Por Irina Hauser
 Después de haber justificado públicamente el respaldo del Ejército a los militares arrestados en Córdoba y de haber cuestionado el desarrollo de los juicios por la verdad, la subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, se rectificó a través de un comunicado. Ayer, a medida que pasaban las horas, la funcionaria fue recibiendo una tras otra durísimas críticas de organismos de derechos humanos. Y también sufrió los retos telefónicos de su jefe, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Gil Lavedra, quien había manifestado que �dentro de la democracia nunca puede haber respaldo institucional a detenidos por un juez�.
La complicada trama empezó el miércoles, cuando el secretario general del Ejército, Eduardo Alfonso, viajó a Córdoba para solidarizarse con el grupo de oficiales detenidos en el juicio por la verdad histórica, a cargo de la jueza Cristina Garzón de Lascano, por no haber ido a declarar. Al día siguiente, el titular de Justicia y su subsecretaria de Derechos Humanos mediatizaron sus opiniones sobre el tema. Pero dijeron cosas diferentes. En diálogo con Página/12, Gil Lavedra objetó la actitud del Ejército. Conti, al hablar con este diario, manifestó que la visita solidaria de Alfonso le parecía algo �lógico y entendible�. �No me gusta cuestionar actitudes judiciales �añadió�, pero creo que el arresto por testigo reticente que se hace en Córdoba llama a risa y resta seriedad a los Juicios por la Verdad (...) Hay un principio que dice que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Burlar ese principio, llamando a alguien como testigo para después detenerlo, es hacer un circo (...) Hay que pensar si son los juicios la manera de acercarse a la verdad y también hay que debatir qué es la verdad.�
Indignados, los directivos de varios organismos de derechos humanos se comunicaron ayer con Gil Lavedra. Le hicieron saber que consideraban inadmisibles las declaraciones de Conti, que a partir de ese momento quedaban rotas las relaciones con la subsecretaria y que ya no consideraban a la funcionaria como una interlocutora válida del Gobierno. Según pudo establecer este diario, el ministro se comunicó con su subalterna, que estaba en Salta en un encuentro con aborígenes, y le ordenó rectificarse. Así lo hizo. Algunos organismos moderaron su posición, pero igual emitieron textos de protesta (ver aparte).
u La nota de rectificación de Conti comienza con una curiosa interpretación de la subsecretaria: considera que sus dichos en el reportaje que concedió a Página/12 son �informaciones periodísticas vertidas� por este matutino.
u En relación con el esclarecimiento de la verdad sobre la desaparición de personas durante la última dictadura militar, corrigió: �Esta Subsecretaría respeta y apoya, inequívocamente, el accionar de la Justicia en cuanto al esclarecimiento y castigo de aquellos delitos y a los juicios de la verdad orientados a brindar a familiares de las víctimas toda información sobre lo ocurrido con sus seres queridos�.
u Sobre el respaldo del Ejército a los oficiales que están bajo arresto dijo: �Esta Subsecretaría reafirma un compromiso con la sociedad en cuanto a continuar trabajando por la vigencia plena e irrestricta de los derechos humanos y manifiesta que toda posición corporativa o institucional en apoyo de personas citadas por la Justicia es claramente ilegal y que como lo manifestara el Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos, �cualquiera sea la decisión de la Justicia, más allá del acierto o desacierto, debe ser respetada porque este es el principio que debe regir en un Estado��.
La cartera de Justicia buscó bajar el tono del conflicto y atribuir todo oficialmente a una interpretación errónea de las declaraciones de la funcionaria�en�apuros. �Están enmarcadas en qué es lo que contribuye de mejor manera a la búsqueda de la verdad que es una obligación del Estado, y en que seguramente estos procesos pueden de alguna manera entorpecer el avance que debe hacer el estado�, buscó aclarar Gil Lavedra. A pesar deque consideró que fue �malinterpretada�, Conti admitió ante agencias de noticias que se había equivocado.
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Los principios y los actos
Por María José Guembe*
En el día de ayer la subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, realizó preocupantes manifestaciones de respaldo hacia el apoyo institucional del Ejército a los militares detenidos en la causa por derecho a la verdad que se lleva adelante en los tribunales de Córdoba. Nos satisface saber que la funcionaria ha rectificado su posición.
Sin embargo, los dichos vertidos nos obligan a reflexionar sobre las intromisiones en la actividad de la Justicia. Las Fuerzas Armadas no pueden contravenir las resoluciones judiciales; apoyos corporativos como los de los últimos días son inaceptables pues pasan por alto uno de los principios básicos de nuestra organización institucional que establece que las resoluciones judiciales tienen fuerza legal y deben ser respetadas sin más recursos que los que la propia ley prevé.
Tampoco pueden entrometerse los funcionarios de Poder Ejecutivo y menos aún determinar cuán legítimos son los procedimientos legales. Debemos recordar que las causas por derecho a la verdad se basan en disposiciones constitucionales y legales, y que la competencia del Poder Judicial para entender en estos casos fue declarada en reiteradas oportunidades desde hace más de seis años.
