Por Pedro Vega
Desde Santiago
 Tal como lo anunció Página/12, apenas inició ayer su alegato en el juicio de desafuero en contra del ex dictador Augusto Pinochet, el abogado Hugo Gutiérrez, uno de los principales querellantes que representa a los familiares de las víctimas de la Caravana de la Muerte, entregó sorpresivamente a los jueces un nuevo documento en el que se vincula directamente al entonces jefe de la junta militar con el fusilamiento de una autoridad del gobierno del presidente Salvador Allende, luego del golpe militar del 11 de setiembre 1973, cuando la comitiva militar a cargo del general Sergio Arellano Stark recién comenzaba su terrorífico itinerario por el país, tras el cual se ejecutó a 72 prisioneros políticos.
Según el testimonio secreto entregado en 1990 a la Comisión de Verdad y Reconciliación por el ex auditor militar Gonzalo Urrejola Arrau, el
intendente de Talca del gobierno de la Unidad Popular, Germán González, fue fusilado por orden telefónica de Augusto Pinochet. El documento de tres carillas al que tuvo acceso este diario, y que desde ayer se encuentra en poder de los 22 jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago que deben resolver la petición de desafuero del actual senador vitalicio, forma parte de los documentos confidenciales que mantiene en reserva la denominada Comisión Rettig. Dicha comisión entregó en 1991 al entonces presidente Patricio Aylwin un completo informe de las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el régimen militar de Pinochet. En el informe no aparecen responsables de los crímenes, ya que dicho propósito no se encontraba dentro de sus objetivos.
El ex juez militar Urrejola, quien falleció en abril de 1998, declaró ante la Comisión de Verdad y Reconciliación en agosto de 1990 en la ciudad de Concepción. En su testimonio comienza explicando que después del 11 de setiembre de 1973, la junta militar decretó el estado de sitio �por situación de guerra interna�, constituyéndose a raíz de lo anterior los Consejos de Guerra en todo el territorio nacional, los cuales estaban a cargo de la justicia militar. Urrejola advierte que en la zona centro-sur del país hubo aproximadamente 200 personas sometidas a consejos de guerra.
�En Concepción, sólo fueron condenados a muerte cuatro ejecutados de Lota (zona minera hacia la costa de Concepción); fuera de ellos ninguna otra persona fue condenada a muerte por
 los consejos de guerra. Sé que Germán González, intendente de Talca, fue ejecutado en el Regimiento de Chorrillos de esa ciudad, antes de que terminara la tramitación de su respectivo proceso. Esta ejecución se efectuó por orden telefónica de Augusto Pinochet Ugarte. Yo me trasladé a Talca para corregir la anormalidad del procedimiento y se dictó una sentencia post morten�, afirmó. González fue fusilado por orden del teniente coronel Olagier Benavente, del regimiento de Talca, días antes de que a fines de setiembre de 1973 llegaran a la zona el general Sergio Arellano Stark y su comitiva. Así lo confesó el propio comandante Benavente en una entrevista concedida hace poco tiempo atrás, y en la cual reveló además que el piloto del helicóptero Puma de la Caravana de la Muerte, capitán Antonio Palomo, le había confiado haber tirado cuerpos al mar.
Luego del alegato de Gutiérrez, le tocó el turno al abogado del Partido Socialista, Juan Bustos, quien dijo a la sala: �Tal como Jehová le preguntó a Caín, dónde está tu hermano. A Pinochet le preguntamos dónde están tus compatriotas. Y ello sólo se puede responder con verdad y justicia�. Después tocó el turno a la abogada del Consejo de Defensa delEstado, Clara Szczaranski, quien alegó en representación del Estado para que Pinochet fuera desaforado y enjuiciado por la responsabilidad que se le imputa en los crímenes de la Caravana de la Muerte.
Cerró los alegatos el abogado del actual senador vitalicio, Ricardo
Rivadeneira, quien expuso fundamentalmente razones de salud que harían
imposible a Pinochet enfrentar un juicio en su contra. Rivadeneira sostuvo que a Pinochet no le caben responsabilidades directas sino políticas y que no se puede hablar de detenidos-desaparecidos, cuando los cadáveres de estas personas fueron enterrados en algún lugar que aún no ha sido encontrado por el juez Juan Guzmán, �quien recorre Chile con una pala�.
