden del juez Alejandro Sánchez
Freytes. Los dos días de Menéndez se cumplen mañana; por eso la jueza
deberá ir al tribunal y poner al ex represor a disposición del juez de
turno, quien anunció que recién lo indagará a partir del martes, aunque
el mismo domingo ordenaría su traslado a dependencias del Ejército. Allí
podrá recibir visitas de familiares y amigos sin restricción, y estará
custodiado por policías federales.
También debía presentarse
ayer Juan Bautista Sasiaiñ, ex segundo de Menéndez, quien está preso en
Buenos Aires acusado por robo de bebés. El juez Adolfo Bagnasco remitió
a Córdoba los informes del forense que señalan que Sasiaiñ está
enfermo y no puede viajar.
Los diputados Atilio Tazzioli,
nacional, y Carlos Vicente, provincial, fueron ayer al juzgado para
expresar su apoyo a la investigación de la verdad histórica. "El
hecho de que militares en actividad hayan visitado a los detenidos,
tratando de presionar sobre la Justicia con su presencia uniformada,
justifica que hoy estemos acá para avalar estos juicios, que son una
necesidad de toda la sociedad", opinó Tazzioli, y anticipó que
pedirá informes en el Congreso para que sea sancionada la actitud de los
altos jefes militares que fueron a Córdoba el miércoles en apoyo a los
represores.
LA
JUEZA LE RESPONDE A CONTI Por
M.E.G.
Consultada sobre las opiniones que sostienen que con la recepción
testimonial bajo juramento de los militares se violaría su derecho a no
autoincriminarse, Garzón de Lascano dijo: "La resolución que lleva
mi firma era la de citar a los testigos sin juramento, luego la Cámara
resolvió en contrario y yo sólo cumplo lo que ordena el tribunal
superior". La jueza dejó entrever que a su entender, si los
militares se presentaban sin la obligación de jurar, se hubiera
posibilitado un mayor acercamiento a la verdad, que es el objetivo que
persigue la investigación en este caso, ya que no son posibles las
condenas por los crímenes. Los dichos de la magistrada son una elíptica respuesta a los cuestionamientos que hizo en un reportaje concedido a Página/12 la subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, a la manera que está llevando la causa. Al igual que en la Capital Federal, las afirmaciones de Conti cayeron mal en Córdoba. "Resulta difícil entender que una funcionaria pueda hablar con tanta ligereza e ignorancia sobre una materia que le compete, como los derechos humanos", sostuvo el abogado Rubén Arroyo, representante de HIJOS.
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