Estos juicios cumplen con un compromiso asumido por el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que se estableció la competencia de la Justicia penal para realizar investigaciones por derecho a la verdad. Ese acuerdo es obligatorio y compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino.
El avance que están produciendo las Fuerzas Armadas sobre las instituciones democráticas resulta inaceptable y así lo hemos manifestado. Igualmente es inadmisible que el Gobierno lo permita. Esperamos que los contenidos de la rectificación dada a conocer por la Subsecretaría de Derechos Humanos constituyan de ahora en más los principios que guíen sus actos.
* Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). |
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Del ridículo no se vuelve
Por Adriana Calvo*
Las declaraciones realizadas por la subsecretaria de Derechos Humanos, doctora Diana Conti, merecen algunas reflexiones.
En primer lugar, nos alegramos de que haya aparecido, ya que temíamos que algo le hubiera sucedido. Su ausencia ante los hechos lamentables que han ocurrido en los últimos días (brutal represión policial; intervención inadmisible del Consejo Supremo de las FF.AA.; obstáculos en el proceso de extradición del juez Garzón, entre otros), nos hizo pensar en la posibilidad de presentar un hábeas corpus para hallarla. Ahora que sabemos que goza de buena salud, nos acordamos del poema de Neruda, que dice �me gustas cuando callas porque estás como ausente�.
En segundo lugar, felicitamos a la doctora Diana Conti porque, a pesar de los sucesos escalofriantes que venimos padeciendo, ella tenga capacidad para la risa, tal como manifestara en relación a la actuación de la jueza de Córdoba Cristina Garzón de Lascano en el proceso por la verdad que lleva a cabo. Estas manifestaciones indican, una vez más, la incapacidad de la subsecretaria para dirigir un área tan delicada, como es la de los derechos humanos, y la falta de tacto político para manejarse. Hace unos días, la misma funcionaria dijo que los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no eran obligatorios para la Argentina, en relación a los presos de La Tablada. Ahora cuestiona la actividad de una magistrada, violando la división de poderes con su desvergonzada intromisión y al solo fin de preservar a los militares cuestionados. Lo que no mueve a risa son sus declaraciones, ya que la única dificultad de los juicios por la verdad es la existencia de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final e indultos y la voluntad política de este gobierno de mantener la impunidad.
Sugerimos a la doctora Diana Conti que la única salida digna a sus exabruptos es la inmediata renuncia, porque, bien lo sabe, del ridículo no se vuelve.
* Asociación de ex Detenidos Desaparecidos. |
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Preocupante asimilación
Por Alicia Oliveira*
La subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, ha apoyado públicamente el respaldo corporativo del Ejército a los oficiales detenidos por negarse a declarar ante la Justicia.
Los militares son funcionarios del Estado y como tales están obligados a colaborar en toda actividad jurisdiccional que se realice. Sin embargo, cuando se los cita bajo juramento de decir la verdad deben hacerlo pues se trata de una carga pública a la que como ciudadanos están sometidos.
Sin embargo, más allá de estas obligaciones, lo central del caso que nos ocupa es que tanto los militares como la funcionaria del Poder Ejecutivo desconocen el derecho de las víctimas y la sociedad a conocer la verdad de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el terrorismo de Estado. La negación de ese derecho por la Corte Suprema en el caso Lapacó dio lugar a una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en cuyo proceso el Estado argentino firmó un acuerdo en el que se compromete a garantizar el conocimiento de la verdad a través de las cámaras penales. Es decir que se está desconociendo tanto el derecho como la obligación asumida por el Estado.
Las manifestaciones de Diana Conti y la relación de los militares interfieren en la actividad de los tribunales que en reiteradas resoluciones, a raíz del incansable reclamo de las víctimas y los organismos de derechos humanos, han declarado la existencia del derecho a la verdad y lo han reconocido como un objeto central del procedimiento penal. Esta asimilación de los funcionarios ejecutivos con los militares despierta una gran preocupación, pues es el marco que permite nuevos avances de las Fuerzas Armadas en terrenos impropios y que vulnera los principios centrales del Estado democrático de derecho.
La sujeción del Poder Judicial a las demandas militares fue el rasgo central del período 76-83. También lo fueron el apoyo a defensas corporativas, el permitir la actividad política de los militares �como nuevamente lo han hecho ante el Senado�, el enfrentamiento de ellos con las decisiones judiciales y la intromisión en seguridad interior. En ese mismo sentido hoy los tribunales castrenses, meros órganos administrativos, se arrogan nuevamente capacidad jurisdiccional para encubrir a sus compañeros de armas.
La escena actual remite claramente al pasado y la experiencia lograda no nos permite hacernos los desentendidos. Estos hechos son de extrema gravedad y merecen el mayor repudio social.
* Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. |
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