OPINION

HILACHAS

Por J. M. Pasquini Durán

¿Pueden las democracias políticas soportar sus propias verdades? Les cuesta, para decir lo menos, y los gobernantes prefieren arrullarse con las versiones que mejor les acomoden. Por eso, los héroes patrios son de bronce o de mármol, sin dimensiones humanas. Los amoríos de Sarmiento, las úlceras de San Martín o los extravíos pasionales de algunas damas patricias son ocultados a los ojos públicos como se hacía con el idiota de la familia. Con estas costumbres, puede juzgarse la madurez de una sociedad por su aptitud para el olvido o la memoria. En el país y en otros de la región, el extremo perverso del ocultamiento fue la represión mafiosa del terrorismo de Estado: creyeron que si desaparecían los cuerpos no habría delito. La memoria, sin embargo, está siempre ahí, lista para emerger, sobre todo cuando los velos sobre el pasado se convierten en manto de impunidad para cubrir crímenes horrendos.

  El jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, apareció en público a quejarse por la detención de oficiales en retiro y en actividad porque, según él, las decisiones de algunos tribunales empeñados en los que se llaman "juicios por la verdad" estarían generando "inquietud entre el personal del Ejército". ¿Con qué atribuciones un subordinado del Poder Ejecutivo se permite cuestionar en público la gestión de miembros de la Justicia, un poder independiente y autónomo según las normas constitucionales? En el sentido común de los ciudadanos alejados de las altas cumbres de la burocracia institucional, lo lógico sería que si ese jefe militar tenía algo para quejarse debió hacerlo con el ministro de Defensa. Más aún: debió contar con el permiso correspondiente de la misma autoridad para enviar al secretario general del Ejército a interesarse por la situación de oficiales detenidos por una jueza de Córdoba, porque no maneja una empresa privada que vela por su personal. Si no cumplió con estos requisitos, ¿no debería ser apercibido, amonestado o enviado a la cama sin postre? Por abrir la boca sin respeto, el presidente uruguayo Jorge Batlle, que localizó a la nieta de Juan Gelman, pasó a retiro al jefe del Estado Mayor Conjunto de su país. Batlle es conservador; el ministro local Ricardo López Murphy es afiliado a la UCR.

  En privado, los jefes militares extrañan a Menem, su amigo, que era tan ejecutivo con sus demandas. Dicen a los cronistas, aunque sin permiso para mencionar la fuente, que en este gobierno no tienen interlocutores válidos y que encuentran dobles discursos, uno para la intimidad, que les da la razón, y otro para el exterior, que deja hacer. "Si dejamos hacer, cualquiera nos va a tocar el trasero", agregan con lenguaje cuartelero. Cualquiera no: jueces, en tribunales legítimos, con derecho a defensa y plenas garantías, todo lo que no tuvieron los detenidos-desaparecidos. Además, son injustos con el gobierno nacional: si hasta Diana Conti, subsecretaria de Derechos Humanos, "reflejó bien cual es la situación", opinó López Murphy y fotocopias con sus declaraciones eran distribuidas en el Estado Mayor del Ejército acompañadas de comentarios favorables.

  Conti declaró que el trámite judicial en Córdoba "llama a risa", que citar "a alguien como testigo para después detenerlo, es hacer un circo" y les negó "legitimación legal" aunque aceptó que "están legitimados por una suerte de voluntad popular". Entre los presos del "circo" figura desde ayer Luciano Benjamín Menéndez, un intocable en esa provincia y personaje emblemático del terrorismo de Estado. Conti llegó a su cargo con el apoyo del movimiento de derechos humanos, algunos de cuyos representantes opinaron, también en la edición de ayer de este diario, en términos muy diferentes. Simón Alberto Lázara, vicepresidente de la APDH, anotó que cuando comienzan "a circular las versiones de las usinas de acción psicológica acerca de una cuota de intranquilidad militar si alguien es convocado o detenido, todos pudimos decir: 'Esto ya lo vimos'. Y, lo que es peor, 'ya lo vivimos'". En el mismo texto, se pregunta los motivos para las reacciones contra la jueza de Córdoba y después de una amplia respuesta, concluye: "...estas situaciones fueron rápidamente aprovechadas por el viejo dinosaurio (Menéndez) no sólo para polarizar la crisis y aumentarla sino también para utilizarla como escudo de protección personal". Estas fueron las últimas declaraciones de Lázara, que murió ayer. Lástima, por él, por su familia, y por el movimiento de derechos humanos, en el que se desempeñó con integridad, porque la verdad que pugna por emerger necesita otra vez de todas las energías posibles, aunque sea para compensar las que se pierden entre las "razones de Estado" o el magma de la gobernabilidad.