A la salida de los alegatos y en pleno pasillo de los tribunales se produjeron incidentes entre familiares de las víctimas y los abogados y amigos del general Pinochet que presenciaron las exposiciones judiciales. Al grito de �¡Asesinos!, ¡Asesinos!�, un grupo de familiares de detenidos desaparecidos se abalanzó sobre el ex vicecomandante en jefe del Ejército, general Guillermo Garín, y los dirigentes de la Fundación Pinochet, Luis Cortés Villa y Hernán Guiloff. Los incidentes siguieron con insultos, ataques de respuesta de los pinochetistas y escupitajos, hasta que los carabineros separaron a ambos bandos. Los familiares de los desaparecidos marcharon a la peatonal céntrica de Paseo Ahumada para seguir pidiendo justicia.
Esta puede tardar: los 22 jueces dejaron pendiente la resolución y no existe un plazo determinado para que entreguen su veredicto.
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EL GOBIERNO CHILENO RESPONDE LOS PLANTEOS MILITARES
Cuando las inquietudes bajan turbias
Por Pablo Rodríguez
El presidente chileno Ricardo Lagos tuvo que reiterar que el país está �tranquilo� y volvió a pedir �respeto� por la decisión del Poder Judicial. Es que los coletazos �sobre todo los militares� por la situación legal cada vez más endeble de Augusto Pinochet no cesan. Ayer, el Centro de Generales del Ejército en Retiro (CGER) dijo que el proceso para desaforar al ex dictador es �una aberración�. El lunes, el jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta, se había entrevistado con el mismo Lagos para expresarle el típico eufemismo de los militares chilenos (y latinoamericanos) para protestar: �hay inquietud�. Les queda �inquietud� para rato: además del proceso en Chile, el abogado francés William Bourdon pidió ayer que se nombrara un abogado en la Embajada de Francia en Santiago para que apoye las iniciativas judiciales francesas en el caso Pinochet.
Bourdon representa a las familias de cinco franceses desaparecidos en Chile durante la dictadura. Según el abogado, la demanda plantada ante la Justicia francesa permitiría favorecer el estudio y la ejecución de las demandas, por las que en su momento Francia había solicitado al gobierno británico la extradición de Pinochet. El juez Roger Le Loire, que tiene a su cargo las causas, solicitó a las autoridades chilenas autorización para ir a Santiago a interrogar a ex oficiales del Ejército chileno, pero su iniciativa fue frenada por la Corte Suprema hace dos meses.
Toda esta orgía judicial ya está colmando la paciencia de los militares. �Vulnerando principios jurídicos, se persigue a quienes no hicieron otra cosa que cumplir con su deber�, reza el comunicado del CGER. Los militares retirados aceptan como �posibles� los abusos �fuera de control� durante �el gobierno militar�, pero al mismo tiempo advierten que se produjeron en el marco de un combate �al terrorismo propiciado por otros actores de la época, que no han reconocido su responsabilidad política en los acontecimientos que desencadenaron el 11 de setiembre de 1973 (día del golpe) y que hoy se han erigido en nuestros jueces�. El CGER también se quejó de los políticos de izquierda que �hoy presentan al gobierno militar como símbolo de transgresiones de derechos básicos de personas que sólo (supuestamente) pretendían imponer sus idealismo para gobernar al mundo y a Chile en particular�.
La derecha, aliada tradicional de los militares, está tironeada al respecto. El ex candidato a la presidencia Joaquín Lavín dijo hace dos días, respetando las palabras que pronunciara durante la campaña electoral, que le parece bien �que actúen los tribunales de justicia en el caso Pinochet� y que �hay que dejar que trabajen tranquilos�. Leonora Gajardo, dirigente del movimiento Soberanía Nacional, atacó indirectamente a Lavín pidiendo a los dirigentes de derecha que �no sean cobardes y defiendan a quien nos liberó del yugo marxista�. Pero ésta no es sólo la posición de un movimiento marginal dentro de la derecha. Nada menos que Alberto Cardemil, presidente de Renovación Nacional �el segundo partido de la derecha�, denunció que �la audiencia judicial de desafuero está politizada y no existen garantías de un juicio justo�.
A todo esto, el presidente Lagos sigue tratando de calmar las aguas con un dejo de satisfacción: sabe que todo el mundo está mirando el juicio en Chile y que la posibilidad de juzgarlo parece más seria que nunca. �Le dijimos al mundo que en Chile se hacía justicia. Es lo que está ocurriendo en estos días, y lo único que pido es respeto para lo que hacen los tribunales�, declaró ayer, luego de que el jefe de la Armada, almirante Jorge Arancibia, afirmara que �hay preocupación� entre los altos mandos militares por la suerte del ex dictador. �Las inquietudes, por respetables que sean, deben procesarse internamente�, replicó el presidente. |
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