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Por Horacio Cecchi  Un fallo de la Sala I de la Cámara Nacional de Casación porteña declaró nulo todo el proceso actuado en un operativo denominado �Perseverancia� contra una supuesta banda de narcos, detenidos por la Prefectura en setiembre del �98, en Barracas, y condenados a penas de entre 2 y 8 años. La instrucción la llevó el juez federal de San Martín, Alberto Suares Araujo. Durante el análisis, los camaristas se encontraron con una causa plagada de groseras deficiencias. Pinchaduras de teléfonos �sin control judicial�; tareas de inteligencia �burdamente pergeñadas�; un �grotesco� �así lo califica la sala� método utilizado para determinar el primer sospechoso; �vicios de procedimiento de incautación�; la intervención de Suares Araujo fuera de su jurisdicción; la indagatoria a uno de los acusados, suizo, frente a un traductor que no era tal. El caso cierra con un detalle no menos llamativo: una firma de Suares Araujo fue denunciada como trucha. Suares aseguró que es de su puño y letra, pero los peritos de la Corte y luego de Gendarmería dictaminaron que es falsa. La investigación la lleva el juez federal Gustavo Literas, quien hoy podría ordenar el procesamiento contra el secretario de Suares, Martín Bava, quien al pie del acta dio fe de que aquellos trazos pertenecían al magistrado. En el medio, tres defensoras recibieron misteriosos llamados y una de ellas tiene custodia policial desde hace un mes, después de recibir visitas indeseables.El caso se inició con datos proporcionados por los prefectos de Pilcomayo, Misiones, sobre una supuesta transa de marihuana por autos robados. La información señalaba a un tal Alejandro, con domicilio en Caseros, como líder de la banda. La decisión fue pinchar los teléfonos a todos los Alejandros de la zona. Finalmente, detectaron a uno que compraba y vendía autos y motos. Aunque no conocían sus facciones, montaron guardia frente a la puerta. Después de seguir a un desconocido que salió de la casa vigilada, desembocaron en un local de venta de repuestos de motos en Vicente López. Entraron con la excusa de buscar un mecánico y obtuvieron un teléfono. �Se llama Alejandro�, les dijeron y pese a que no era vendedor sino mecánico, fue tomado por sospechoso por correspondencia de nombres. Con esos datos, el 10 de julio, el jefe de Narcotráfico de Prefectura, Carlos Fernández, solicitó a Suares Araujo la pinchadura del teléfono perteneciente a �N.N. Alejandro�. El juez libró la orden, y después de un tiempo sin resultados, la causa quedó archivada y Alejandro siguió siendo un fantasma. Pero de entre la infinidad de conversaciones escuchadas, los prefectos eligieron sospechar de una que finalmente dio inicio a la investigación del camión que supuestamente traía un cargamento de droga. El teléfono del mecánico entonces fue desintervenido, y fue pinchado el de su interlocutor. Sin explicaciones, la pista derivó en ese camión Scania que llegaría desde Asunción, donde tiene montada su empresa de transportes el suizo Paul Brun. El 23 de setiembre, a las 13.20, según consta en el expediente, el subprefecto de Narcotráfico Sergio Marisquerena se presentó en el juzgado federal 2 de San Martín, anunciando que el camión estaba identificado y solicitaba órdenes de allanamiento, requisa y detenciones. Supuestamente, la orden fue firmada por Suares Araujo y su secretario, Bava. Ese mismo día, a las 19, un equipo de prefectos detuvo en Barracas al camión Scania y realizó otros allanamientos. Resultaron detenidos Laura Penida, Damián Santa Cruz Quintana, Juan Centurión, el suizo Paul Brun y Julio Portillo; en las actas del procedimiento se establece que fue incautado un cargamento de marihuana. El juicio oral recayó en el Tribunal Oral Federal 1 porteño y se extendió desde el 12 de mayo hasta el 22 de junio del �99. Durante el debate, pese a que los defensores cuestionaron el origen fantasmal de la causa y las pinchaduras sin motivo, el tribunal oral 1, en decisión no unánime, dispuso condenas y costas a los acusados. Entre lasobservaciones planteadas resultaba llamativo que ninguno de los prefectos coincidiera en la hora en que fue expedida la orden de detención. Posteriormente, Marisquerena reconoció que no había sido él quien se presentó ante el juez. En cambio, su jefe, el prefecto Carlos Fernández, sostuvo que �fue Marisquerena quien se comunicó con el juzgado�. Pero más llamativo resultó otro detalle: la firma que llevaba el acta no correspondía con las del juez Suares Araujo. El tribunal dispuso iniciar una investigación que recayó en el juzgado federal de Literas. Suares Araujo, sin haber sido citado, se presentó en agosto, reconoció la rúbrica como suya y dejó estampadas una docena o más para que fueran cotejadas. �La firmé sobre la espalda de algún empleado, a mano alzada, a lo mejor se me acabó la tinta de la birome�, dijo a Página/12, coincidiendo con lo declarado en aquella ocasión. Pero el Cuerpo de Calígrafos de la Corte Suprema no coincidió: �Pericialmente no surge la intervención del doctor Alberto Martín Suares Araujo�, en la firma de marras. La fiscalía solicitó una nueva pericia, esta vez a Gendarmería. De la prolija comparación con gráficos aumentados microscópicamente, los expertos confirmaron la primera pericia en forma aún más concluyente. En el intermedio, el 21 de marzo pasado, Suares Araujo volvió a presentarse ante Literas para ratificar su declaración anterior y agregar que en aquellos días atravesaba por problemas de salud que lo llevaron �en no pocas oportunidades a automedicarme� según recomendaciones de amigos. Entre hoy y mañana, el juez Literas definirá la situación del secretario Martín Bava, quien dio fe de que la firma que lo antecedía correspondía a la del juez. En caso de dictar su procesamiento, la situación de Suares Araujo se acercaría al pedido de juicio político, y su salud reingresaría en los umbrales de la automedicación. Por las irregularidades mencionadas, se anuló la causa y todos los acusados fueron absueltos de culpa y cargo.
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