  Hay quienes suponen que los militares quieren que el "derecho a la verdad" sea materia exclusiva de la Corte Suprema. Otros sospechan que el mismo propósito anima a un sector del oficialismo, puesto que el Gobierno aún no tiene posición unánime y el tema es "materia de debate abierto", según palabras de Lázara. En un caso como en el otro, la intención sería la misma: impedir que los trámites se extiendan por el país en cascada y dada la parsimonia de la Corte, como bien lo saben los demandantes de la AMIA, sumerja ese derecho en un pozo de agua estancada. El Gobierno no define posiciones unívocas en materia de militares y derechos humanos, como tampoco lo hace en otros asuntos de interés nacional. La indefinición no es el resultado de agotadoras contraposiciones de líneas internas, sino más bien el temor al contraste entre la verdad y la gobernabilidad, como si fueran términos incapaces de coexistir. Por la fisura entre el decir y el hacer intentaron colarse los gobernadores peronistas que firmaron una carta crítica, dirigida al Presidente, acusándolo de inercia o exagerada lentitud, igual que los militares, otra película ya vista y, lo que es peor, sufrida hace casi cuatro décadas cuando esos argumentos le abrieron camino a Juan Carlos Onganía.

  En este caso, era sólo una actitud oportunista, destinada a reforzar el plan canje que estaba operando en el Senado, mediante el cual esos gobernadores obtuvieron miles de subsidios del Plan Trabajar para que lo manejen entre su clientela, a cambio del voto a favor de la reforma laboral, con algunos retoques consentidos por el oficialismo. Quienes hayan seguido el debate tal vez coincidirán en que la intervención del senador Antonio Cafiero ha sido un brillante modelo de la doctrina de Diógenes. En su primera parte, hizo una rigurosa descripción del modelo explotador que utiliza al salario como variable de ajuste en nombre de la supuesta competitividad. Ningún opositor a la ley aportó a la crítica con tanta claridad expositiva los antecedentes, aun los más remotos, y las estadísticas apropiadas y confiables. Tras lo cual, el mismo senador preguntó: "Ustedes estarán pensando que voy a votar en contra". Y se respondió: "No, voy a votar a favor". Era la esencia del Pacto de Olivos, aplicada a las nuevas condiciones, en la que los opositores son oficialistas, y viceversa.

  Esas operaciones no alcanzan para definir políticas públicas y son apenas una apariencia de consenso nacional. Tampoco en materia de seguridad pública la experiencia de la semana anterior fue suficiente, nada más que para evitar una reiteración inexplicable en la Capital, pero ese mismo día en el que los funcionarios se felicitaban por el orden porteño, en Chaco, la policía provincial y la Gendarmería reprimían a manifestantes como si estuvieran otra vez en la guerra de la Triple Alianza. ¿Para qué sirven los servicios de inteligencia del Estado si los ministros no pueden prevenir y actúan sólo después que repasan las crónicas periodísticas? Chaco tiene un gobierno aliancista desde antes que existiera en el orden nacional y hasta se presumió en algún momento que su gobernador, Angel Rozas, tenía destinos más amplios que el mandato provincial. Ayer justificó la represión con la supuesta presencia de "activistas". Tras quince años de democracia, no es posible aceptar este lenguaje, otra forma de impedir una aproximación cercana a la verdad más evidente: hay pobreza desesperada que ya no aguanta más. Sólo los sobrevivientes podrán comprobar el año próximo si las esperanzas oficiales en la reactivación, y su consecuente creación de empleos, serán verdad. Mientras tanto, el dominó de la impotencia voltea fichas ya vividas. Si no hay pan para distribuir, hay palos.