|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por Horacio Cecchi  Un anónimo dirigido a los bloques frepasistas del Senado y Diputados bonaerenses denunció ayer el enriquecimiento ilícito de la plana mayor del Servicio Penitenciario provincial en base a una cadena de �negociados�. Los datos vertidos por el escrito �firmado por �empleados subalternos del SPB� revelan con minuciosa precisión los movimientos internos de las cárceles de la provincia y coinciden con las notas publicadas por Página/12 sobre el funcionamiento en los penales de un verdadero shopping de servicios, incluyendo venta de certificados, salidas negociadas y otras irregularidades. La salida a la luz del anónimo coincidió con la difusión de un proyecto de ley presentado por el Frepaso para intervenir al SPB y poner en disponibilidad a toda la plana mayor y las jefaturas de todas las cárceles bonaerenses, además de crear una comisión bicameral investigadora. Para el martes próximo, cuando el proyecto sea tratado en la Comisión de Seguridad del Senado, el PJ invitó al debate al jefe de los penitenciarios, Esteban Mazzante.El anónimo llegó a manos de la presidencia de los bloques frepasistas de las dos cámaras a fines de enero de este año. Al pie del texto aparece la firma �empleados subalternos del SPB�. La denuncia está dirigida contra los principales jefes del servicio �a los que menciona con nombre y apellido� y a los que señala además como vértice de una cadena recaudadora de prestaciones cobradas a los internos y a la propia policía bonaerense. �Los cupos de ingreso a las cárceles de detenidos que provienen de policía se pagan con muy buena plata. Si es un preso pesado, que tuvo fugas, muertes y es reincidente, su ingreso a un penal vale más de 2000 dólares�, dice el escrito, confirmando las denuncias realizadas por este diario en marzo pasado. �A esto hay que agregarle lo que el interno paga después adentro del penal para que sea más placentera su detención�, sostiene el denunciante. En todas las cárceles de la provincia los beneficios que pueda obtener el preso �se cobran�. El anónimo asegura que la recaudación forma una cadena que tiene como último bolsillo el de las más altas jerarquías y que en su recorrido, los intermediarios van cobrando su tajada. También menciona el �mercado del artículo 18�. Dicha norma habilita a los internos al régimen de salida transitoria, ahora reglamentada por el artículo 100 de la nueva Ley de Ejecución Penal. �Cuando por cuestiones legales los internos no pueden acceder al privilegio del artículo 18, se les otorga el privilegio de la fuga previo pago de la misma.� En la denuncia se recuerda el caso del instituto de menores de Olmos, donde un interno �que abonó 50 mil dólares� obtuvo la salida. �Por este hecho existe una causa penal en La Plata�. También apuntaron contra un fiscal de la Cámara de Casación Penal, a quien acusan de participar en el �mercado de la conmutación de penas�. El negocio, según el denunciante, consiste en la reducción en las condenas de los internos previo pago �de sumas que no bajan de los 40 mil dólares, según la pena que tenga el detenido�. Incluye, además, a jerarquías del gabinete psiquiátrico que controlan el �monopolio de los informes psiquiátricos forenses de los presos�. �No es la primera vez que recibimos anónimos�, aseguró a este diario el senador Eduardo Sigal. �En algunas ocasiones llegamos a localizar y entrevistar al denunciante ofreciéndole todas las garantías. En general, todas coinciden en la corrupción interna, pero en este caso tiene información muy precisa sobre los movimientos internos del servicio.� Precisamente, los hechos de corrupción que tuvieron su máxima expresión a partir de la salida transitoria de Salvador Raineri, en marzo pasado, motivaron al Frepaso a presentar un proyecto de ley para intervenir al Servicio Penitenciario. �El motín de Sierra Chica, la salida de Raineri, el permiso de salida de 16 presos que jamás volvieron, las declaracionesdel ministro de Justicia (Jorge) Casanovas reconociendo que hay droga en las cárceles de la provincia, nos movió a presentar el proyecto.� En caso de ser aprobada la ley, el SPB será intervenido por un plazo que no superará un año; los principales jefes serán puestos en disponibilidad; podrán suspenderse las actividades de las juntas de calificaciones y de reclamos. Además, se creará una comisión Bicameral Investigadora, conformada por tres senadores y tres diputados que analizará el funcionamiento del SPB. El martes, el proyecto será tratado en la Comisión de Seguridad del Senado, pero a los frepasistas no les resultará fácil su aprobación. En la sumatoria de bancas, la Alianza tiene mayoría, pero la UCR aún tiene algunas dudas para apoyar la intervención. Además, la comisión es presidida por Horacio Román, del PJ, quien ya anticipó que se opondrá y que para el primer día de sesión invitó a un convidado no exactamente de piedra: el prefecto Esteban Mazzante, jefe del SPB.
|
