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Por Eduardo Tagliaferro Un sol abrasador, 29 grados de temperatura y la guarnición �Bautismo de Fuego� esperaban a Fernando de la Rúa en Reconquista, en el norte santafesino, para recordar la primera vez que la Fuerza Aérea entró en combate en su historia. En ese clima castrense el Presidente se limitó a reclamar la �subordinación y valor de las Fuerzas Armadas y la lealtad de éstas para con la Constitución y el pueblo�, como única respuesta a la �preocupación� de los uniformados ante las citaciones judiciales en los juicios por la verdad. �Es un tema judicial y debe estar en la Justicia�, fue la respuesta de De la Rúa sobre las detenciones de los militares del Tercer Cuerpo de Ejército que deben responder por el asesinato de aproximadamente treinta presos políticos en la cárcel de Córdoba en 1976. Acompañado por el gobernador Carlos Reutemann y el ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, De la Rúa pasó revista a las tropas que lo aguardaban en la pista de la III Brigada Aérea para celebrar los 18 años desde el día en que aviones de la Aeronáutica participaron en la guerra de Malvinas. El Presidente aprovechó la comitiva que lo acompañaba a reunirse con Reutemann (ver página 8) para dar mayor presencia oficial al acto montado por la Fuerza Aérea. En el avión presidencial Tango 03 llegaron con De la Rúa, Adalberto Rodríguez Giavarini, Graciela Fernández Meijide y Héctor Lombardo; el jefe del Ejército Ricardo Brinzoni; el de la Armada, Joaquín Stella; y el diputado nacional Marcelo Stubrin. Todos siguieron el acto desde el palco principal instalado a las espaldas del Presidente y vieron el paso de la flotilla de aviones Mirage M3 en vuelo rasante, mientras la banda musical ejecutaba una melodía de duelo que simboliza el minuto de silencio. Después, uno de los aviones se desprendió de la formación para subir velozmente en lo que oficiales de la Fuerza Aérea explicaron como �un homenaje a los caídos en combate�. Tras la ceremonia, el Presidente aclaró que iba a responder sólo las preguntas sobre el acto de la Fuerza Aérea, pero no lo consiguió y por eso terminó ofreciendo una muy breve rueda de prensa. Sus declaraciones sobre la Justicia como ámbito exclusivo para enmarcar las detenciones de Córdoba fueron ayer el último capítulo de contradictorias declaraciones oficiales. El punto culminante se produjo cuando el ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, sostuvo que �no puede haber respaldo institucional a detenidos por un juez� y que �las decisiones de la jueza Cristina Garzón de Lascano, cualquiera sea su acierto, han sido tomadas por un tribunal de justicia y como tal deben ser plenamente acatadas y respetadas por todos�. Antes Diana Conti, su subsecretaria de Derechos Humanos, se había mostrado comprensiva con la solidaridad de la cúpula del Ejército con los arrestados cordobeses. A pesar de que el general Eduardo Alfonso se presentó ante los ex carapintadas Pedro Enrique Mones Ruiz y Gustavo Adolfo Alsina con su uniforme reglamentario y en función, dijo, de una de sus tareas específicas (�Velar por el bienestar del personal de la fuerza�), las declaraciones de Gil Lavedra obligaron a López Murphy a resaltar que la visita no tenía carácter �institucional�. Algo parecido ocurrió con Diana Conti, que luego de sostener que le parecía lógico que los militares se unan en su defensa y de afirmar que el procedimiento llevado adelante por la jueza Garzón de Lascano le parecía �poco serio�, debió volver sobre sus pasos, comunicarse con la jueza cordobesa y aclarar públicamente que respetaba los fallos de la Justicia. Aunque el gobierno sostiene que el tema no debe salir del ámbito judicial, sus expectativas están centradas en que la Corte Suprema realice un fallo que unifique el comportamiento de la Justicia. Sin embargo, no queda claro para ninguno de los protagonistas de qué manera concreta sería posible tornar homogéneo un criterio que depende exclusivamente de la interpretación de los jueces.
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