OPINION

Naufragio impositivo

Por Julio Nudler

Todos los contribuyentes de la Argentina que poseen una CUIT están en grave falta, simplemente porque la tienen vencida desde el 1º de marzo. Esta increíble situación es consecuencia de una resolución de la propia AFIP, la 663/99, publicada el 27 de agosto último, que dispuso la caducidad de las constancias de cada CUIT para terminar con la confusión reinante, ya que circulaban diferentes modelos, y para actualizar el padrón. En la misma resolución, el organismo anunciaba que enviaría las nuevas credenciales a domicilio, pero ("por supuesto", dicen los conocedores) no lo hizo. Dos meses más tarde, fuentes internas del vacilante edificio de la Plaza de Mayo confiesan que no llegaron a tiempo, pero que ello no resultó tan importante porque, de todas formas, no hay plata para confeccionar los nuevos certificados ni para pagar el franqueo. Sin embargo, los funcionarios tampoco tuvieron reflejos como para aprobar una nueva resolución que prorrogara los plazos y evitara la extraña situación actual.

  Otro caso sorprendente es el de las entidades exentas: fundaciones, cooperadoras, clubes, sindicatos, countries o mutuales que no pagan impuestos sin que nadie controle si son genuinas o ficticias. Son en total 55 mil entidades, tantas que si cumplieran mínimamente los fines sociales que proclaman en sus estatutos, el ministerio de Graciela Fernández Meijide se volvería totalmente ocioso y la Argentina sería un modelo de solidaridad. Créase o no, la AFIP carece de un padrón de exentas, y de idea alguna sobre cuánta plata deja de recaudar por ese boquete. En tiempos ya remotos, la biblioteca de la DGI editaba un libro con los listados. Pero un día se jubiló el voluntarioso bibliotecario y no hubo más ediciones.

  La resolución 729/99, publicada el 1º de diciembre último, ordenó que todas las exentas --conocidas o ignotas, de reconocidos servicios a la comunidad o francamente sospechosas-- se reempadronaran para revalidar títulos. El trámite lo cumplieron 18.446 entidades, un tercio de las que presuntamente existían. Entre ellas hay 9463 asociaciones, 2517 cooperadoras y 1894 fundaciones, entre otras. Ahora se supone que a partir del 31 de mayo la nómina de exentas figurará en la página web de la AFIP. Aunque todas afirmen no tener fines de lucro, no es seguro que por ese solo hecho contribuyan al bien público. Un ex jerárquico de la antigua DGI recuerda haber negado en su tiempo la exención a postulantes como el Club Americano, el Club Francés y el Círculo Italiano. Investigando a uno de ellos halló que en el último año había comprado un solo libro para su biblioteca, pero abundantes cubiertos de plata para el comedor y alfombras para la sala de bridge. Su desaprobación no contó: finalmente obtuvieron la exención por orden de arriba.

  Pese a su muy diferente función, el Tortugas Country Club, el Mercado de Valores y la cooperadora de un desprovisto hospital comparten el mismo inciso y gozan del mismo privilegio fiscal. Este subsidia además las donaciones que reciben, ya que el donante puede deducirlas como gasto. Las fundaciones sirven tanto para la financiación encubierta de la política como para ayudar a médicos o abogados a evadir impuestos: cualquier contador sabe cómo hacerlo y es consciente del bajo riesgo que corre su cliente por la total falta de control. Esta desatención es explicada por un alto funcionario actual de la AFIP: "Siempre ocurre que se les da prioridad a vigilar a los que pagan y no a los que no pagan". Es decir: ¿para qué perder el tiempo con las exentas si, precisamente, están exentas?

  Quizás el mismo principio haya sido aplicado en el caso de las empresas amparadas por regímenes de promoción industrial. Expertos que conocen Impositiva por dentro aseguran que ésta no controla ni las desgravaciones directas ni los diferimientos con que son beneficiadas. Como carece de información consolidada al respecto, el organismo no está en condiciones de determinar el costo fiscal de esos mecanismos. Además de la ineficiencia propia de la repartición, esta pasividad es atribuida a la relación directa que el aún hoy titular de la AFIP, Carlos Silvani, mantenía con el presidente Menem, puenteando al ministro Roque Fernández. Fuertes intereses del NOA, de provincias como La Rioja y Catamarca, preferían que el ente recaudador no hurgase en sus negocios. La predisposición de Silvani fue premiada con un agónico proyecto de ley del menemismo, que recibió media sanción del Senado, confiriendo estabilidad por cuatro años a la conducción de la AFIP.

  Ahora Silvani decidió acabar con el control preembarque que seis verificadoras privadas realizan, en los puertos de origen, sobre los cargamentos que serán despachados hacia la Argentina, siempre que correspondan a las posiciones arancelarias que abarca el programa. El objetivo es evitar la subfacturación de importaciones, y que de esa manera se evadan derechos e impuestos. Todavía en tiempos de Menem, coló un artículo (1270) derogatorio del control preembarque en la proyectada modificación del Código Aduanero, aunque el asunto no tuviera nada que hacer allí. Así opinó incluso Rodolfo Terragno, quien en una carta del 4 de enero, dirigida a SGS (Société Générale de Surveillance), la principal agencia verificadora, escribía: "Coincido con ustedes en que dicho artículo... nada tiene que ver con la ley de fondo. Quiero destacar, además, que esta Jefatura de Gabinete de Ministros cree necesario extender, antes que restringir, todos los sistemas de control que contribuyan a dar mayor transparencia a la Aduana, así como a combatir la evasión y el fraude. Estos puntos de vista serán defendidos oportunamente por esta Jefatura de Ministros." ¿Perdió Terragno la batalla con Silvani?

  La deuda acumulada con las empresas de control llega, por trece meses impagos, a 90 millones de pesos. El responsable del programa, Ernesto Rezk, renunció a su cargo, mientras la Aduana tiene planes para despedir al grueso de los verificadores físicos. ¿Quién se hace responsable de lo que ocurrirá con la recaudación aduanera y con la protección de los productores locales? Las empresas de control, cuyo trabajo fue severamente cuestionado, aseguran no obstante que el fisco, con el aumento de recaudación conseguido, paga seis veces el costo del programa. Silvani no mostró números que lo desmientan, reforzando la sensación de que la única lógica que aplica es la del cierre de las cuentas.