Principal RADAR NO Turismo Libros Futuro CASH Sátira


Los desconocidos de siempre 
saquearon la sede de la APDH

La sede central de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos fue robada el fin de semana. Requisaron los archivos, rompieron escritorios y robaron cheques y dinero de la caja chica. Hicieron la denuncia policial.

El fallecido Simón Lázara junto con el diputado Alfredo Bravo.
La APDH impulsó la denuncia contra Bussi en Diputados.


t.gif (862 bytes) La sede central de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos fue saqueada por �los desconocidos de siempre�, que aprovechando el feriado largo del 1º de mayo violentaron la puerta del local �no del edificio� de Callao al 500, requisaron sus archivos, rompieron escritorios y robaron cheques y dinero de la caja chica de la entidad. �Me llama la atención que siendo la APDH una organización no gubernamental sin fines de lucro haya sido víctima de un robo. Habrá que investigar si detrás de este robo no se encuentra la famosa mano de obra desocupada o los eternos servicios que siempre aparecen vinculados en estos casos�, dijo a Página/12 uno de sus miembros fundadores: el diputado socialista Alfredo Bravo.
Los miembros de la Asamblea estuvieron trabajando hasta el sábado a la noche en la preparación del programa televisivo con el que homenajearían al fallecido ex presidente del organismo, Simón Lázara. Cuando retornaron a las actividades ayer al mediodía, descubrieron que la puerta estaba violentada y que de su caja chica faltaban el dinero y dos cheques de pequeño monto (cien pesos cada uno). Los directivos del organismo relativizaron el móvil del robo ya que otros valiosos elementos como televisores, video o impresora no habían sido sustraídos y sí en cambio habían sido revisados todos sus archivos y documentación.
La APDH, entre sus últimas actuaciones, había rechazado ante la Comisión de Acuerdos del Senado el ascenso de 9 militares cuestionados por tener antecedentes que los vinculaban con la represión ilegal de la última dictadura militar. El tema fue incluso motivo de una tensa reunión entre la entidad defensora de los derechos humanos y el ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, quien se limitó a decirles que llegaban tarde con su petición, dado que ya había informado al Senado que ratificaba los ascensos. En esa ocasión, al igual que con la última presión militar ejercida luego de la detención de los uniformados cordobeses, López Murphy siguió sintonizando en la misma línea que el jefe del Ejército, general Ricardo Brinzoni, que había sostenido que las menciones de esos oficiales en el informe de la Conadep eran absolutamente subjetivas, anónimas y sin fundamento.
Casualmente, hoy la Cámara de Diputados votará el dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos que impugna el ingreso como legislador del represor tucumano, Antonio Domingo Bussi. La APDH fue una de las activas impulsoras del rechazo a Bussi, argumentando que no sólo es un violador de los derechos humanos sino que también había mentido a sus pares cuando presentó su declaración jurada ocultando la existencia de cuentas bancarias en el extranjero.
El dirigente de la Asamblea, Horacio Ravenna, denunció el robo y saqueo ante la Comisaría 5ª, la que a las dos horas y media de realizada la presentación envió efectivos policiales al organismo defensor de los derechos humanos para tratar de hacer un relevamiento de todas las huellas dactilares. 
En diálogo con Página/12, Ravenna no dudó en caracterizar al hecho como una señal intimidatoria, por la activa participación de la entidad en la impugnación de los ascensos de militares denunciados ante la Conadep y el rechazo del ingreso de Bussi a diputados. El dirigente dijo a este diario que no pensaba comunicarse con las autoridades nacionales hasta no tener novedades sobre la actuación judicial. Sin embargo, una vez que fue conocida la noticia, la subsecretaria de derechos humanos, Diana Conti, se comunicó con la APDH para solidarizarse con ellos e interiorizarse de los hechos. 

 


 

EL JUEZ LITERAS LE PIDIO EXPLICACIONES A CANCILLERIA
Están jugando al Gran Bonete 

Por A. M.

La Cancillería tiene que responder �en un término perentorio� la nota que le envió el juez Gustavo Literas para saber por qué nunca llegaron a su juzgado los datos enviados al Palacio San Martín por el juez Baltasar Garzón para fundamentar las órdenes de captura contra 48 represores argentinos acusados en España de �genocidio�. El magistrado le exige al canciller Adalberto Rodríguez Giavarini una �aclaración� sobre el hecho. El Ministerio de Relaciones Exteriores recién el viernes pasado se limitó a informarle que los documentos ya volvieron a España.
Cuando Garzón pidió la detención preventiva de los militares el gobierno argentino le contestó que descartaba la urgencia que hubiera justificado esos arrestos y lo instaron a que envíe su pedido de extradición. Por ese motivo, España a través de su embajada requirió a la Argentina que devuelva la documentación. A última hora del viernes llegó al despacho del juez una copia de la carta española, con una escueta presentación de la Cancillería. Ahora que Literas sabe que los papeles solicitados desde hace cuatro meses ya no están en el país, procedió a pedir explicaciones al canciller.
En primer término quiere saber qué trámite le dieron a su reclamo de los requisitos de detención, que estaban reflejados en voluminosa documentación que llegó en valija diplomática, y a quiénes se dio intervención. En el juzgado saben que el Ministerio de Justicia tuvo su participación pero quieren tener precisiones al respecto. También exigió que los funcionarios de Cancillería expliciten cuál fue el criterio que tuvieron para retener esos papeles teniendo en cuenta que el juez se los solicitó en dos oportunidades en forma urgente. �El Poder Ejecutivo tiene la facultad de interpretar como mejor le parezca el Tratado de Extradición pero debe expresarlo claramente, cosa que no hizo�, comentó a Página/12 un estrecho colaborador del magistrado. 
El Gobierno debe ensayar ahora algún sólido argumento para contestarle al juez. Dos organismos de derechos humanos entendieron que el canciller Giavarini incurrió en incumplimiento de los deberes de funcionario público al haber retenido indebidamente los documentos, y lo denunciarán ante la Justicia. Finalmente, el juez Garzón tiene la libertad de insistir con su pedido de detención de los represores si considera que no son válidos los motivos que esgrimen las autoridades argentinas. Y así rechazaría la pretensión del Gobierno de pasar directamente al trámite de extradición obviando los arrestos. En un comunicado distribuido anoche, los funcionarios del Palacio San Martín enfatizaron que cumplieron �adecuada y oportunamente con los plazos procesales�. Explicaron que el viernes pasado devolvieron a España la documentación que habían recibido de Garzón el 3 de abril. Y aclararon que nueve días después le avisaron al juez �a los efectos que estimara pertinente�. 

 

PRINCIPAL