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La sede central de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos fue saqueada por �los desconocidos de siempre�, que aprovechando el feriado largo del 1º de mayo violentaron la puerta del local �no del edificio� de Callao al 500, requisaron sus archivos, rompieron escritorios y robaron cheques y dinero de la caja chica de la entidad. �Me llama la atención que siendo la APDH una organización no gubernamental sin fines de lucro haya sido víctima de un robo. Habrá que investigar si detrás de este robo no se encuentra la famosa mano de obra desocupada o los eternos servicios que siempre aparecen vinculados en estos casos�, dijo a Página/12 uno de sus miembros fundadores: el diputado socialista Alfredo Bravo. Los miembros de la Asamblea estuvieron trabajando hasta el sábado a la noche en la preparación del programa televisivo con el que homenajearían al fallecido ex presidente del organismo, Simón Lázara. Cuando retornaron a las actividades ayer al mediodía, descubrieron que la puerta estaba violentada y que de su caja chica faltaban el dinero y dos cheques de pequeño monto (cien pesos cada uno). Los directivos del organismo relativizaron el móvil del robo ya que otros valiosos elementos como televisores, video o impresora no habían sido sustraídos y sí en cambio habían sido revisados todos sus archivos y documentación. La APDH, entre sus últimas actuaciones, había rechazado ante la Comisión de Acuerdos del Senado el ascenso de 9 militares cuestionados por tener antecedentes que los vinculaban con la represión ilegal de la última dictadura militar. El tema fue incluso motivo de una tensa reunión entre la entidad defensora de los derechos humanos y el ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, quien se limitó a decirles que llegaban tarde con su petición, dado que ya había informado al Senado que ratificaba los ascensos. En esa ocasión, al igual que con la última presión militar ejercida luego de la detención de los uniformados cordobeses, López Murphy siguió sintonizando en la misma línea que el jefe del Ejército, general Ricardo Brinzoni, que había sostenido que las menciones de esos oficiales en el informe de la Conadep eran absolutamente subjetivas, anónimas y sin fundamento. Casualmente, hoy la Cámara de Diputados votará el dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos que impugna el ingreso como legislador del represor tucumano, Antonio Domingo Bussi. La APDH fue una de las activas impulsoras del rechazo a Bussi, argumentando que no sólo es un violador de los derechos humanos sino que también había mentido a sus pares cuando presentó su declaración jurada ocultando la existencia de cuentas bancarias en el extranjero. El dirigente de la Asamblea, Horacio Ravenna, denunció el robo y saqueo ante la Comisaría 5ª, la que a las dos horas y media de realizada la presentación envió efectivos policiales al organismo defensor de los derechos humanos para tratar de hacer un relevamiento de todas las huellas dactilares. En diálogo con Página/12, Ravenna no dudó en caracterizar al hecho como una señal intimidatoria, por la activa participación de la entidad en la impugnación de los ascensos de militares denunciados ante la Conadep y el rechazo del ingreso de Bussi a diputados. El dirigente dijo a este diario que no pensaba comunicarse con las autoridades nacionales hasta no tener novedades sobre la actuación judicial. Sin embargo, una vez que fue conocida la noticia, la subsecretaria de derechos humanos, Diana Conti, se comunicó con la APDH para solidarizarse con ellos e interiorizarse de los hechos.
EL JUEZ LITERAS LE PIDIO EXPLICACIONES A CANCILLERIA Por A. M. La Cancillería tiene que responder �en un término perentorio� la nota que le envió el juez Gustavo Literas para saber por qué nunca llegaron a su juzgado los datos enviados al Palacio San Martín por el juez Baltasar Garzón para fundamentar las órdenes de captura contra 48 represores argentinos acusados en España de �genocidio�. El magistrado le exige al canciller Adalberto Rodríguez Giavarini una �aclaración� sobre el hecho. El Ministerio de Relaciones Exteriores recién el viernes pasado se limitó a informarle que los documentos ya volvieron a España.
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